Teclalibre Multimedios /
BUENOS AIRES (AP) — El presidente Alberto Fernández quedó envuelto en una polémica el jueves tras expresar que espera que el fiscal de una causa por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no se suicide como, según él, lo hizo otro fiscal que también había presentado cargos contra ella.
La coalición opositora Juntos por el Cambio consideró a las declaraciones de Fernández “una velada amenaza a la seguridad personal del fiscal federal” y presentó ante el Congreso un pedido de juicio político. Dirigentes de ese mismo espacio denunciaron penalmente al mandatario ante la justicia.
El fiscal Alberto Nisman murió de una herida de bala en enero de 2015 en la víspera de una audiencia en el Parlamento en la que debía presentar pruebas contra la entonces presidenta Fernández, a quien había acusado de conspirar con Irán para encubrir su presunta participación en el atentado que destruyó un centro comunitario judío de Buenos Aires en 1994.
Aliados de la expresidenta sostienen que Nisman se suicidó, pero la investigación judicial sobre su muerte está calificada como homicidio.
En una entrevista televisada el miércoles por la noche, Fernández defendió con firmeza a la vicepresidenta, acusada de corrupción en relación con contratos de obras públicas otorgados durante su gobierno (2007-2015). Esta semana, el fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la exmandataria.
Consultado sobre un pedido reciente de la Corte Suprema para reforzar la seguridad de jueces y fiscales que intervienen en el juicio contra la vicepresidenta, Fernández dijo que se debía a que “siempre está el recuerdo de Nisman”.
El presidente dijo que era ridículo “alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman” y agregó “hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, apuntó Fernández.
La investigación de la muerte de Nisman sigue abierta. El juez Julián Ercolini acusó a un sospechoso a fines de 2017 de ser “partícipe necesario” en la muerte del fiscal, que él investiga como homicidio. Miembros de la seguridad del fallecido fiscal también están imputados en el caso.
Líderes opositores y miembros del Poder Judicial se apresuraron a condenar a Fernández, quien dijo el jueves por la mañana que “ha habido una enorme tergiversación de lo que dije”.
Fernández dijo que la polémica se debía a que había cuestionado la idea difundida del asesinato de Nisman, cuando “la verdad hasta acá no hay ninguna prueba que diga semejante cosa”.
“Consideramos temerarias y amenazantes las declaraciones mencionadas. Parecería que con ellas el presidente de la nación quisiera limitar e impedir la libertad de jueces y fiscales para que ejerzan su función”, dijeron los diputados opositores en el pedido de juicio político contra Fernández, que difícilmente prospere ya que no cuentan a priori con el número de votos necesario.
Patricia Bullrich, presidenta del partido opositor Pro, prometió el jueves buscar que se presenten cargos contra el presidente “por amenazar al fiscal Luciani”.
En tanto, el Procurador General Eduardo Casal, jefe de los fiscales que investigan a la vicepresidenta, le envió una carta al gobernante en la cual le manifestó que sus expresiones durante la entrevista televisiva “importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal”.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal también repudió las declaraciones de Fernández señalando que “sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario hacia un funcionario que sólo ha cumplido su labor”.
