Petro rompe con el ELN y abre la puerta a un escenario militar regional
El presidente colombiano endurece su discurso, rechaza el “Acuerdo Nacional” insurgente y plantea acciones conjuntas con Venezuela si la guerrilla no abandona economías ilegales y refugios transfronterizos
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha marcado un giro abrupto en su política de “paz total” al rechazar la propuesta de Acuerdo Nacional presentada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y advertir que, si el grupo no abandona sus economías ilícitas y su presencia en Venezuela, Colombia podría avanzar hacia acciones militares conjuntas de carácter regional.
Petro no dejó espacio para ambigüedades. Recordó que el ELN ya “dinamitó” oportunidades previas de negociación y lo responsabilizó de masacres vinculadas al control de cultivos ilícitos y minería ilegal, particularmente en zonas fronterizas como el Catatumbo. En ese contexto, el mandatario descartó el acuerdo propuesto por la insurgencia y colocó nuevas condiciones que, en los hechos, redefinen el tablero del conflicto.
El Gobierno colombiano plantea un paquete de exigencias que va más allá del discurso: Abandono total de las economías ilegales; cese inmediato del reclutamiento de menores; liberación de personas retenidas; retorno de toda la estructura armada del ELN a territorio colombiano; inicio de zonas de concentración regionales bajo supervisión estatal; y fin de enfrentamientos con otros grupos que negocian la paz.
El mensaje es claro: no habrá negociación mientras el ELN siga operando como poder armado transnacional.
La advertencia sobre posibles acciones militares conjuntas con Venezuela introduce un elemento explosivo. Durante años, la frontera colombo-venezolana ha funcionado como zona gris, refugio logístico y financiero de estructuras armadas. Petro coloca ahora ese tema en el centro del debate, sugiriendo una cooperación que, hasta hace poco, habría parecido impensable.
La propuesta presidencial de crear una zona económica especial agraria e industrial entre Norte de Santander y Táchira apunta a un enfoque dual: presión militar combinada con transformación productiva, intentando arrebatarle al ELN el control social y económico del territorio.
Lejos del discurso exclusivamente bélico, Petro insiste en un modelo de reinserción basado en grandes cooperativas productivas, concebidas para sustituir la financiación ilegal de las bases combatientes. El planteamiento, sin embargo, choca con una realidad persistente: sin control territorial efectivo, la reinserción es retórica.
El endurecimiento frente al ELN convive con una apuesta política mayor: la Asamblea Constituyente. Petro la presenta como una profundización —no sustitución— de la Constitución de 1991, destinada a blindar derechos fundamentales y hacer exigible el llamado “salario vital”. Para sus críticos, el riesgo es que el conflicto armado termine siendo instrumentalizado como argumento político; para sus defensores, es la única vía para cerrar un ciclo histórico de violencia.
Lectura TeclaLibre
Lo que ocurre no es solo un choque entre Gobierno y guerrilla. Es el agotamiento de un modelo insurgente anclado en economías criminales frente a un Estado que, paradójicamente, combina discurso progresista con advertencias militares regionales.
El ELN propone un “acuerdo nacional” mientras mantiene fusiles, minas y rentas ilegales. Petro responde con una paz condicionada… y con la amenaza de la fuerza. Entre ambos extremos, las comunidades fronterizas siguen atrapadas en el fuego cruzado de la historia.
La pregunta no es si habrá tensión. La pregunta es cuánta violencia más puede absorber la región antes de que la paz deje de ser una promesa y se convierta, por fin, en una obligación cumplida.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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