El Tribunal Supremo inicia este lunes las vistas orales del nuevo curso judicial. Con una supermayoría de seis jueces conservadores frente a tres magistradas progresistas, el intérprete de la Constitución estadounidense examinará casos de todo tipo. Los ya admitidos van desde las armas de fuego a los derechos trans, pasando por el acceso a la pornografía, la pena de muerte, asuntos relacionados con el mercado de valores, la basura nuclear, los cigarrillos electrónicos y la prueba de discriminación a heterosexuales en el trabajo. A esos asuntos se pueden ir sumando otros durante el año, incluida alguna de las causas penales contra Donald Trump. Hipotéticamente, el Alto Tribunal también podría tener que decidir sobre las disputas que surjan en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. A la espera de nuevos casos, estos son algunos de los más destacados. La mayoría de las sentencias se dictarán en junio, al final del año judicial, aunque algunas pueden adelantarse.
1. Armas de fuego caseras
Garland v. VanDerStok, vista oral el 8 de octubre
El primer plato fuerte llega este martes. Se trata de la regulación del Gobierno de Joe Biden que clasificó en 2022 como armas de fuego los kits de piezas y las plantillas para armas de fabricación casera, conocidas como armas fantasma, muy difíciles de rastrear y cuyo uso ha aumentado notablemente. Un tribunal de primera instancia consideró que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos se extralimitó en sus competencias al promulgar la norma y el Gobierno recurrió. El Supremo debe decidir si el Gobierno puede exigir límites de edad para la compra, controles de antecedentes, serialización y registro de los kits de armas de autoensamblaje que se comercializan y difunden en Internet como los que se exigen para la compra de armas ya fabricadas.
2. Pena de muerte
Glossip v. Oklahoma, vista oral el 9 de octubre
El Tribunal escuchará este miércoles los argumentos sobre el caso de Richard Glossip, condenado a muerte en 2004, cuya ejecución ha estado programada ya ocho veces. En tres de ellas, pasó el ritual de la última comida en el corredor de la muerte antes de que fuera suspendida. Ya perdió un primer caso ante el Supremo en 2015 tras recurrir contra el método de la inyección letal. Glossip mantiene su inocencia, el propio Estado de Oklahoma admite que los fiscales suprimieron pruebas clave que podrían haber socavado su defensa y que podría merecer un nuevo juicio. Se le relacionó con el crimen únicamente por el testimonio del asesino confeso, que posteriormente se retractó y, sin que el jurado lo supiera, estaba diagnosticado de trastorno bipolar y tomaba medicación psiquiátrica. El Tribunal Supremo de Oklahoma, sin embargo, dictó que la ejecución debía seguir adelante y Glossip recurrió ante el Supremo de Estados Unidos.
3. Visas para inmigrantes
Bouarfa v. Mayorkas, vista oral el 15 de octubre
La semana próxima los jueces escucharán los argumentos del caso de Amina Bouarfa, una mujer estadounidense que lucha por mantener a su marido palestino, Ala’a Hamayel, en Estados Unidos, con el que tiene tres hijos, en un enrevesado caso de visas migratorias que puede resultar aplicable en muchos otros casos. La cuestión para los jueces es si un beneficiario de un visado puede solicitar una revisión judicial de la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de revocar el visado alegando que nunca debió concedérsele. Dos años después de aprobar su visa como familiar directo de Bouarfa, el Gobierno revocó el visado alegando que debería habérsele denegado en virtud de la prohibición de matrimonio simulado de la ley de inmigración por un matrimonio anterior. Bouarfa afirma que el anterior matrimonio de su marido era “legítimo” y no un intento de eludir las leyes de inmigración. Si la petición de visado hubiera sido denegada inicialmente, podría haber recurrido, pero como el DHS determinó más tarde que había aplicado erróneamente los criterios de visado, los tribunales inferiores sostuvieron que la revocación era una decisión discrecional que no podía ser impugnada, lo que la demandante considera una distinción arbitraria y sin sentido.
