Ni pacto ni impunidad: la jugada real del Ministerio Público en el caso Read–Hazim
La medida de coerción domiciliaria impuesta a Eduardo Read desató una tormenta de sospechas y acusaciones de “trato privilegiado”. Pero reducir el debate a la falsa idea de un “acuerdo” con el Ministerio Público ignora la lógica procesal detrás de una estrategia que apunta menos al aplauso inmediato y más a la sentencia firme.
¿Acuerdo, privilegio o estrategia? El Ministerio Público niega pactos con imputados del caso Read–Hazim y defiende una coerción diferenciada como parte de una jugada procesal para blindar el expediente y llegar a juicio, no a titulares efímeros.
En el debate público dominicano, pocas cosas generan tanta espuma como ver a un imputado llegar a su casa y no a una celda. En ese caldo de indignación instantánea quedó atrapado Eduardo Read, y con él, la Procuraduría General de la República, encabezada por la magistrada Yeni Berenice Reynoso.
La palabra “acuerdo” comenzó a circular con ligereza, como si bastara una medida menos gravosa para certificar impunidad. Pero el Ministerio Público fue explícito: no hay criterio de oportunidad, no hay pacto de culpabilidad, no hay borrón judicial.
Conviene recordarlo —aunque resulte antipático al ánimo punitivo—: la medida de coerción no castiga, administra el proceso. Su objetivo no es satisfacer la sed de escarmiento, sino garantizar que el imputado: no huya, no obstruya, y llegue vivo —jurídicamente— al juicio.
En el caso de Read, la evaluación del Ministerio Público y del tribunal concluyó que arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica cumplían ese objetivo. No se trata de indulgencia, sino de control procesal.
La comparación con Santiago Hazim ha sido utilizada como argumento moral, pero no como análisis jurídico. Hazim, exdirector del sistema de Seguridad Social, ocupó una posición pública estratégica, con capacidad institucional para influir, ocultar o entorpecer la investigación.
Pretender que todos los imputados reciban la misma coerción, sin distinguir rol, poder y riesgo procesal, no es justicia: es consigna.
Lejos de “suavizar” el expediente, la estrategia del Ministerio Público parece orientada a blindarlo: asegurar cooperación sin regalar impunidad, preservar evidencia, evitar nulidades, y sostener un caso que sobreviva al juicio… y a las cortes internacionales.
La propia Procuradora ha insistido en que esto no es el final, sino una etapa de una investigación más amplia, con derivaciones pendientes y responsabilidades aún por delimitar.
En un país acostumbrado a confundir prisión preventiva con justicia, el enfoque del Ministerio Público resulta incómodo. No porque sea débil, sino porque renuncia al espectáculo.
Aquí no se trata de quién duerme en Najayo hoy, sino de quién será condenado mañana.
Quizá el verdadero pecado del Ministerio Público no sea la supuesta indulgencia, sino algo peor para el populismo penal: pensar a largo plazo.
Porque cuando la justicia deja de posar para la foto y empieza a escribir sentencias, decepciona a los linchamientos exprés, incomoda a los micrófonos calientes y frustra a quienes confunden severidad con eficacia.
Esta vez, la Procuraduría parece haber elegido un camino menos ruidoso y más peligroso:
el de llegar hasta el final.
–Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre–
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