Fusión educativa: ¿ahorro o retroceso?
Redaccion de Teclalibre.- El Gobierno dominicano insiste en su más reciente receta para “modernizar” el Estado: fusionar el Ministerio de Educación (MINERD) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). Un matrimonio forzado entre dos instituciones que, hasta ahora, tenían funciones distintas y hasta cierto punto complementarias.
El argumento oficial: “ahorro, eficiencia, coordinación”. En buen dominicano: juntar todo en una misma olla, porque así supuestamente se cocina más rápido y se gasta menos gas.
Según la narrativa oficial, la fusión permitirá optimizar recursos, evitar duplicidades y crear un sistema articulado desde el nivel inicial hasta el universitario, incluyendo la ciencia y la tecnología. Para darle un barniz de seriedad, en octubre de 2024 se creó una comisión especial (Decreto 580-24) que debía redactar un anteproyecto de ley en seis meses, recogiendo más de 500 propuestas y recomendaciones.
La comisión está trabajando, sí, pero en silencio y con un calendario que ya despierta sospechas: ¿se consulta de verdad a la sociedad o se cocina un guiso en la sombra para servirlo en bandeja de plata en el Congreso?
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) no se anda con rodeos: llamó “invento” a la propuesta y la calificó de paso peligroso hacia la privatización, advirtiendo que podría reducir los recursos destinados a la educación pública. El fantasma de los fideicomisos y las alianzas público-privadas ronda los pasillos de la ADP.
El Partido Fuerza del Pueblo (FP) ha expresado su firme rechazo a la propuesta de fusionar el MINERD con el MESCyT, argumentando que esta medida no solo es inoportuna, sino que amenaza seriamente la eficiencia, la calidad educativa y el desarrollo institucional en República Dominicana.
La fusión es “inoportuna” y sin justificación técnica, ha dicho Ligia Amada Melo, Secretaria de Educación Superior del partido, señaló que la fusión no generaría ahorro alguno ni mejoraría la calidad educativa, como sostiene el gobierno, descartando por completo la supuesta racionalización de recursos. Aseguró que no existe duplicidad en las funciones de ambos ministerios —cada uno tiene roles cuidadosamente delimitados por ley—, y advirtió que dicha unificación complicaría la administración del sistema educativo y pasaría factura a la eficiencia pública. Facebook +15 Hoy Digital +15 Naguero Digital +15
Melo —quien ya fue ministra de ambos sectores— recalcó que fortalecer la educación no se logra mediante reestructuraciones administrativas. En cambio, abogó por reforzar cada ministerio en sus áreas respectivas, para asegurar una política pública efectiva y no la centralización de funciones disímiles. Hoy Digital +3 Hoy Digital +3 Naguero Digital +3
El expresidente Leonel Fernández, también ha sido enfático en su rechazo. Denunció que la iniciativa es “altamente desafortunada” ya que combina dos sistemas educativos con naturalezas muy distintas. Resaltó que el sector de educación superior —incluyendo ciencia, tecnología e innovación— formaría parte de un todo que no lo comprende, poniendo en riesgo áreas clave para el país. Además, consideró que la fusión tiene carácter simbólico: se busca mostrar reducción del gasto público ante una posible reforma fiscal. Listín Diario +2 El Nacional +2
El vocero legislativo Rafael Castillo, vocero de los diputados de la FP, fue aún más contundente, calificando el proyecto como un “disparate total”. Señaló que la unión no representa ningún tipo de ahorro real, a pesar de que el Decreto 580‑24 haya establecido una comisión con plazo de seis meses para ejecutarla. El Demócrata
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con viejos ministros de Educación al frente, también levantó la voz. Denuncian que no hay base técnica ni ahorro real detrás del plan, sino un pretexto para justificar futuros impuestos y una posible reforma fiscal.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que algo sabe de autonomía y de sobrevivir a recortes, considera la fusión un error estratégico que amenaza la calidad y la especialización del sector.
Otros sectores académicos, como asociaciones de universidades privadas, adoptan un tono más diplomático: no rechazan de plano, pero piden garantías de calidad, gobernanza y presupuesto. En otras palabras: “no nos metan en este saco sin saber si hay aire adentro”.
El debate no es meramente burocrático. Implica que el presupuesto educativo corre el riesgo de que se diluya el 4 % del PIB asignado a educación preuniversitaria y el 5 % del presupuesto para el sector superior. También a autonomía universitaria, que podría ser arrastrada por un esquema centralizador.
De por medio, la investigación científica y la innovación, que corren peligro de ser relegadas a un segundo plano en una mega-estructura ministerial que apenas puede con el peso de lo cotidiano.
El Gobierno asegura que la fusión traerá eficiencia y ahorro. Pero, en un país donde el problema no ha sido la falta de leyes sino el incumplimiento de ellas, donde se aprueban presupuestos históricos para educación y los estudiantes aún carecen de aulas, libros y maestros capacitados…
La gran pregunta es inevitable: ¿justifica el supuesto ahorro los riesgos de un retroceso en la calidad educativa, la autonomía institucional y la inversión en ciencia y tecnología?
Porque si lo que se busca es “ahorrar”, tal vez lo más barato y eficiente sea, sencillamente, dejar de inventar.
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