4. Vertidos contaminantes
San Francisco v. EPA, vista oral el 16 de octubre
Los jueces analizarán también la semana próxima si las agencias federales y estatales deben definir claramente los límites de contaminación de las aguas residuales al expedir permisos de vertido, en un caso relacionado con el sistema de alcantarillado de San Francisco. La ciudad recurrió una decisión de 2023 del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito judicial, con sede en San Francisco, que confirmó un permiso expedido en virtud de la Ley de Aguas Limpias por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (la EPA, por sus siglas en inglés) y una agencia estatal. La ciudad alega que las disposiciones del permiso son vagas y que los umbrales de contaminación no están definidos explícitamente. Las disposiciones en cuestión prohíben en general que el sistema de alcantarillado de la ciudad vierta aguas residuales de forma que “provoque o contribuya” a incumplir las normas generales de calidad del agua de la bahía de San Francisco y el océano Pacífico.
5. Horas extra
E.M.D. Sales, Inc. v. Carrera, vista oral el 5 de noviembre
La Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) cubre a más de 140 millones de trabajadores y garantiza a los trabajadores que reúnen los requisitos un salario mínimo y el pago de horas extraordinarias. Pero la FLSA también contiene 34 exenciones de esos requisitos. Los empresarios no tienen que pagar horas extraordinarias a, por ejemplo, ejecutivos de buena fe, trabajadores agrícolas y vendedores externos. Una sentencia del Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito, con sede en Virginia, impuso al distribuidor de comestibles EMD Sales un listón más alto que otros tribunales similares para demostrar que estaba exenta del pago de horas extraordinarias a los representantes de ventas. Los jueces sentenciaron que demostrar que los trabajadores están exentos de la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) requiere “pruebas claras y convincentes”. Los otros seis tribunales que se han pronunciado sobre la cuestión sólo han exigido “una mera preponderancia de las pruebas”, un requisito menor. El Tribuinal Supremo debe decidir cuál de las dos varas de medir es la correcta para que las empresas queden exentas del pago de horas extraordinarias y otras protecciones legales otorgadas por las leyes salariales estadounidenses.
6. Riesgos de las empresas
Facebook, Inc. v. Amalgamated Bank, vista oral el 6 de noviembre
Un tribunal inferior admitió a trámite una demanda contra Facebook, del grupo Meta, presentada en California por accionistas y liderada por Amalgamated Bank relacionada con las advertencias sobre los factores de riesgos que las empresas incluyen en sus informes anuales y sus folletos de emisión. La demanda acusa a la empresa dueña de la red social de engañar a los inversores sobre los riesgos asociados al uso indebido de los datos de usuario por la empresa y terceros. Ante un recurso de Facebook, el Tribunal debe decidir si las advertencias de riesgos son falsas o engañosas cuando no revelan que un riesgo se ha materializado en el pasado, incluso si ese acontecimiento pasado no presenta ningún riesgo conocido de daño empresarial actual o futuro.
7. Demandas colectivas
NVIDIA Corp. v. E. Ohman J:or Fonder AB, vista oral el 13 de noviembre
Los jueces escucharán el mes próximo los argumentos orales de otro caso relacionado con el mercado de valores y con un coloso tecnológico. Examinarán el recurso del gigante de los microprocesadores Nvidia, que trata de que se desestime una demanda por fraude de valores que acusa a la firma de chips de engañar a los inversores sobre la cantidad de sus ventas destinadas al volátil sector de las criptomonedas. Un tribunal inferior revivió una propuesta de demanda colectiva presentada por accionistas de California contra la empresa y su consejero delegado y Nvidia recurrió ante el Supremo. Los jueces deben decidir si los demandantes que pretenden demostrar intencionalidad basándose en alegaciones sobre documentos internos de la empresa deben alegar con concreción el contenido de dichos documentos y si los demandantes pueden satisfacer el requisito de falsedad que exige la Ley basándose en la opinión de un experto en sustitución de alegaciones de hecho concretas.
