Lo que ya se sabe — y lo que huele mal
SANTO DOMINGO, RD, 7 DIC. 2025.- A la fecha ocho personas han sido arrestadas por el Ministerio Público en esta investigación de fraude que, hasta ahora, “supera los 12 mil millones de pesos”.
Entre los detenidos figura el ex director de SENASA, Santiago Hazim — quien fue designado en 2020, destituido en agosto de este año tras denuncias de irregularidades, y detenido ayer tras un intenso interrogatorio.
Junto a él están ex dirigentes claves: ex-gerente financiero, exgerente de servicios médicos, consultores jurídicos, prestadores de servicios médicos, personas vinculadas a empresas proveedoras, etc.
Según lo reportado, el presunto esquema implica una red sistemática: sobornos para autorizaciones médicas, facturación fraudulenta, empresas contratadas que recibían pagos “por cápita” sin importar si los afiliados recibían o no servicios, un “call center paralelo” para autorizar fraudes, y pagos inmediatos para evitar trazabilidad.
Estas maniobras habrían operado al menos entre 2021 y 2024, lo que indica que no se trata de “un error” o un desliz aislado, sino de un supuesto sistema de corrupción estructurado en la ARS estatal.
En otras palabras: lo que se ventila hasta ahora no parece un simple desfalco puntual, sino algo que funcionaba como “maquinaria” de desvío de recursos públicos — con múltiples actores, empresas, médicos y mecanismos para disfrazar el robo.
Lo que genera dudas — lo que clama por investigaciones profundas, es: ¿Por qué duró tanto?
Que un supuesto fraude de esta magnitud —más de 12 mil millones de pesos— haya operado durante años sin ser detectado “a tiempo” habla de fallas graves en controles internos, auditorías, supervisión interna, transparencia. ¿Quién validaba los pagos? ¿Quién firmaba o aprobaba las facturas y autorizaciones médicas?
Las denuncias indican que empresas como la del empresario Eduardo Read Estrella recibían pagos fijos mensuales por atender afiliados del régimen subsidiado, incluso cuando no se prestaban servicios.
— ¿Cómo fue posible que nadie verificara si los servicios se brindaban?
— ¿Qué auditorías (si hubo alguna) revisaron la eficiencia, la calidad, el uso real de recursos?
Según testimonios recogidos en investigaciones previas, la red habría involucrado desde consultores jurídicos hasta personal administrativo clave: “el administrativo, el consultor jurídico, el jefe de gabinete… por sus manos pasaba todo”.
— Si esto es cierto, las implicaciones podrían alcanzar niveles más altos: no solo “funcionarios aislados”, sino sistemas internos capturados.
— ¿Se investigará también la responsabilidad institucional, no solo individual?
Este no es un “fraude técnico”: hablamos de un esquema que, según denuncias, afectó a miles de afiliados SUS — muchos de ellos sin recursos — al suplantar identidades, autorizar procedimientos inexistentes, desviar fondos que deben garantizar salud.
— ¿Alguna autoridad revisará los daños reales a pacientes (procedimientos, medicinas, servicios no recibidos)?
Qué convendría hacer — lo que debe pedir la sociedad
Exigir transparencia total: auditorías externas, acceso público a contratos, pagos, proveedores, historial de prestaciones.
Investigar hasta las últimas consecuencias: una red con tantas piezas sugiere posibles “protecciones” internas; no basta con apresar ocho personas, hay que rastrear la estructura completa.
Evaluar responsabilidad institucional: no solo los individuos imputados, sino los altos mandos, órganos de control, entidades reguladoras y supervisión; si hubo omisión o complicidad.
Garantizar reparación a las víctimas: los afiliados afectados deberían tener derecho a auditar lo que se les cobró y compensación si se comprobó que nunca recibieron servicios.
Retomar el debate sobre transparencia y control del sistema público de salud: este caso demuestra que los espacios de corrupción pueden prosperar cuando las instituciones no protegen ni fiscalizan adecuadamente.
Lo que estamos ante: no un robo pequeño, ni un “error administrativo”. Es un presunto esquema de corrupción institucionalizada, con actores públicos y privados, que drenó multimillonarios recursos destinados a salud pública. Si la investigación se lleva hasta el fondo — con transparencia, sin protección a nadie — podría ser de los golpes más fuertes contra impunidad en el sistema de salud dominicano en años recientes.
Pero si se queda en “unos arrestos políticos” sin desmontar realmente la red, habrá sido un remiendo.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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