La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional levantó temporalmente el impedimento de salida del país al excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, permitiéndole viajar a Cleveland, Ohio, para recibir tratamiento por problemas cardiovasculares.
La decisión fue tomada por mayoría de votos de los magistrados Daniel Nolasco y Rafael Báez, con un voto particular de la jueza Ramona Rodríguez. El magistrado Nolasco, presidente de la Tercera Sala Penal, fue designado para presidir este caso.
Anteriormente, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional había rechazado la solicitud de levantamiento del impedimento de salida, lo que motivó el recurso de apelación presentado por la defensa.
La abogada de Castillo, Laura Acosta, tuvo un fuerte desacuerdo con el Ministerio Público, que argumentó que su defendido podría recibir tratamiento médico en el país, lo que llevó a Acosta a retirarse de la audiencia.
La defensa, que incluye a los juristas Nassef Perdomo y Luis Miguel Rivas, solicitó al tribunal un levantamiento temporal del impedimento para que Castillo pudiera asistir a una cita médica en EE.UU. El tribunal valoró el comportamiento de Castillo en el caso Calamar, señalando que ha cumplido con todos los requerimientos judiciales y nunca ha salido del país, por lo que no representa riesgo de fuga.
La defensa consideró acertada la decisión de la corte, mientras que el Ministerio Público se opuso al viaje. En diciembre de 2023, la jueza Patricia Padilla ordenó el levantamiento del arresto domiciliario de Castillo, argumentando que no había peligro de fuga, aunque mantuvo el impedimento de salida y una garantía económica de 20 millones de pesos a través de una aseguradora.
En el caso Calamar, el Ministerio Público ha señalado la existencia de una «estructura criminal» liderada por Donald Guerrero, que supuestamente desfalco al Estado dominicano por más de RD$41,185,964,839.76 mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos considerados de utilidad pública durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.