8. Menores transexuales
United States v. Skrmetti, vista oral sin fecha fijada
El Gobierno de Biden alega que una ley de Tennessee, que prohíbe todos los tratamientos médicos destinados a permitir “a un menor identificarse con, o vivir como, una supuesta identidad incompatible con el sexo del menor” o a tratar “una supuesta incomodidad o angustia derivada de una discordancia entre el sexo del menor y la identidad afirmada”, viola la cláusula de igualdad de la 14ª Enmienda de la Constitución. Los tribunales inferiores habían suspendido la aplicación de esa ley, pero el Tribunal de Apelacciones del Sexto Circuito judicial de Estados Unidos, con sede en Cincinnati (Ohio), permitió que se siguiera aplicando, así que el Gobierno federal recurrió. La ley en cuestión restringe los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal para menores transexuales. Numerosos Estados republicanos han aprobado leyes similares en contra de la terapia de “afirmación de género”, con lo que la trascendencia del caso es enorme.
9. Pornografía
Free Speech Coalition, Inc. v. Paxton, vista oral sin fecha fijada
Una nueva ley de Texas exige a los adultos presentar información personal, incluida una copia de un documento de identidad, para obtener acceso a sitios web con contenido sexual explícito y obliga a mostrar advertencias de que el porno es potencialmente adictivo, con el objetivo de proteger a los menores. Los defensores de la libertad de expresión critican que la ley se aplica no solo a los sitios pornográficos, sino también a películas de clasificación restringida para adultos y otros contenidos y que priva a la gente del derecho al anonimato. Texas defiende que sus restricciones son similares a las que se aplican a los menores para consumir alcohol o acudir a clubes de striptease. El Tribunal Supremo decidirá si obligar a los adultos a demostrar su edad vulnera su derecho a ver material protegido por la Constitución, aunque el objetivo sea proteger a los menores. La sentencia puede tener amplias repercusiones en todo el país porque 19 Estados han establecido requisitos de verificación de la edad para sitios web con material pornográfico.
10. Cigarrillos electrónicos de sabores
FDA v. Wages and White Lion Investments, vista oral sin fecha fijada
La Administración de alimentación y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha rechazado múltiples solicitudes de comercialización de cigarrillos electrónicos y vaporizadores de sabores en aplicación de una ley que exige a las empresas probar que sus productos promoverían la salud pública y que, en conjunto, los beneficios para los fumadores adultos superarían los riesgos de adicción de los jóvenes. Las empresas presentaron una demanda y un Tribunal de Apelaciones concluyó que la negativa de la FDA a aprobar nuevos productos de nicotina aromatizados era “arbitraria y caprichosa”, ante lo que la FDA ha recurrido al Supremo.
11. Discriminación a heterosexuales
Ames v. Ohio Department of Youth Services, vista oral sin fecha fijada
El Tribunal Supremo admitió la semana pasada un caso en que debe decidir si debe ser más difícil para los trabajadores de grupos mayoritarios, como blancos o heterosexuales, probar las demandas por discriminación en el lugar de trabajo. Los jueces estudiarán un recurso de Marlean Ames, una mujer heterosexual, que pretende revivir su demanda contra el Departamento de Servicios a la Juventud de Ohio, en la que afirmaba que había perdido su puesto de trabajo en favor de un hombre homosexual y que no se le había concedido un ascenso en favor de una mujer homosexual, en violación de la legislación federal sobre derechos civiles. Los recursos ante el Supremo se presentan en forma de preguntas y la que deben contestar los jueces en este caso es “si, además de alegar los demás elementos del Título VII [de la ley de Derechos Civiles], un demandante perteneciente a un grupo mayoritario debe demostrar ‘circunstancias de fondo que apoyen la sospecha de que el demandado es ese empleador inusual que discrimina a la mayoría”, como han sentenciado tribunales inferiores en varios casos, incluido el de Ames. Esos tribunales han dicho que el listón más alto está justificado porque la discriminación contra esos trabajadores es relativamente infrecuente.
