En tanto el jueves 17, en entrevista en el Senado, Esquivel dijo: “el cargo más importante en mi vida y que más me ha honrado es el de ser ministra de la Corte y nada sería más gratificante que continuar en él”.
A pregunta expresa añadió: “los que estamos en funciones tenemos un pase automático a la boleta, en ese sentido será una gran oportunidad de para continuar ejerciendo en el cargo de ministra”.
Y desde el 5 de septiembre pasado, en mitin de Jóvenes en Favor de la Reforma Judicial, frente a la SCJN, la ministra Loretta Ortiz expresó su interés en participar en el proceso. “Somos sus servidoras, estamos para servirles. Esa es la razón de nuestra función y de nuestra existencia, solo para servirles. Ese es mi mandato y que lo quiero seguir guardando y respetando y ejerciéndolo y eso va a ser gracias a su voto”.
Batres y Ortiz han participado en diversos foros en defensa de la Reforma Judicial desde hace semanas, pero ahora todas sus actividades quedarán enmarcadas por el proceso electoral judicial.
El Senado de la República emitió este 15 de octubre la convocatoria a la elección de las personas juezas, magistradas y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que el proceso ya está en curso, aun con suspensiones judiciales, cuya validez rechazan precisamente ambas ministras.
A pesar de que han participado en conferencias y asambleas públicas sobre la Reforma Judicial, a partir de la emisión de la convocatoria deberán sujetarse a las reglas del proceso y sus limites.
Sin embargo, podría repetirse lo ocurrido en la contienda interna entre “corcholatas” de Morena para ocupar la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, caso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó considerar precampaña prohibida, aunque la competencia fue por la candidatura presidencial.
Ahora, en la elección judicial, cualquier promoción que realicen hoy jueces, ministros y magistrados en el cargo que busquen la reelección estaría tan adelantada que quedaría en terreno indefinido y en estricto sentido no sería sancionable.
La elección judicial está programada para el domingo 1º de junio y las campañas durarán máximo 60 días, es decir, abril y mayo.
Será máximo hasta el 12 de febrero cuando ya haya candidatos, una vez que el Senado mande al Instituto Nacional Electoral (INE) la lista, por lo que es de esa fecha y hasta el 30 de marzo, en que inician campañas, el periodo considerado de precampañas –según la normatividad electoral- y en él estará prohibido promoverse.
En cambio, la actual etapa y hasta el 12 de febrero está en el interrogante, pues es un lapso en el que el activismo es considerado acto anticipado de precampaña (no de campaña), y por tanto no está sujeto a regulación.
