-Confesiones de un amigo íntimo de Santiago Hazim revelan cómo el esquema de sobornos mutó a efectivo para inyectar recursos ilícitos al partido oficialista en la campaña electoral de 2023-
Redacción de TeclaLibre
Santo Domingo, RD.- El caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), bautizado por el Ministerio Público como la Operación Cobra, se ha convertido en el escándalo más crítico para la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al cierre de 2025.
La investigación señala que desde finales de 2020 se instaló una estructura criminal liderada por el entonces director de Senasa, Santiago Hazim. El desfalco se estima en más de RD$ 15,000 millones.
Inicialmente (2020-2022), los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias. A partir de 2022 y principios de 2023, el esquema mutó a pagos en efectivo para evitar el rastro financiero, coincidiendo con el periodo de precampaña electoral.
Se facturaban consultas de telemedicina inexistentes y medicamentos de alto costo a pacientes del régimen subsidiado que nunca los recibieron. En auditorías realizadas, el 100% de los afiliados consultados negó haber recibido los servicios facturados por empresas vinculadas.
El Ministerio Público ha vinculado al movimiento político «OLA», una estructura externa que apoyó la candidatura de Luis Abinader, como uno de los canales donde supuestamente drenaban estos recursos.
Las declaraciones de José Pablo Ortiz Giráldez han sido el eje del escándalo político. Al definirse como «amigo de 30 años» de Hazim, su testimonio tiene un peso moral y probatorio devastador. Según Ortiz, la instrucción de «reactivar» los cobros a empresarios como Eduardo Read Estrella tenía un fin específico: financiar la maquinaria electoral del PRM.
De acuerdo con las declaraciones de Ortiz Giráldez, pieza clave en la investigación, el esquema de corrupción tomó un matiz electoral en el primer trimestre de 2023. El encartado sostiene que, bajo instrucciones directas de su amigo de larga data, Santiago Hazim, se procedió a la reactivación de los cobros ilícitos a Eduardo Read Estrella, vinculando directamente estos fondos con la logística proselitista del PRM, partido oficialista.
El presidente Luis Abinader ha reiterado su postura de «no tener vacas sagradas», afirmando que el Ministerio Público tiene total independencia para llegar hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, el partido se encuentra a la defensiva, calificando las acusaciones de financiamiento ilícito como «intentos de la oposición por desacreditar la gestión».
Han denunciado un caso de «justicia selectiva» o lawfare. Alegan que mientras a funcionarios de gobiernos anteriores se les aplicó todo el peso de la ley desde el inicio, en este caso el Ministerio Público ha sido «más técnico y cauteloso», protegiendo supuestamente la imagen presidencial.
Organizaciones como Participación Ciudadana califican el hecho como «dantesco» y «bochornoso», enfatizando que el robo se produjo en el área de salud, afectando a los más pobres.
Para el PRM y el gobierno, el costo es visceral y estratégico. A diferencia de otros casos de corrupción (como compras y contrataciones), este toca directamente el bolsillo del ciudadano y su salud.
El PRM ganó en 2020 bajo la bandera de la «transparencia». Un desfalco de esta magnitud en el «gobierno del cambio» debilita su principal activo electoral.
Con miras a los próximos procesos, el escándalo Senasa «descuadra el año político», obligando al gobierno a gastar capital político en explicaciones en lugar de logros.
Desde la redacción de TeclaLibre, analizamos que el caso Senasa no es un simple desfalco administrativo; es una radiografía del pragmatismo político dominicano que no distingue colores.
El hecho de que se exigiera hasta un 35% de los pagos a los prestadores de salud demuestra que las instituciones públicas son vistas como feudos de recaudación política.
Es alarmante que un sistema de seguridad social, diseñado para proteger, careciera de controles para detectar facturaciones de telemedicina masivas en poblaciones rurales que apenas tienen acceso a internet.
La gran interrogante para 2026 será si el Ministerio Público se atreverá a tocar la estructura financiera del Partido o si el caso se quedará en la periferia de los funcionarios individuales (Hazim y compañía).
Si se comprueba finalmente que el dinero de los enfermos de cáncer y diabetes terminó en vallas y publicidad electoral, el PRM enfrentará una crisis de legitimidad que ninguna cifra macroeconómica podrá compensar.
-Luis Rodríguez Salcedo para TeclaLibre-
rodriguezsluism9@gmail.com https://teclalibremultimedios.com/category/portada
