SANTO DOMINGO.- La Procuradora General de la República, Miriam Germán, reconoció el esfuerzo de trabajo conjunto de la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa ( Pepca), gracias al cual la justicia se encuentra apoderada de una solicitud de medida de coerción que involucra a más de una veintena de personas en un fraude al estado que alcanzaría los 19 mil millones de pesos.
La magistrada German confió en que el Poder Judicial sabrá cumplir en este caso con las funciones que le corresponden conforme a la Constitución y las leyes, en condición de igualdad con supuestos análogos para garantizar los fines propios de la medida de coerción.
También reconoció el legítimo derecho que tiene la ciudadanía de estar vigilante para el cumplimiento del debido proceso y para asegurar que no exista impunidad ni tratado preferencial.
“Sin embargo, debemos de cuidar la forma de ejercer este derecho para evitar situaciones que generen perturbación al orden público y el libre tránsito”, dijo la procuradora general.
Asimismo instó a las autoridades encargadas de garantizar el orden público a que “deben actuar con mesura, garantizando un uso racional de los medios coercitivos de que disponen sin excesos ni abusos, pues no pueden poner en peligro la democracia que tanto nos ha costado”.
Dijo que constituye un despropósito querer enlodar el trabajo que realiza el ministerio público con insinuación que pretenden reducirlo a un instrumento de vindicta política, pues los casos de corrupción se han ido judicializando en las medidas que las posibilidades probatorias y operativas lo han permitido.
El domingo, tras el aplazamiento del conocimiento de medida de coerción del caso Calamar, se reprimió una protesta pacífica de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que resultaron afectados con bombas lacrimógenas que incluso llegaron hasta la casa nacional del partido opositor.
Germán manifestó que es legítimo que la ciudadanía se mantenga vigilante ante el cumplimiento del debido proceso y que se pueda asegurar que no exista impunidad ni trato preferencial.
