La deuda pública crece más rápido que las explicaciones oficiales. Mientras el Gobierno administra las cifras, los intereses comienzan a disputarle el presupuesto a las necesidades de la población.
Por TeclaLibre | Santo Domingo, 24 de octubre de 2026
En República Dominicana hay una costumbre que sobrevive a los cambios de gobierno: el presidente se marcha, los ministros cambian de despacho, pero las deudas permanecen. Y, por lo visto, también se multiplican.
Una investigación del periódico elDinero, sustentada en estadísticas oficiales, revela que el Gobierno de Luis Abinader registra el mayor incremento promedio anual de la deuda del sector público no financiero desde 2001: US$3,837.9 millones por año, un 22% más que durante la administración de Danilo Medina.
La deuda pasó de US$44,622.3 millones en 2020 a US$67,649.7 millones en agosto de 2026.
Y aquí comienza el verdadero debate.
La deuda tiene más de una cara
El Gobierno puede argumentar, con razón, que no basta comparar cantidades absolutas. Una economía más grande puede sostener una deuda mayor, y el endeudamiento también financia inversiones, compromisos anteriores y situaciones extraordinarias.
Pero hay una cifra menos cómoda: según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), al incorporar las obligaciones del Banco Central, la deuda pública consolidada alcanzaba US$84,379 millones, equivalente al 58.2% del PIB en agosto.
¡Y todavía no hemos hablado de los intereses!
Para 2026, el presupuesto contempla que el pago de intereses represente aproximadamente el 26.2% de los ingresos tributarios. Dicho en buen dominicano: de cada cien pesos que el Estado espera cobrar en impuestos, unos veintiséis ya tienen dueño antes de llegar a las prioridades sociales.
Ni Danilo era un santo ni Abinader inventó la deuda
Sería intelectualmente tramposo presentar el endeudamiento como una creación exclusiva del actual Gobierno.
Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina también aumentaron las obligaciones del Estado. Este último enfrentó, además, el extraordinario impacto económico de la pandemia de 2020.
Pero reconocer esa herencia no exonera a Abinader de explicar qué resultados concretos ha producido el endeudamiento adicional.
Porque una cosa es pedir prestado para construir capacidad productiva, y otra muy distinta es endeudarse recurrentemente para sostener un presupuesto que no consigue equilibrarse.
¿Y dónde está el dinero?
Esa debería ser la pregunta central del debate nacional.
¿Cuánto del nuevo endeudamiento financió infraestructura productiva? ¿Cuánto cubrió déficits? ¿Cuánto se destinó a pagar obligaciones anteriores? ¿Y qué beneficios verificables recibió la ciudadanía?
No basta responder que la economía crece, ni que las calificadoras mantienen la confianza. La sostenibilidad también se mide por la capacidad del Estado para pagar sin sacrificar servicios esenciales.
La última tecla
El problema no es únicamente que Abinader encabece una clasificación de endeudamiento nominal. El problema sería que República Dominicana terminara acostumbrándose a pedir prestado para pagar lo que debe, mientras aplaza las reformas que necesita.
Porque los gobiernos pueden cambiar de presidente cada cuatro años, pero los acreedores no cambian de dirección: siempre saben dónde cobrar.
Y la factura, tarde o temprano, termina llegando al mismo destinatario: el pueblo dominicano.
