-Cabello asegura tener al “cerebro” y 20 000 USD de prueba, pero la ausencia de evidencias independientes hará que más de uno levante la ceja-
Redaccion Teclalibre.- Este jueves 7 de agosto, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró en rueda de prensa que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) desbarató un plan para detonar tres kilos de TNT en la “nueva plaza de Plaza Venezuela” el domingo 3 de agosto a las 11:32 a. m. Según Cabello, el explosivo quedó dentro de un bolso dejado por José Daniel García Ortega, quien confesó haber sido contratado por alias “Chichito” a cambio de 20 000 dólares. La operación habría sido coordinada desde el Zulia, con apoyo de “sectores de la derecha extremista” y “órdenes de Estados Unidos”.
En Venezuela no es la primera vez que el gobierno presenta conspiraciones terroristas con escasa o nula verificación independiente. Organizaciones como Human Rights Watch han documentado las constantes prácticas de detención arbitraria, tortura y violencia estatal contra opositores bajo el pretexto de “planes violentos” Human Rights Watch . Además, la propia ONU ha denunciado al SEBIN como policía política que recurre a desapariciones y tratos inhumanos para silenciar la disidencia Wikipedia . Frente a este historial, cabe preguntarse: ¿por qué no hubo un segundo medio de prueba –radar de explosivos en la plaza, testimonios independientes u otro informe oficial– que corroborara la solidez de este supuesto complot?
La acusación de que todo se orquestó “bajo órdenes de Estados Unidos” suena tan recurrente como genérica. En mayo de 2025, el propio Cabello vinculó supuestos ataques contra embajadas y hospitales a la “derecha extremista” y al “brazo operativo” de María Corina Machado, sin aportar pruebas fehacientes. Esa narrativa, aunque eficaz para movilizar el sentimiento antiimperialista, suele erigirse en coartada política para desacreditar a la oposición democrática. ¿Por qué, en este caso, no se muestran los documentos o interceptaciones que supuestamente prueban esa coordinación con agencias estadounidenses?
El esquema de detenciones incluye a Humberto Ramón Finol Labarca, hermano de alias “Chichito” Noticia al Dia . Curiosamente, los Cabello y sus allegados han sido acusados frecuentemente de nepotismo y de mantener el control del SEBIN a través de familiares militares Wikipedia . No es menor la pregunta: ¿hasta qué punto la maquinaria de inteligencia estatal funciona como instrumento de una familia política, más allá de proteger a la ciudadanía?
El 28 de julio de 2024, tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales, la oposición encabezada por María Corina Machado convocó manifestaciones que se extendieron hasta el mismo día 3 de agosto de 2024. En ese ambiente de descontento masivo, el anuncio de un “atentado extremista” –frustrado y publicitado– puede servir para amedrentar a quienes planeaban nuevas movilizaciones. ¿Casualidad de calendario o maniobra disuasoria en pleno receso de protestas?
Más allá de la seguridad ciudadana, este tipo de operaciones mediáticas alimenta el miedo y justifica medidas de excepción contra el disenso: cierres de fronteras, suspensión de vuelos, cortes de internet o arrestos masivos. La “tranquilidad” que promete Cabello en su discurso podría traducirse, en los hechos, en un endurecimiento de los controles políticos y la limitación de libertades fundamentales. La desconfianza crece cuando no se permite la verificación independiente y se recurre siempre al mismo manual: culpar a la “derecha extremista” y al “imperio”.
Si bien la prevención de un ataque terrorista es deseable, no sobra la suspicacia cuando el relato oficial se sostiene únicamente en la confesión de un detenido, fotos y un “hampograma” –todos presentados por el propio SEBIN– y cuando el mismo organismo ha sido señalado por violaciones de derechos humanos. Un auténtico ejercicio de transparencia exigiría presentar pruebas ante la Fiscalía general independiente, permitir el acceso de observadores internacionales y respetar la presunción de inocencia de los implicados. Hasta entonces, conviene mantener “la pinza” bien apretada.
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