-Dekolor, Intrant y el precio de las licencias: ¿sobornos por contrato o guerra entre mafias tecnoburocráticas?-
Por Teclalibre Digital
En un episodio que mezcla sobornos de película, amenazas de serie y contratos públicos dignos de una tragicomedia nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), dirigido por Milton Morrison, ha presentado una querella penal contra la empresa Dekolor. El expediente, sometido ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sacude una vez más los cimientos del Estado contratista, ese que vive más del pliego amañado que de la eficiencia pública.
¿Sobornos al por mayor?: Según el comunicado oficial del Intrant, la empresa Dekolor, a través de sus ejecutivos Rogelio Oruña y Sandra Oruña, habría intentado “convencer” a funcionarios clave del Intrant con la módica oferta de un millón de dólares más tres milloncitos de pesos mensuales. Todo para que se les prorrogara un contrato vencido para operar el sistema de licencias de conducir. Una bagatela, si se toma en cuenta que estamos hablando de una de las vacas sagradas del presupuesto público: la emisión de documentos que todo ciudadano necesita para andar en cuatro ruedas sin ser perseguido.
Claro está, como si de una telenovela institucional se tratara, la trama incluye también “entrega de dinero en efectivo, amenazas personales y presión institucional”. O sea, la receta clásica: la zanahoria, el garrote y el maletín.
El contrato: ¿servicio público o botín digital?: Adjudicado originalmente en 2005 por cinco años, incluía la operación completa del sistema tecnológico para las licencias, personal, equipos y administración de 21 centros a nivel nacional. Un contrato jugoso, más aún cuando se convierte en monopolio funcional dentro de una estructura estatal cada vez más dependiente de subcontratistas tecnológicos.
Pero Dekolor no es nueva en estas aguas turbias. Ya en 2005, su adjudicación para suplir licencias generó cuestionamientos de empresas competidoras que, según consta, ofrecían precios más bajos. En el 2023 volvió a sonar —y no precisamente por su eficiencia— cuando Compras y Contrataciones reveló que fungía como fiadora solidaria de Transcore Latam, la empresa envuelta en el escándalo del contrato anulado para semáforos inteligentes del Gran Santo Domingo.
Es decir, Dekolor no solo imprime licencias, también garantiza negocios fallidos de terceros. Una especie de “garante del caos”.
Implicaciones jurídicas: ¿Pepca o peca?: Desde el punto de vista legal, la querella pone en marcha un proceso penal que podría desembocar en sanciones por corrupción, tentativa de soborno, coacción y posiblemente asociación de malhechores. Si la Pepca hace su trabajo —y no se diluye en el pantano de expedientes dormidos— podríamos estar ante un caso ejemplarizante. Pero, en un país donde los expedientes son tan extensos como estériles, queda la duda: ¿es justicia o un espectáculo político?
¿Auditoría moral o guerra entre bandos?: Políticamente, este escándalo también tiene su lectura. En un año preelectoral, donde el oficialismo necesita marcar distancia del fango clientelista, esta querella parece más un acto de higiene pública calculada. Una manera de decir: “Nosotros no cogemos, denunciamos al que ofrece”. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y por qué con tanto estruendo?
Hay quienes sospechan que esto forma parte de una reconfiguración interna del mercado de licencias, donde los nuevos contratistas —alineados a intereses del oficialismo— buscan desalojar a los viejos socios del negocio.
Porque en esta guerra de papeles y códigos QR, lo que se juega no es solo el futuro de las licencias, sino quién controla la caja registradora de la identidad vial dominicana.
¿Y ahora qué?: Si se lleva hasta las últimas consecuencias, este caso podría servir como modelo de cómo enfrentar el chantaje empresarial en las instituciones del Estado. Pero si se enfría, será un capítulo más en la tragicomedia nacional del «yo acuso, tú te vas… pero nada cambia».
Mientras tanto, el pueblo dominicano seguirá pagando más por sus licencias, viendo cómo los contratos se deciden entre maletines y amenazas, y esperando que algún día, una licitación pública sea… pública de verdad.
¿Mordaz? Claro. ¿Cínico? Tal vez. ¿Verdadero? Lo sabremos cuando la Pepca se anime a mover el expediente del archivo al tribunal. Porque en este país, el que no paga, al menos debe rezar.
rodriguezsluism9@gmail.com
https://teclalibremultimedios.com/category/portada/
