Un exmilitar venezolano acusado en Estados Unidos de torturar a manifestantes durante las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro en 2013 se encuentra detenido en un centro para migrantes en Miami. El exteniente coronel Rafael Quero Silva está peleando en los tribunales de inmigración por quedarse en EE UU, mientras por otro lado avanza el proceso en su contra por violaciones a los derechos humanos, en medio de la posibilidad de que sea deportado a Venezuela antes de una decisión en el caso.
La demanda en su contra fue presentada por cinco venezolanos que estuvieron detenidos entre 2013 y 2014 en la sede de la Guardia Nacional en Barquisimeto, en el Estado Lara, donde aseguran haber sido víctimas de tortura por órdenes del acusado. Según el pleito de 31 páginas, introducido en diciembre en el tribunal del Distrito Sur de Florida, Quero Silva era comandante del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana y dirigió operaciones de represión durante las protestas antigubernamentales que estallaron tras las elecciones de 2013, que dieron como ganador a Maduro por un estrecho margen frente al opositor Henrique Capriles.
Las manifestaciones, que inundaron las calles en distintas ciudades, derivaron en enfrentamientos que dejaron decenas de muertos y heridos y cientos de detenidos. Los cinco demandantes denuncian que fueron sometidos a golpizas severas, descargas eléctricas, disparos con armas de fuego y amenazas de muerte. También aseguran haber sido mantenidos durante días sin acceso a comida, agua o atención médica, en espacios reducidos e insalubres, en posiciones forzadas y sometidos a registros corporales invasivos. Algunos afirman haber sufrido lesiones graves que requirieron cirugías y dejaron secuelas permanentes.
Las violaciones formaban parte de un patrón sistemático de represión contra opositores, y Quero Silva estaba al mando de quienes ejecutaron los abusos, por lo que sería responsable directa o indirectamente, sostienen en la denuncia. Los demandantes, que están siendo representados por Guernica 37, un equipo internacional de abogados especializado en justicia transicional y violaciones de derechos humanos con sede principal en Madrid, junto a un bufete de Miami, buscan daños compensatorios y punitivos.
Uno de ellos fue detenido cuando participaba en una protesta cerca de una sede del Consejo Nacional Electoral en Barquisimeto, según documentos judiciales. Los guardias lo golpearon con el escudo antimotines mientras lo tenían sujetado con los brazos detrás de la espalda, y luego lo llevaron junto a otros detenidos a la parte trasera de un camión donde lanzaron una bomba lacrimógena y cerraron la puerta. Después fue dirigido al Destacamento 47, donde continuaron los abusos. Otro demandante recibió un disparo en el abdomen con un arma de fuego, lo que le provocó heridas graves que requirieron atención médica urgente y le dejaron secuelas, según el registro de la corte. Un tercero fue herido por disparos de armas antimotines en la espalda y la cara que le dejaron lesiones graves y tuvo que someterse a varias cirugías.
Quero Silva fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el año pasado, acusado de haberse quedado más tiempo del permitido por su visa, con la que entró en Estados Unidos en 2016. El centro de detención de Krome, al suroeste de Miami, aparece listado como su dirección oficial en la demanda. Un juez de inmigración rechazó su solicitud de asilo en noviembre pasado, y presentó una apelación.
Para sorpresa de muchos venezolanos exiliados, Quero Silva apareció vestido de policía en 2018 como extra en una telenovela titulada Mi Familia Perfecta, y se supo entonces que vivía en el sur de Florida. Según los demandantes, en 2018 dieron testimonios al FBI como parte de una investigación sobre Quero Silva, pero las autoridades no presentaron ninguna acusación criminal. Entonces, a través de Human Rights Watch, contactaron con Guernica 37, dijo a EL PAÍS Almudena Bernabeu, directora del centro en San Francisco y quien representa a los demandantes junto al bufete de Miami.
Para presentar la demanda, los cinco manifestantes se acogieron a la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura, aprobada en 1991, la cual permite que personas que hayan sufrido tortura o ejecuciones extrajudiciales en el extranjero presenten demandas civiles en tribunales federales de EE UU. Desde hace años, la Corte Penal Internacional investiga al Estado venezolano por posibles crímenes de lesa humanidad contra manifestantes. Los demandantes advierten que “no existe un recurso alternativo adecuado en Venezuela” para buscar justicia, y que la capacidad para denunciar abusos cometidos por las autoridades es “limitada y peligrosa”.
Las circunstancias en Venezuela han cambiado desde que se presentó la demanda en diciembre. Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación armada a comienzos de año tras un enorme despliegue militar frente a sus costas, y ha incautado buques petroleros y destruido numerosas embarcaciones supuestamente operadas por narcotraficantes.
Tras la captura, Washington y el Gobierno interino de Delcy Rodríguez han iniciado contactos diplomáticos que podrían tener implicaciones más amplias, incluida la cooperación migratoria. Durante años, Caracas no aceptó vuelos regulares de deportación, en medio de una ola migratoria en la que cientos de miles de venezolanos llegaron a la frontera estadounidense. Los vuelos se restablecieron el año pasado y recientemente aumentaron su frecuencia.
La posibilidad de que el acusado sea deportado
Para los demandantes, que Quero Silva pueda ser deportado a Venezuela —un Estado vinculado a violaciones a los derechos humanos y cuestionado por organismos internacionales por falta de independencia— en medio del caso, plantea la interrogante de si la expulsión equivaldría, en la práctica, a dejarlo fuera del alcance de la ley.
El exmilitar se está representando a sí mismo legalmente en el caso y ha pedido a la corte que desestime la demanda, alegando que está detenido y en condición de indigencia. Los demandantes respondieron la semana pasada que, aunque los hechos ocurrieron hace más de una década, durante años desconocían el paradero del acusado, y no existían vías para obtener justicia en Venezuela, donde el Gobierno al que servía sigue en el poder.
La apelación migratoria de Quero Silva en su caso de asilo podría tardar varios meses, y Bernabeu, Guernica 37, advierte que “legalmente no hay ninguna obligación por parte de las autoridades norteamericanas de parar” la deportación. “Creo que, si Estados Unidos llegara a deportarlo, lo haría sin mirar atrás, sin asegurarse de que exista algún tipo de responsabilidad adicional en Venezuela”, dice la abogada, quien cree que la posibilidad de que enfrente procesos en su país es incierta. “Venezuela está en un momento histórico muy particular, así que es difícil preverlo. Si finalmente es deportado, no está claro qué ocurriría”.
La abogada aclara la diferencia entre extradición de personas acusadas en sus países de origen y la deportación. “Cuando hay una causa penal abierta en el país de origen, se suele solicitar una extradición, en cuyo caso EE UU puede honrarla o no. En este caso, no hay, porque sabemos todas las circunstancias en las que está Venezuela. Tendrían que cambiar mucho las cosas. Lo de Venezuela va lentísimo, por todas las circunstancias de la salida de Maduro y toda la injerencia de Estados Unidos, y este gobierno tan raro que se ha quedado instalado. En todo caso, sería una deportación, no sé si pactada, porque no creo que haya mucho apetito de procesar nacionalmente a alguien como Quero Silva”, agrega.
No obstante, Bernabeu explica que, al tratarse de una demanda civil, el proceso puede seguir adelante incluso en ausencia del acusado. “Si lo deportan a Venezuela, también puede defenderse desde el exterior a través de un abogado. Su presencia física sería ideal para un juicio con jurado, pero su ausencia no paraliza la acción civil. La decisión sobre si hubo responsabilidad y una compensación por daños corresponde al juez”, señala.
