Migración irregular desde Haití: una espiral creciente que desafía a la República Dominicana
La Dirección General de Migración (DGM) informó este domingo la detención de 1,089 haitianos en distintas provincias del país por encontrarse en situación migratoria irregular, y la deportación de otros 1,375 en operaciones simultáneas realizadas en Santiago, Gran Santo Domingo, Jimaní, Mao/Santiago Rodríguez, Elías Piña, Pedernales, Montecristi y la zona Este.
Migración destaca que mantiene una “listeza operativa” para ejecutar acciones de alto impacto “sin menoscabo de los derechos humanos”. Según la institución, cada caso es evaluado de forma individual, procurando protección especial para los sectores más vulnerables.
El presidente Luis Abinader, en su reciente intervención ante la Asamblea General de la ONU, reiteró la posición oficial: la República Dominicana no renunciará a proteger su integridad territorial ni a hacer valer su régimen migratorio nacional. “Ningún Estado puede ser reprochado por defender sus fronteras ni por garantizar la seguridad de sus ciudadanos”, enfatizó.
El mandatario recordó que, desde octubre del pasado año, se implementó un plan de deportaciones masivas que buscaba alcanzar la cifra de 10,000 repatriaciones semanales. Más recientemente, en abril, anunció 15 medidas adicionales contra la migración irregular, incluyendo restricciones al acceso de parturientas haitianas a los hospitales públicos, lo que desató críticas de organismos internacionales de derechos humanos.
Las cifras dan cuenta de un fenómeno en expansión. Solo en los primeros ocho meses de este año, el país ha deportado a más de 250 mil haitianos, pero persiste la presión de sectores internacionales que insisten en la protección humanitaria.
El trasfondo es la dramática situación de Haití: una nación donde, según la Oficina Integrada de la ONU (Binhu), en el segundo trimestre del año 1,520 personas fueron asesinadas y más de 600 heridas, en su mayoría víctimas de bandas armadas que controlan zonas de Puerto Príncipe.
La proliferación de la migración irregular no es un fenómeno coyuntural, sino el reflejo de una crisis estructural en Haití y de una presión creciente sobre la República Dominicana. El país se enfrenta al dilema de reforzar sus fronteras y preservar su orden interno, al tiempo que recibe cuestionamientos internacionales sobre la proporcionalidad de sus medidas.
La política de Abinader, aunque firme, abre interrogantes:
¿Puede sostenerse un ritmo de deportaciones sin impactar las relaciones bilaterales y la imagen internacional del país?
¿Qué tan viable es “no cargar solos” con la crisis haitiana cuando los organismos multilaterales siguen mostrando parálisis?
¿Está preparada la República Dominicana para afrontar las consecuencias humanitarias y diplomáticas de una estrategia que privilegia la seguridad sobre la integración?
Lo cierto es que la migración irregular se ha convertido en un tema de seguridad nacional, social y política que, lejos de disminuir, parece encaminado a intensificarse mientras Haití continúe atrapado en la espiral de violencia, pobreza y ausencia estatal.
-Redaccion de TeclaLibre-
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