-La nueva Ley de Amnistía promete convivencia democrática, pero exige a los beneficiarios “ponerse a derecho”. ONG denuncian que el texto desnaturaliza el concepto y prolonga la incertidumbre de miles de familias-
La Asamblea Nacional de Venezuela avanza en la aprobación de una Ley de Amnistía que podría beneficiar a presos políticos desde 1999, pero organizaciones civiles alertan que exigir reconocimiento de culpa contradice el espíritu de la amnistía y deja fuera casos sensibles.
CARACAS. — La amnistía que promete cerrar heridas podría estar abriendo otras.
La Asamblea Nacional de Venezuela discute y aprueba por tramos la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un instrumento que —en teoría— busca reconciliar al país tras décadas de confrontación política.
Seis artículos ya superaron la segunda lectura. El séptimo detuvo el consenso.
El punto neurálgico: la obligación de que los beneficiarios se “pongan a derecho”. Es decir, que regresen del exilio o comparezcan ante tribunales y se sometan a la autoridad judicial.
Para muchos, eso equivale a aceptar delitos que niegan haber cometido.
¿Amnistía o confesión encubierta?
Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y la Asociación Acceso a la Justicia advierten que el texto incurre en una contradicción de fondo.
La exposición de motivos recurre al concepto de “clemencia soberana”, figura que presupone culpa previa. Pero la tradición jurídica de la amnistía no exige confesión: se trata de un perdón político que extingue la acción penal.
Si el perdón obliga a reconocer responsabilidad, deja de ser perdón y se convierte en mecanismo de sometimiento.
Ahí radica la fractura.
La ley abarcaría delitos cometidos entre el 1 de enero de 1999 y su entrada en vigor. Es decir, desde la llegada al poder de Hugo Chávez hasta la administración actual de Nicolás Maduro.
Sin embargo, el texto excluye: Violaciones graves a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas, y delitos contra el patrimonio público.
Esa redacción podría dejar fuera a militares vinculados con el intento de magnicidio de 2018 o con la llamada Operación Gedeón.
Y aquí surge otra interrogante incómoda: ¿qué pasará con funcionarios estatales señalados por ejecuciones extrajudiciales, tortura o violencia sexual?
La ley no lo aclara.
El diputado Jorge Arreaza, responsable de la comisión que supervisa el proyecto, sostuvo reuniones con organizaciones civiles. Producto de esos intercambios se incorporó el principio “in dubio pro reo”, que ordena interpretar la norma en el sentido más favorable al imputado.
Un gesto jurídico que intenta equilibrar la balanza.
Pero el artículo sobre “ponerse a derecho” sigue generando fricción y será retomado en la próxima sesión parlamentaria.
Expertos vinculados a la Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela insisten en que ninguna transición sostenible puede construirse sobre la impunidad.
Liberar presos sin reformar el sistema judicial que permitió detenciones arbitrarias equivale a colocar un vendaje sobre una herida abierta.
La ley habla de reintegración y garantía de no repetición.
Pero no detalla mecanismos de reparación a las víctimas ni reformas estructurales.
TeclaLibre analiza
Venezuela no debate solo una ley. Debate la narrativa del conflicto.
El oficialismo invoca la “convivencia democrática”.
La oposición denuncia persecución política.
Las ONG advierten revictimización.
Las familias, mientras tanto, esperan.
Una amnistía auténtica extingue la culpa.
Una amnistía condicionada la presupone.
En un país marcado por décadas de polarización, el perdón no puede imponerse como trámite administrativo ni como confesión forzada.
Porque cuando el perdón se negocia bajo presión, deja cicatrices más profundas que la condena.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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