El «parole humanitario» es un programa migratorio implementado por el gobierno de Estados Unidos que permite a ciertas personas ingresar legalmente al país por razones humanitarias o de emergencia, otorgándoles un permiso temporal para residir y, en muchos casos, trabajar. Este mecanismo no equivale a un estatus migratorio permanente, como una visa o la residencia legal, sino que es una autorización discrecional que el gobierno puede conceder o revocar. En el contexto reciente, este programa beneficiaba especialmente a ciudadanos de países en crisis, como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, permitiéndoles entrar a EE. UU. con el respaldo de un patrocinador financiero que garantizara su sostenimiento.
El programa fue diseñado para ofrecer una vía legal a migrantes que huyen de condiciones extremas, como inestabilidad política, violencia o desastres naturales, evitando que recurrieran a cruces fronterizos ilegales. Desde su implementación, más de 530,000 personas de estos cuatro países habrían ingresado a Estados Unidos bajo este amparo, según reportes que circulan en medios y plataformas sociales. Los beneficiarios podían solicitar autorización de empleo y permanecer en el país por un período inicial, generalmente de dos años, sujeto a renovación o cambios en la política migratoria.
Revocación por parte de Trump
El 21 y 22 de marzo de 2025, se reportó que el gobierno del presidente Donald Trump decidió revocar este programa, una medida que había sido anticipada durante su campaña presidencial. Esta decisión afecta directamente a los aproximadamente 530,000 migrantes ya acogidos bajo el «parole humanitario», quienes ahora enfrentan incertidumbre sobre su estatus legal. La revocación implica que estos individuos podrían perder su derecho a permanecer en EE. UU., enfrentando la posibilidad de deportación, y que el programa no aceptará nuevas solicitudes.
La justificación de esta medida, según lo expresado por Trump en el pasado, se alinea con su postura de endurecer las políticas migratorias y reducir la entrada de migrantes, incluso por vías legales. Durante su campaña, Trump había prometido eliminar el «parole humanitario» y aplicaciones como CBP One (usada para gestionar citas migratorias), argumentando que estas políticas facilitaban una migración masiva que, en su opinión, debía ser controlada. Sin embargo, no se han detallado argumentos específicos sobre cómo esta revocación aborda problemas concretos como la seguridad nacional o la economía, lo que ha generado críticas entre quienes ven el programa como una solución humanitaria efectiva.
Impacto y reacciones
La noticia ha generado un fuerte impacto entre las comunidades de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en EE. UU., así como en sus países de origen. Para muchos de los afectados, la pérdida del «parole humanitario» significa la interrupción de planes de vida, la separación de familias y el retorno forzado a contextos de crisis. Organizaciones de derechos humanos y líderes de la oposición venezolana, por ejemplo, han lamentado la medida, señalándola como un golpe a quienes buscan refugio legítimo.
En plataformas como X, el tema ha sido ampliamente discutido, con usuarios destacando tanto el anuncio de la revocación como las posibles consecuencias. Algunos posts sugieren que la decisión podría afectar a más de 1.8 millones de personas si se extiende a otros programas similares, aunque el foco principal por ahora son los 530,000 migrantes de los cuatro países mencionados. Las reacciones varían: hay quienes aplauden la medida como un paso hacia el control migratorio, mientras otros la condenan como una política inhumana que ignora las realidades de quienes huyen de regímenes autoritarios o desastres.
Contexto y futuro
La revocación del «parole humanitario» se enmarca en una política migratoria más restrictiva que Trump ha impulsado desde su primer mandato y que parece intensificarse en 2025. Aunque el programa había sido una herramienta clave para gestionar flujos migratorios legales desde 2023, su eliminación podría incrementar los cruces irregulares en la frontera, al cerrar una vía formal de ingreso. Por ahora, no está claro si habrá excepciones, apelaciones o un período de transición para los afectados, lo que deja a cientos de miles de personas en un limbo legal a partir de esta decisión anunciada en marzo de 2025.
