-Navíos, Sanciones y el Pulso entre Washington y Caracas”-
Por Luis Rodríguez Salcedo — Crónica desde el Caribe, diciembre 2025
Cae la tarde sobre el Caribe y la guerra por el petróleo venezolano ya no es solo una metáfora política: es una mancha oscura en el horizonte, un convoy de buques, un despliegue naval sin precedentes y un grito diplomático que reverbera desde Washington hasta Caracas. Estados Unidos ha ordenado un bloqueo total de todos los buques petroleros sancionados que intenten entrar o salir de aguas venezolanas, una medida que no tiene parangón en décadas recientes de relaciones hemisféricas y que pone en jaque la columna vertebral de la economía venezolana: su petróleo.
El presidente Donald Trump, en un discurso transmitido internacionalmente, no se contuvo: aseguró que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica” y advirtió que esa presencia crecerá hasta que, según él, Caracas devuelva a Estados Unidos “todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.
Más allá de la retórica beligerante, lo que hay es una nueva escalada concreta: la designación del gobierno venezolano como Organización Terrorista Extranjera y la advertencia de que cualquier petrolero sancionado será detenido o incautado si se atreve a navegar hacia o desde Venezuela.
Esta orden se suma a la reciente incautación del petrolero Skipper, interceptado en alta mar por fuerzas estadounidenses frente a las costas de Venezuela el pasado 10 de diciembre, en una operación que contó con participación del FBI, la Guardia Costera y elementos militares. El barco, sancionado desde 2022 por supuestos vínculos con redes de tráfico de petróleo con Irán, fue tomado sin resistencia, pero su captura marcó un punto de inflexión: no es ya una sanción financiera o comercial; es una intervención directa en las rutas marítimas.
El petróleo representa cerca del 88 % de los ingresos de exportación de Venezuela, y sin petróleo, no hay ingresos, ni importaciones, ni gasolina, ni medicinas para millones de venezolanos. La combinación del bloqueo naval y la interrupción del transporte marítimo ha paralizado la exportación de crudo desde Venezuela: tan solo chevron, bajo licencia estadounidense, mantiene alguna actividad comercial, mientras decenas de millones de barriles están varados esperando salida.
Los compradores exigían descuentos récord en el petróleo venezolano ante los riesgos, con barriles negociados hasta $20 por debajo de los precios internacionales.
Varsovia, Pekín, Nueva Delhi, Caracas: todos sienten ahora el efecto de un mercado energético convulsionado, donde la inestabilidad lleva a sanciones, primas de riesgo y rutas comerciales en tensión.
Desde la cancillería venezolana, la respuesta fue inmediata y vehemente. La incautación del Skipper fue calificada como “acto de piratería de Estado”, una violación flagrante de la soberanía que, según el gobierno de Nicolás Maduro, no justifica ninguna acción estadounidense bajo el derecho internacional.
Maduro, envuelto en un discurso de resistencia revolucionaria, ha prometido enfrentar “agresión multidimensional” y acusó a Washington de pretender “robar” el petróleo que, afirma, pertenece al pueblo venezolano. Según sus palabras, cualquier intento de estrangular la economía bolivariana solo reforzará la determinación de Caracas.
Este bloqueo y las operaciones marítimas —que incluyen ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales y despliegues navales en la región— forman parte de una visión más amplia de seguridad nacional promovida por Washington. La administración estadounidense ha justificado estas acciones como parte de una campaña contra el narcotráfico y el crimen organizado, con decenas de muertes en operaciones recientes de interdicción en el océano Pacífico y el Caribe.
Sin embargo, críticos dentro y fuera de EE. UU. señalan que estas operaciones pueden profundizar la militarización de rutas marítimas que conectan América del Sur, el Caribe y Centroamérica, incrementando el riesgo de incidentes y tensiones entre naciones soberanas y la superpotencia.
La historia tiene en su retrovisor ejemplos donde el bloqueo naval fue preludio de guerras abiertas. Hoy, en 2025, el bloqueo de petróleo venezolano se escribe en pleno siglo XXI, con sanciones digitales, ciberguerra, riesgo de inflación, y declaraciones tan duras que algunos legisladores estadounidenses han calificado la medida como “un acto de guerra no autorizado por el Congreso”.
En Santo Domingo, en Caracas, en Washington, en Beijing, las casas de comercio, las oficinas gubernamentales y las mesas de análisis miran la geografía del mar con inquietud: el cerco al petróleo venezolano no es una historia cerrada, sino una crónica que apenas comienza a escribirse en las rutas oscuras del Caribe, donde la política, la economía y la fuerza militar se funden en un mismo oleaje.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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