Editorial TeclaLibre
El costo invisible de la trampa en las Fuerzas Armadas
La investigación por adulteración de certificaciones y diplomados en el Ejército de República Dominicana (ERD) no es un simple incidente de falta administrativa ni un titular pasajero de crónica policial; representa una falla estructural en el corazón mismo de la defensa nacional. Cuando el mérito académico se sustituye por la transacción monetaria o el favoritismo informático, el sistema de ascenso militar deja de ser un filtro de capacidad para convertirse en una lotería de vulnerabilidades.
Las implicaciones de este esquema deben analizarse en dos dimensiones críticas: la ética institucional y la seguridad del Estado.
En la dimensión ética, la falsificación de expedientes académicos destruye la moral de las tropas. Las Fuerzas Armadas se sostienen sobre la jerarquía, la disciplina y el ejemplo. ¿Qué autoridad moral ejerce un oficial superior sobre su tropa cuando el rango exhibido en los hombros no fue ganado en las aulas ni en el terreno, sino comprado en una base de datos? Permitir que oficiales íntegros compitan por ascensos contra expedientes abultados con diplomas ficticios invalida el principio fundamental de la meritocracia, sembrando el desánimo en quienes sí cumplen con la rigurosidad de los programas de formación de la Escuela de Graduados de Estudios Militares.
En la dimensión de seguridad, el riesgo es operativo y táctico. Los cursos de capacitación requeridos por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas no son formalidades burocráticas; están diseñados para dotar a los mandos de herramientas en táctica, gestión de crisis, inteligencia y toma de decisiones bajo presión. Promover a puestos de mando a oficiales que carecen de las competencias reales que acredita un diploma adulterado pone en riesgo la efectividad de las operaciones en fronteras, la respuesta ante emergencias nacionales y, en última instancia, la vida de los propios soldados bajo su mando.
El Ministerio de Defensa ha actuado de manera oportuna al extender la auditoría a la Armada y a la Fuerza Aérea. Sin embargo, cortar el hilo por lo más delgado descartando únicamente a los oficiales subalternos involucrados sería un error de cálculo. La sanación del sistema exige desmantelar la red de complicidad interna que operaba en los sistemas informáticos y aplicar sanciones ejemplares sin importar el rango de los involucrados. Las Fuerzas Armadas no pueden permitirse ser dirigidas por la impostura.
