Intercambios de piedras y bombas lacrimógenas se registraron el jueves en el centro de Lima, donde una marcha pacífica derivó en enfrentamientos con la Policía en una jornada también marcada por la escasez de combustible y algunos alimentos en regiones empobrecidas tras seis semanas de bloqueos viales.
En varios puntos del casco histórico de Lima manifestantes encapuchados, munidos de piedras y explosivos, enfrentaron a la policía antimotines. Los funcionarios respondieron con bombas lacrimógenas y perdigones, mientras en la Plaza Dos de Mayo centenares de personas se concentraron de manera pacífica.
«Estamos luchando contra esta dictadura de Dina Boluarte», dijo Eduardo Vásquez, un manifestante limeño que repartió a manifestantes de provincias más de 500 raciones de cau cau, un plato típico con panza vacuna.
«Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para lograr el objetivo que es la renuncia de Dina Boluarte», advirtió.
Horas antes familiares de víctimas en las protestas contra Boluarte exigieron «justicia» y la responsabilizaron de los 46 muertos en 50 días de manifestaciones.
«Solo pido por favor Justicia. Les pido que nos ayuden porque a mí nadie me va devolver a mi hermano», dijo llorando María Samillán, hermana del médico Marco Antonio Samillán, fallecido en las protestas en la ciudad minera de Juliaca, en Puno.
Samillán, declaró por zoom desde Juliaca, en conferencia de prensa con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), para describir la muerte de su hermano, médico de 31 años que recibió un balazo cuando intentaba salvar la vida de los heridos en la protesta, junto a varias enfermeras.
En esa región muy pobre del sur andino, el 9 de enero un enfrentamiento con fuerzas del orden durante el intento de toma del aeropuerto terminó con 18 personas muertas, entre ellas un policía quemado vivo.
Las ciudades de Juliaca y Puno, a más de 1.350 km al sur de Lima, son el escenario de las protestas más violentas.
Perú atraviesa una profunda crisis institucional, con una sucesión de seis presidentes en cinco años, la mayoría destituidos, el último de ellos el maestro rural Pedro Castillo, expulsado por el Congreso luego de varios intentos el día que anunció que disolvería el Legislativo, gobernaría por decreto e intervendría la Justicia.
Con protestas que no cesan, los bloqueos de carreteras han provocado escasez de combustible y alimentos, además de un fuerte aumento de precios en productos básicos, que afecta a las poblaciones más vulnerables del país.
El jefe de gabinete, Alberto Otárola, anunció la implementación de un puente aéreo a la región amazónica de Madre de Dios, 1.400 km sureste de Lima, que permitirá llevar cinco toneladas de alimentos para paliar el desabastecimiento que viene causando el bloqueo de la vía Interoceánica, carretera que conecta la costa sur de Perú con ciudades brasileñas.
El jueves las autoridades de Transporte contabilizaron 88 piquetes que obstaculizaban carreteras de ocho de las 25 regiones peruanas que piden la dimisión de Boluarte.
Los bloqueos generan escasez de productos básicos y gas licuado de petróleo, principal combustible para vehículos y uso doméstico en Perú, en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno, regiones del sur que alegan ser las más pobres, olvidadas y discriminadas por sus poblaciones de mayoría indígena.
Represión sin precedentes
Tras presentar un informe titulado «50 días de Represión en el Perú, Vulneraciones a los Derechos Humanos», la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú pidió el cese de la violencia policial en las protestas, sobre todo el sur andino, regiones que apoyaron al gobierno del destituido presidente izquierdista Pedro Castillo.
«Estamos en niveles de represión que no tienen precedentes en la democracia peruana. En estos momentos se habla de 57 personas que han muerto desde que asumió Dina Boluarte y de ellas son 46 ejecuciones extrajudiciales por la policía y el ejército», dijo la abogada Mar Pérez, que deploró la utilización de «armas de guerra».
Boluarte dijo a comienzos de semana que reconocía el derecho a la protesta y reiteró su «perdón» por los fallecidos en esta crisis que vive Perú desde que asumió la presidencia el 7 de diciembre, tras la destitución del expresidente Castillo.
«Yo también he salido a marchar por justas luchas laborales y estudiantiles, pero las protestas no pueden venir acompañadas de violencia, destrozos y muerte», apuntó.
«¿Qué hacemos frente a las amenazas? ¿Dejamos que nos quemen vivos como quemaron al policía en Puno y que incendien nuestras casas? Tenemos que proteger la vida de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú», remarcó Boluarte.
