En una decisión sin precedentes en la Historia de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de un estado, en este caso Colorado, ha decidido que Donald Trump no puede presentarse a las elecciones del 5 de noviembre en ese territorio, al haber cometido rebelión.
La sentencia del Supremo del estado ha sido por la mínima – cuatro votos a favor contra tres en contra – y se fundamenta en la sección tercera de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EEUU, que establece la prohibición de ejercer cargos públicos por aquellos ciudadanos que «hayan estado implicados en una rebelión o insurrección».
Para la máxima instancia judicial de Colorado, las acciones de Trump el 6 de enero de 2021, cuando instó a sus seguidores a asaltar el Capitolio para impedir la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden en las elecciones, y después tardó más de tres horas en pedirles que abandonaran el edificio.
Poco después de que se hiciera pública la sentencia, Trump participó en un acto electoral en Waterloo, en el estado de Iowa, que celebra sus caucus dentro de poco más de tres semanas, pero no hizo ninguna mención a la sentencia. Un poco más tarde, su campaña anunció que recurrirá la decisión al Tribunal Supremo. Los Supremos de los estados de Michigan y Minnesota han decidido que Trump puede presentarse a las primarias de su partido, pero no han aclarado si lo permitirán en las generales de noviembre. Colorado y, en menor medida, Minnesota, son estados demócratas, pero Michigan puede ir para Joe Biden o para Donald Trump.
La decisión del Supremo de Colorado sitúa la campaña electoral en un terreno incierto. La Decimocuarta Enmienda fue establecida para impedir que los miembros de la Confederación – es decir, de los estados del Sur que se sublevaron en 1861 para mantener la esclavitud – pudieran ejercer cargos públicos.
La última palabra será del Supremo de Washington, en el que los votos se tienden a dividir de forma estrictamente partidista, como quedó claro hace 23 años, cuando cinco republicanos votaron a favor de cancelar el recuento de votos en Florida y dar la presidencia a George W. Bush, y cuatro demócratas, en contra (dos de los republicanos tenían hijos trabajando en la campaña de Bush o en los bufetes que le representaban).
En la actualidad, seis de los nueve jueces del Tribunal son republicanos, tres de ellos nombrados por el propio Trump. La politización de la Justicia en Estados Unidos es absoluta, como quedó de manifiesto el año pasado cuando el juez del Supremo Samuel Alito – nominado por George W. Bush – filtró a la web Politico que el tribunal se estaba inclinando en favor de permitir a los estados la prohibición del aborto.
En los últimos días, la independencia del Tribunal ha quedado aún más en entredicho después de que la web de periodismo de investigación ProPublica desvelara que el juez Clarence Thomas decidió continuar en el cargo solo después de que una serie de millonarios conservadores le empezaran a hacer cuantiosos regalos. El Supremo de EEUU no tiene código ético, y sus miembros son elegidos con carácter vitalicio.
