Veinticuatro páginas en español se han convertido en la última esperanza para los indocumentados que buscan salir de dos centros de detención migratoria en California. Desde sus celdas, y siguiendo paso a paso las instrucciones de un paquete informativo, los migrantes están aprendiendo a impugnar por sí mismos su reclusión, evitando así el pago de miles de dólares en honorarios de abogados que muchos no pueden costear. El documento les enseña cómo acogerse a un recurso legal cuyos orígenes se remontan al año 1787 y que ahora es un obstáculo para la ejecución del plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
Esta estrategia se le ha ocurrido al Immigrant Defenders Law Center, una organización con sede en Los Ángeles. Sus abogados buscaban una forma de ayudar al creciente número de personas arrestadas en redadas y trasladadas a las cárceles migratorias de Adelanto y Desert View Annex, en el desierto de Mojave. Fue durante sus visitas cuando comenzó a tomar forma la idea: observaron que algunos detenidos que habían recibido una orientación jurídica básica lograban obtener su libertad bajo fianza prácticamente solos.
“Nos dimos cuenta de que nuestros clientes son extremadamente resilientes e inteligentes para hacerlo por su cuenta”, dice Sarah Houston, una abogada que se encarga del equipo de respuesta rápida de dicha organización, en una entrevista telefónica con EL PAÍS. “A un migrante que no era nuestro cliente le dimos una consulta, de preguntas y respuestas; él mismo sometió la petición y, antes de ser liberado, ayudó a otras personas a llenar sus propias peticiones”, cuenta.
Fue así como elaboraron una guía en español y en inglés, disponibles en el portal del Immigrant Defenders Law Center. En ella se indica cómo solicitar ante un tribunal un procedimiento legal conocido como habeas corpus, el cual obliga al Gobierno a justificar los motivos por los que ha encarcelado a una persona. El recurso, consagrado en el Artículo I de la Constitución de Estados Unidos, no distingue estatus migratorio. “Es responsabilidad del Gobierno probar la legalidad de la detención. Si no lo hace, la persona debe ser liberada”, señala Houston.
Récord de solicitudes de liberación
El habeas corpus se ha convertido en una de las principales herramientas legales de los migrantes durante el segundo mandato de Trump. A través de este recurso, los detenidos buscan que una corte federal revise la legalidad de su encarcelamiento y, en algunos casos, obtener una oportunidad de solicitar su libertad bajo fianza. Desde enero de 2025 se han presentado más de 65.000 recursos de este tipo, una cifra récord, de acuerdo con un conteo del medio investigativo ProPublica. La mayoría se ha radicado en tribunales federales de Texas y California. Solo los tribunales del Distrito Central de California, bajo cuya jurisdicción se encuentran los centros de Adelanto y Desert View Annex, han recibido más de 3.300 solicitudes desde el año pasado, revela el medio.
El aumento también se ha hecho evidente en otras partes del país. En diciembre, Arun Subramanian, juez del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que esa corte había sido “inundada” con peticiones de habeas corpus presentadas por migrantes sometidos a detenciones indefinidas, pese a que no representaban un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad. Entre los casos que llegaron a su escritorio figuraba el de una mujer guineana de 52 años, cuya petición fue concedida, lo que permitió su liberación. “Nadie discute que el Gobierno puede, de conformidad con la ley, buscar la expulsión de personas que se encuentran ilegalmente en este país”, escribió el juez en una resolución citada por la agencia AP. “Pero la forma en que tratamos a los demás importa”, añadió.
La Administración de Trump insiste en negar ese derecho al argumentar que puede suspenderlo en circunstancias excepcionales, como una “invasión”, término con el que describe la presencia de miles de indocumentados en el país. La política fue adoptada en julio de 2025, pero permanece bloqueada por los tribunales en medio de una intensa disputa jurídica que podría llegar hasta el Tribunal Supremo.
Esta semana, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, asestó un nuevo revés a la Administración de Trump al rechazar su intento de impedir las audiencias de fianza para los migrantes detenidos. Con esa decisión, el tribunal se sumó a otras cuatro cortes que han fallado en el mismo sentido. No obstante, a principios de este año el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito se decantó por la estrategia del actual Gobierno.
“Son tiempos muy difíciles”
En las últimas semanas, cada vez que visitan Adelanto y Desert View Annex, los abogados del Immigrant Defenders Law Center llegan con paquetes impresos que explican, paso a paso, cómo presentar un habeas corpus y los distribuyen entre los detenidos. Aunque no llevan un registro preciso de cuántos han repartido, esperan que en un momento hayan repartido “miles”. La organización trabaja ahora en traducir la guía a otros idiomas y adaptarla para que pueda utilizarse en tribunales federales de todo el país. “Esperemos que cada vez más personas lo hagan”, señala Houston.
A diferencia de los procesos penales, el Gobierno no proporciona abogados a quienes enfrentan un procedimiento migratorio. Houston explica que son muy pocos los litigantes que aceptan estos casos de manera gratuita o por honorarios reducidos, lo que deja a muchos detenidos sin representación legal. “Los costos de estos servicios se han disparado. Hay abogados que cobran hasta 6.000 dólares por llevar un caso de habeas corpus. Es una suma inalcanzable para muchas familias, sobre todo cuando la persona detenida era el principal sostén económico del hogar y, tras su arresto, sus familias apenas logran salir adelante. No tienen dinero ni para contratar a un abogado ni pagar una fianza. Son tiempos muy difíciles”, lamenta.
Para la organización, la urgencia es evidente. Adelanto, uno de los mayores centros de detención del ICE en el país, arrastra desde hace años denuncias por presunta negligencia médica, hacinamiento, condiciones insalubres y deficiencias en la alimentación. Desde el año pasado, cuatro mexicanos han muerto tras pasar por esas instalaciones. Con esos fallecimientos, el centro comparte con Krome North, en Miami, Florida, el mayor número de decesos de inmigrantes bajo custodia del ICE en este periodo.
La guía que está disponible en la página de internet del Immigrant Defenders Law Center comienza explicando en qué consiste el habeas corpus y quiénes pueden beneficiarse de él. Esencialmente, está dirigida a personas que tienen un proceso abierto ante una corte de inmigración, fueron detenidas durante una cita en las oficinas del ICE o ingresaron al país a través de CBP One, la aplicación creada por el Gobierno de Joe Biden para programar citas en los puertos de entrada con las autoridades migratorias. Después, el documento explica cómo llenar la petición, qué documentos deben acompañarla e incluso identifica el domicilio del tribunal federal al que debe enviarse.
Quienes no recurren a esta vía, advierte la abogada Houston, quedan atrapados entre dos opciones: continuar peleando su caso desde un centro de detención de condiciones “horribles” durante meses, incluso años, o renunciar y aceptar la deportación a su país de origen. “Si los migrantes no presentan un habeas corpus, es muy poco probable que un juez ordene una audiencia para evaluar su liberación bajo fianza, salvo que existan circunstancias verdaderamente excepcionales. He conocido casos en los que se concedió, pero uno de ellos era el de un detenido con cáncer en etapa 3”, explica la litigante.
