El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que marca el inicio del proceso para desmantelar el Departamento de Educación, una medida que cumple con una de sus promesas de campaña y que resuena con una demanda histórica de los sectores conservadores del país.
Con esta acción, Trump busca reducir la influencia del gobierno federal en la educación y transferir la mayoría de las responsabilidades a los estados, argumentando que el sistema actual ha fallado en su propósito de educar eficazmente a los estudiantes estadounidenses.
Durante la ceremonia de firma en la Sala Este de la Casa Blanca, rodeado de niños en pupitres y acompañado por gobernadores republicanos como Ron DeSantis (Florida) y Greg Abbott (Texas), Trump justificó su decisión destacando el elevado gasto en educación de Estados Unidos en comparación con otros países. Según el presidente, a pesar de esta inversión, los resultados académicos del país son decepcionantes, ubicándose «casi al final de la lista en términos de éxito». «Vamos a cerrarlo lo más rápido posible», afirmó, subrayando que «todo el mundo sabe que esto es lo correcto» para mejorar la educación de los niños estadounidenses.
El mandatario también señaló que el Departamento de Educación, creado en 1979 bajo la administración de Jimmy Carter, ha sido una fuente de burocracia ineficiente y de lo que él describe como adoctrinamiento ideológico. Esta postura alinea su decisión con una visión conservadora que aboga por un control más local sobre la educación y una reducción del tamaño del gobierno federal.
Aunque Trump expresó su deseo de eliminar completamente el Departamento de Educación, la orden ejecutiva no puede lograrlo por sí sola. La agencia fue establecida por una ley del Congreso, y su disolución total requeriría la aprobación legislativa, específicamente una mayoría cualificada de 60 votos en el Senado, algo que los republicanos, con 53 escaños actualmente, no pueden garantizar sin apoyo demócrata. En este sentido, la Casa Blanca ha admitido que el cierre completo no es factible de manera inmediata, pero la orden instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a «tomar todas las medidas necesarias» para reducir significativamente las funciones y el tamaño del departamento.
En la práctica, esto implica una reestructuración interna que incluye recortes drásticos de personal y programas. Por ejemplo, desde principios de marzo de 2025, el departamento ya había anunciado planes para reducir su plantilla a la mitad, pasando de aproximadamente 4,000 empleados a unos 2,000. Además, se espera que muchas de las funciones administrativas, como la gestión de préstamos estudiantiles (valorados en 1.6 billones de dólares) y las Becas Pell, permanezcan bajo supervisión federal, aunque con una escala reducida. Otras responsabilidades, como la financiación para escuelas de bajos ingresos (Título I) y la educación especial, también se mantendrán, al menos temporalmente, mientras se diseña una transición hacia los estados.
Los defensores de esta medida, incluidos Trump y figuras como Elon Musk (quien lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE), argumentan que el sistema educativo federal ha sido ineficaz y costoso. Según el presidente, en 45 años se han gastado más de 3 billones de dólares en el Departamento de Educación, sin que esto se traduzca en mejoras significativas en las pruebas de lectura, matemáticas o ciencias. Datos recientes, como los de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo de 2025, muestran que el 70% de los estudiantes de octavo grado no alcanzan niveles adecuados de competencia en lectura, y el 72% en matemáticas, lo que refuerza el discurso de Trump sobre el «fracaso» del sistema.
Por otro lado, críticos como la Asociación Nacional de Educación (NEA) y la Federación Estadounidense de Maestros han condenado la decisión, argumentando que pone en riesgo a los estudiantes más vulnerables. El Departamento de Educación administra unos 28,000 millones de dólares anuales en fondos federales para escuelas primarias y secundarias, que representan cerca del 10% de la financiación total del sistema educativo estadounidense (el resto proviene de impuestos estatales y locales). Programas como el Título I, que apoya a escuelas en comunidades pobres, y la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades podrían verse severamente afectados si los estados no logran compensar la pérdida de fondos federales. «Donald Trump está atacando a los niños que viven en la pobreza y a los niños con discapacidades para financiar recortes de impuestos para multimillonarios», afirmó Becky Pringle, presidenta de la NEA.
A corto plazo, el impacto en las escuelas públicas podría ser limitado, ya que los estados ya controlan el 90% de la financiación y los currículums educativos. Sin embargo, la reducción de personal y recursos en el Departamento de Educación podría ralentizar la distribución de fondos federales y complicar la supervisión de derechos civiles, como la protección contra la discriminación en las escuelas. A largo plazo, la transferencia de responsabilidades a los estados podría ampliar las desigualdades educativas, ya que los estados con menos recursos económicos podrían tener dificultades para mantener los niveles de financiación y apoyo que actualmente proporciona el gobierno federal.
Además, esta medida se enmarca en la guerra cultural que Trump ha priorizado en su administración. Durante la campaña, prometió eliminar lo que calificó de «contenidos inapropiados» en las escuelas, como la teoría crítica de la raza y la educación de género, y ha utilizado al Departamento de Educación para amenazar con recortar fondos a instituciones que no cumplan con sus políticas, como permitir a atletas transgénero competir en deportes femeninos. Con el desmantelamiento de la agencia, los estados conservadores podrían tener mayor libertad para implementar currículums alineados con estas posturas, mientras que los estados progresistas podrían resistirse, profundizando la polarización educativa en el país.
La decisión de Trump refleja una apuesta por el federalismo y la desregulación, pero también plantea interrogantes sobre su viabilidad y eficacia. Si bien es cierto que el gasto por alumno en Estados Unidos es uno de los más altos del mundo, el vínculo entre el Departamento de Educación y los bajos resultados académicos no está claramente establecido.
Factores como las desigualdades socioeconómicas, la falta de formación docente y las diferencias en los sistemas estatales podrían ser causas más directas, y el desmantelamiento del departamento no necesariamente las aborda. Además, la retórica de Trump sobre el «adoctrinamiento» parece más un argumento político que una solución práctica, dado que el departamento no controla los currículums, una competencia que ya reside en los estados.
En conclusión, la orden ejecutiva de Trump para desmantelar el Departamento de Educación es un paso simbólico y práctico hacia una visión conservadora de gobierno limitado, pero su implementación enfrenta obstáculos legales y políticos significativos. Mientras los defensores ven en ella una oportunidad para reformar un sistema estancado, los críticos advierten sobre el riesgo de abandonar a los estudiantes más necesitados. El resultado final dependerá de cómo se negocie esta transición en el Congreso y de la capacidad de los estados para asumir un rol que, hasta ahora, ha tenido un respaldo federal clave.
LRS
