-Un crimen que estremeció a Los Mina desata una marcha multitudinaria, operativos migratorios y un debate incómodo: ¿justicia o chispa para una crisis mayor?
Cientos marcharon en Katanga, Los Mina, tras la muerte del adolescente Nauriel Misael Medina. La protesta, convocada por la Antigua Orden Dominicana, exige justicia y mayor control migratorio, mientras las autoridades realizan operativos en Santo Domingo Este.
El sector Katanga, en Santo Domingo Este, amaneció este domingo con pancartas, banderas dominicanas y un clamor que mezclaba dolor con indignación. La marcha partió desde la estación Ercilia Pepín, de la línea 2B del Metro de Santo Domingo, en la avenida Venezuela, y recorrió varias calles de Los Mina.
La convocatoria fue impulsada por la Antigua Orden Dominicana, organización que ha ganado visibilidad en los últimos años en temas de soberanía y migración.
El detonante: la muerte del adolescente Nauriel Misael Medina, de 14 años, ocurrida el pasado 4 de febrero, presuntamente a manos de dos personas de nacionalidad haitiana, una de ellas menor de edad.
Según versiones preliminares, el joven habría sido atacado con armas blancas en circunstancias aún bajo investigación. La comunidad lo describe como un muchacho tranquilo, vinculado a su escuela y a su entorno familiar.
La brutalidad del hecho impactó emocionalmente a la barriada. No fue solo un crimen. Fue percibido como una ruptura del tejido comunitario.
Y cuando el miedo se mezcla con impotencia, el resultado suele ser una movilización.
Durante la marcha se escucharon consignas que exigían justicia y la deportación de extranjeros en condición migratoria irregular. La Antigua Orden Dominicana dio un plazo público para que quienes no tengan estatus regular abandonen la zona.
El tono, por momentos, fue encendido. La indignación, evidente.
Agentes de la Policía Nacional y unidades del Dicrim acompañaron el recorrido para evitar incidentes. No se reportaron enfrentamientos graves.
Pero el mensaje quedó claro: el barrio siente que está solo.
Tras la movilización, la Dirección General de Migración desplegó operativos en distintos puntos de Los Mina. Decenas —según reportes preliminares, más de 400— ciudadanos haitianos en condición irregular fueron detenidos para fines de depuración y eventual repatriación conforme a la Ley 285-04.
El Gobierno ha insistido en que estos procesos se realizan dentro del marco legal y respetando derechos humanos.
Sin embargo, el debate trasciende el operativo. Porque aquí no solo se discute estatus migratorio. Se discute seguridad, pobreza, abandono estatal y convivencia.
República Dominicana vive desde hace años una presión migratoria constante desde Haití, agravada por la crisis política y de seguridad en ese país. En barrios populares como Katanga, donde el empleo informal y la precariedad son parte del paisaje cotidiano, la competencia por recursos se percibe como una amenaza directa.
Cuando ocurre un crimen con componentes de nacionalidad, la narrativa se acelera.
Se corre el riesgo de que un caso individual se convierta en símbolo colectivo.
La muerte de Nauriel es, ante todo, una tragedia humana. Pero el eco que ha generado revela algo más profundo: una fractura social que viene acumulándose.
Mientras familiares claman por justicia —“Que paguen los responsables, sin importar quiénes sean”—, sectores defensores de derechos humanos advierten sobre el peligro de generalizaciones y posibles actos de retaliación colectiva.
La línea entre justicia y estigmatización es delgada.
Y la historia latinoamericana está llena de ejemplos donde el dolor legítimo fue instrumentalizado políticamente.
¿Qué viene ahora?
Justicia rápida y transparente: Identificación y condena de los responsables, lo que podría calmar tensiones.
Escalada comunitaria: Si se percibe impunidad, podrían surgir más protestas.
Instrumentalización política: El tema migratorio podría intensificarse en la agenda nacional.
Katanga no es un hecho aislado. Es un termómetro social.
La muerte de un adolescente no debería convertirse en combustible ideológico.
Pero tampoco puede diluirse en burocracia.
El Estado tiene un doble desafío:
✔️ Garantizar justicia para Nauriel.
✔️ Evitar que el dolor derive en fractura irreversible.
Porque cuando un barrio siente que debe defenderse solo, la institucionalidad pierde terreno.
Y cuando la institucionalidad pierde terreno, el ruido sustituye a la ley.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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