Desmiente permisos laborales a haitianos y lanza advertencia sobre el Código Penal
Santo Domingo. — El presidente Luis Abinader salió este lunes al paso de los rumores que circulan en algunos medios sobre la supuesta entrega de permisos transitorios de trabajo a inmigrantes haitianos en el sector agropecuario, afirmando tajantemente que «eso no se está haciendo».
“Tenemos que cumplir con la ley de Migración, y es la Dirección General de Migración la única que puede autorizar eso… y no lo ha hecho”, recalcó el mandatario durante su ya rutinaria rueda de prensa de los lunes, en el Palacio Nacional.
Aunque calificó como un «deseo válido» la solicitud de los productores del campo —que literalmente se les está cayendo la cosecha por falta de mano de obra—, Abinader insistió en que primero está la ley, aunque en la práctica, muchos haitianos —con o sin papeles— siguen trabajando en el campo, la construcción y donde los necesiten.
Por si fuera poco, el propio ministro de Agricultura, Limber Cruz, llegó a admitir públicamente que en una finca de su propiedad laboran haitianos sin documentos. Pero claro, eso fue “otra cosa”, según la lógica oficial.
Mientras tanto, continúa el operativo de deportaciones masivas iniciado en octubre, que mantiene a miles de familias haitianas en vilo, en medio de una crisis migratoria y humanitaria que parece no inmutar a nadie en el Palacio.
¿Guerra fría en el PRM? Abinader lo niega todo
Consultado sobre el hervidero interno en su partido, el PRM, de cara al 2028, Abinader buscó quitarle hierro al asunto, asegurando que las reuniones con aspirantes presidenciales son frecuentes y en espíritu de «competencia sana y respetuosa».
El mandatario, que ni confirma ni niega si buscará una reelección más adelante, dijo que las aspiraciones adelantadas de sus compañeros no deben tener «ningún impacto negativo», ni en el partido ni en el gobierno. Claro, eso en el discurso; en la realidad, las espadas internas ya están desenvainadas.
Endurecer penas: ¿solución o populismo penal?
Finalmente, Abinader reiteró su respaldo a endurecer las penas en el Código Procesal Penal y en el nuevo Código Penal, como si la severidad de las leyes fuera garantía de justicia en un sistema con policías mal entrenados y fiscales saturados.
“La verdad es que a la Policía Nacional y a la Justicia se les hace difícil cumplir con las necesidades de la sociedad actual”, dijo, reconociendo sin decirlo que el problema no es solo la ley, sino el aparato que debe hacerla cumplir.
El Gobierno ya envió las propuestas al Congreso y espera una respuesta que, como todo en la política criolla, se debate entre intereses, presiones religiosas y promesas de campaña.
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