12. Pruebas de ADN
Gutiérrez v Saenz, vista oral sin fecha fijada
Rubén Gutiérrez fue condenado a muerte por participar en 1998 en un robo con dos cómplices que terminó con la víctima de 85 años, Escolástica Harrison, apuñalada hasta la muerte con un destornillador. Gutiérrez ha mantenido que no debe enfrentarse a la pena de muerte porque no apuñaló a Harrison ni previó que la matarían en el robo, y ha argumentado que las pruebas de ADN ayudarían a demostrar que no entró en su casa. Estaba previsto que Gutiérrez fuera ejecutado en 2020, pero obtuvo una suspensión del Tribunal Supremo tras impugnar la negativa del Estado a permitir la presencia de un sacerdote. Ahora, alega que que la ley de Texas que limita las pruebas de ADN después de que una persona haya sido condenada por un delito viola su derecho constitucional al debido proceso. Los fiscales de Texas sostienen que la ley solo permite las pruebas de ADN posteriores a la condena para demostrar la inocencia de un delito, no para impugnar una condena a muerte y que aunque las pruebas respaldaran las afirmaciones de Gutiérrez, éste seguiría siendo culpable de un delito castigado con pena de muerte.
13. Basura nuclear
Nuclear Regulatory Commission v. Texas, vista oral sin fecha fijada
El Tribunal Supremo tendrá que decidir la Comisión Reguladora Nuclear está facultada para conceder licencias a instalaciones de almacenamiento de residuos nucleares tras una sentencia judicial que trastocó décadas de práctica al declarar que no lo está. La administración Biden y una empresa a la que la NRC concedió una licencia para construir una instalación de almacenamiento de residuos en Texas apelaron la sentencia de un tribunal inferior. La licencia fue impugnada por los estados de Texas y Nuevo México, así como por intereses de la industria petrolera. Se trata de otro caso que pone a prueba el poder de las agencias reguladoras estadounidenses.
14. Violencia policial
Barnes v. Felix, vista oral sin fecha fijada
Los jueces decidirán si los tribunales deben aplicar la doctrina del “momento de la amenaza”, que solo tiene en cuenta el estrecho margen en el que la seguridad de un agente de policía se vio amenazada para determinar si sus acciones fueron razonables, a la hora de evaluar las denuncias de que los agentes de policía hicieron un uso excesivo de la fuerza. La madre de Ashtian Barnes, un joven negro de 24 años, considera que el policía Roberto Felix Jr hizo un uso excesivo de la fuerza cuando le disparó y le mató en una parada de tráfico a las afueras de Houston. Se trataba de un coche de alquiler con varias infracciones por peaje sin pagar. El agente encendió las luces de su coche patrulla y Barnes detuvo el coche y abrió el maletero, pero luego empezó a alejarse. El agente le apuntó con su arma mientras el coche se ponía en marcha, se subió al estribo del coche y le disparó, matándole. Las imágenes quedaron registradas por la cámara del coche policial. Los jueces de tribunales inferiores determinaron que el policía temió razonablemente por su vida y la madre recurrió al Supremo.
15. Fabricantes de armas y carteles de la droga
Smith & Wesson Brands v. México, vista oral sin fecha fijada
El fabricante estadounidense de armas Smith & Wesson y el mayorista de armas de fuego Interstate Arms tratan de bloquear una demanda de México que les acusa de mantener a sabiendas un sistema de distribución que conduce al tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga mexicanos. Las armerías recurren la negativa de un tribunal inferior a desestimar la demanda de México en virtud de la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), una norma de 2005 impulsada durante la Administración de George W. Bush que exime ampliamente a las empresas de armas de la responsabilidad por delitos cometidos con sus productos.
