-El Nuevo Ministerio de Justicia: ¿Reforma Estructural o Macrocefalia Burocrática?-
SANTO DOMINGO. – Con la tinta aún fresca en el Decreto 1-26, la República Dominicana despierta este 6 de enero de 2026 con un nuevo tablero en su arquitectura institucional. La designación de Antoliano Peralta Romero —hasta ayer guardián de la legalidad desde la Consultoría Jurídica— como el primer titular del Ministerio de Justicia, formaliza el inicio de una transición que promete sacudir los cimientos del sistema judicial tal como lo conocemos.
Pero, más allá del protocolo y los nuevos despachos, ¿qué se juega el país con la Ley 80-25? Aquí analizamos los ángulos de una reforma que busca, en teoría, devolverle al César lo que es del César.
Durante décadas, la Procuraduría General de la República (PGR) fue un «superministerio» que hacía de todo: perseguía el crimen, administraba cárceles, gestionaba exequátur y hasta manejaba las ciencias forenses. Este modelo era, para muchos expertos, un conflicto de interés ambulante.
La Ley 80-25 viene a ejecutar un divorcio necesario. El Ministerio Público ahora podrá centrarse exclusivamente en la investigación penal. El Ministerio de Justicia, por su parte, asume las tareas que «contaminaban» la labor fiscal:
Gestión Penitenciaria: El control de las cárceles pasa a manos políticas/administrativas, buscando profesionalizar un sistema en crisis.
Servicios al Ciudadano: Trámites de exequátur, antecedentes penales y registros de asociaciones sin fines de lucro salen de la PGR.
El Brazo Científico: El INACIF se desprende del órgano persecutor para ganar, supuestamente, mayor autonomía técnica bajo la sombrilla del nuevo Ministerio.
El gobierno ha vendido esta creación bajo la bandera de la «Independencia del Ministerio Público». Al liberar a los fiscales de la carga administrativa, el argumento es que habrá una persecución del delito más ágil.
Sin embargo, el reto es mayúsculo. Con un presupuesto proyectado de más de RD$4,100 millones para este 2026, la pregunta en las calles y en los pasillos del Congreso es si estamos ante una verdadera eficiencia o simplemente ante el nacimiento de un gigante que devorará recursos públicos en gastos corrientes (estimados en un 80% de su presupuesto inicial).
El clima de opinión está dividido. Mientras el sector oficialista celebra la designación de Peralta —un hombre de confianza del presidente y conocedor de la ley desde su gestación—, sectores de la oposición y de la sociedad civil plantean interrogantes:
«La creación de un ministerio no garantiza justicia; garantiza nómina. El reto es que esos seis viceministerios no se conviertan en botines políticos, sino en centros de gestión técnica», señalan analistas críticos.
Por otro lado, el Poder Judicial ve con optimismo tener un interlocutor que no sea el «acusador» en la mesa de diálogo, lo que podría equilibrar las relaciones entre los poderes del Estado.
La Ley otorga un plazo de 12 meses para que la transición sea total. Esto significa que durante el 2026 veremos un traspaso gradual de expedientes, personal y activos. No es un cambio cosmético; es una mudanza institucional de gran escala.
En TeclaLibre nos preguntamos: ¿Logrará este Ministerio humanizar las cárceles dominicanas, una deuda histórica del Estado, o se quedará en una elegante estructura burocrática? La historia apenas comienza a escribirse.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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