-“Motín mortal en Tuxpan: presos se rebelan contra el ‘Grupo Sombra’ y dejan 7 muertos y 11 heridos”-
Teclalibre digital. Veracruz, México.- Un motín estalló la tarde del sábado en el Centro de Readaptación Social de Tuxpan, al norte de Veracruz, cuando internos hartos de extorsiones y agresiones atribuidas al grupo criminal “Sombra” tomaron el control de la prisión durante más de doce horas, provocando un saldo de siete reos fallecidos y once lesionados, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Las protestas internas comenzaron con enfrentamientos entre facciones rivales de internos, a quienes se les vio prendiendo fuego en pasillos y patios del penal, mientras difundían videos señalando a presuntos integrantes de “Sombra” como responsables de extorsionar a reos y a sus familias. Testigos grabaron nubes de humo saliendo de distintas áreas, y se reportaron varios quemados con quemaduras de segundo grado.
Alrededor de las 09:00 horas del domingo, un operativo conjunto del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales ingresó al penal, sofocó los incendios y restableció el control de las instalaciones. Tres de los internos señalados como cabecillas del motín fueron trasladados al CERESO de Pánuco, mientras que las once personas heridas reciben atención médica en hospitales de la región.
Este episodio pone en evidencia la crisis de sobrepoblación y violencia en las cárceles de Veracruz, donde el penal de Tuxpan albergaba, en junio pasado, a 778 reos en un espacio diseñado para 735, propiciando disputas de poder al interior de los muros [sobrepoblación carcelaria]. Además, la persistencia de “cobros de piso” y abusos por parte de cárteles locales como “Sombra” ha mostrado la ineficacia de las estrategias estatales y federales para contener el narco dentro de los centros de reinserción social.
El gobierno de Veracruz reiteró su compromiso con la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos, pero la creciente ola de violencia —desde ataques a taxistas hasta crímenes de alto impacto— plantea serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad dentro y fuera de los penales. Mientras tanto, colectivos de derechos humanos exigen protocolos más estrictos y supervisión independiente en cárceles donde, históricamente, la corrupción y la impunidad han sido moneda corriente.
