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El antiguo cantante convertido en presidente regresa al escenario político haitiano entre acusaciones de narcotráfico, vínculos con pandillas y unas elecciones cuya celebración sigue siendo incierta.
PUERTO PRÍNCIPE.— En Haití, donde las pandillas controlan territorios, las instituciones luchan por sobrevivir y las elecciones parecen una promesa eternamente aplazada, Michel Martelly ha decidido regresar al escenario. Pero esta vez no viene a cantar.
El expresidente, conocido artísticamente como Sweet Micky, presentó el viernes 23 de octubre su candidatura para volver al Palacio Nacional, acompañado de abogados, simpatizantes y hombres armados con fusiles.
La escena tiene ingredientes de sobra para una crónica política caribeña: un expresidente sancionado internacionalmente, una multitud que celebra su retorno y un país que todavía no sabe cuándo podrá votar.
Las sanciones y el regreso
En agosto de 2024, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Martelly por su presunta participación en actividades vinculadas al narcotráfico y el lavado de dinero.
En diciembre de 2025, la Unión Europea fue más lejos al atribuirle responsabilidad por financiar y apoyar grupos armados, entre ellos Base 257, Village de Dieu, Ti Bois y Grand Ravine.
Son acusaciones graves formuladas por autoridades internacionales, aunque las sanciones administrativas no equivalen por sí mismas a una condena penal.
Y aquí aparece la primera paradoja: mientras Washington y Bruselas lo consideran objeto de medidas restrictivas, Martelly encuentra abierta una puerta para intentar regresar a la Presidencia.
Una modificación electoral oportuna
El Consejo Electoral Provisional eliminó este octubre el requisito que obligaba a los aspirantes a demostrar que sus activos no estaban sujetos a sanciones extranjeras.
La modificación permite que políticos sancionados por Estados Unidos o la Unión Europea puedan presentar sus candidaturas, siempre que cumplan las demás exigencias legales.
¿Una medida para ampliar la participación política o una flexibilización que debilita los controles institucionales?
La pregunta merece respuesta, particularmente en un país donde informes internacionales han documentado vínculos entre sectores políticos, económicos y organizaciones criminales.
Elecciones en el aire
Martelly tampoco está solo. Entre los aspirantes figuran el expresidente provisional Jocelerme Privert, el exprimer ministro Claude Joseph y el exjefe de la Cámara de Diputados Gary Bodeau.
Mientras tanto, las elecciones originalmente previstas para el 13 de diciembre continúan rodeadas de incertidumbre, después del aplazamiento del calendario de campaña.
Y el pueblo haitiano, atrapado entre desplazamientos, secuestros y violencia armada, sigue esperando recuperar el derecho a elegir autoridades mediante un proceso creíble y seguro.
La última tecla
La candidatura de Martelly plantea una cuestión que trasciende su trayectoria personal: ¿cómo reconstruir la legitimidad democrática cuando algunos aspirantes arrastran sanciones internacionales y el Estado apenas consigue garantizar la seguridad?
La democracia exige respetar los derechos políticos, pero también necesita transparencia, instituciones independientes y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Porque en Haití el problema no consiste solamente en conseguir que las urnas vuelvan a abrirse.
Consiste en lograr que, cuando finalmente se abran, el poder de las papeletas sea más importante que el poder de los fusiles.
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