Adicionalmente, recuerdan que ambas aspirantes han acusado que el resultado de la elección podría tener intentos de fraude; por un lado, la candidata Claudia Sheinbaum aseguró que hay coacción a los electores, e intento de compra de votos; enfrente, su adversaria Xóchitl Gálvez ha acusado que se realizó una elección de Estado, que ha habido intervención sistemática del presidente Andrés Manuel López Obrador y de autoridades federales, además de gobernadores, la operación de servidores de la nación en todo el territorio y violencia en algunas zonas del país.
“Hay muchas probabilidades para que el frente opositor promueva una nulidad el resultado electoral tal como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y en el 2012”, sostiene el constitucionalista y experto electoral Jaime Cárdenas Gracia.
“Salvo, no sé, que hubiera alguna decisión de última hora en caso de que la candidata opositora Xóchitl Gálvez pierda la elección. Yo pienso que los dirigentes del PRI y del PAN del PRD, pues van a tratar de buscar algún medio de impugnación del resultado electoral sobre todo si la diferencia entre Gálvez y la candidata de Morena no es muy grande, entonces desde luego que va a haber un intento”, añade el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Otros académicos y expertos electorales, consultados expresamente sobre el día después del proceso, coinciden en que una de las claves será la distancia entre ambas contendientes.
“El margen de victoria en la elección de presidencia va a ser clave para los escenarios de litigiosidad. Si el margen es menor a 5%, va a estar sumamente disputado en tribunales. Prácticamente, la decisión va a estar en la mesa de los magistrados del TEPJF y ahí si vamos a estar en una situación de alto riesgo porque el desaseo del proceso electoral es histórico”, valora el politólogo Said Hernández Quintana, experto de Integralia.
“Nunca, de los años 90 para acá –ya con un sistema electoral más o menos robusto, con deficiencias y problemas, pero mucho más avanzado que el sistema electoral previo a los años 80–, se había tenido un desaseo sistemático como este proceso”, agrega.
Eso explica –indica– por qué la candidata Sheinbaum y el mismo presidente López Obrador “hablan de un golpe de estado técnico o fraude electoral y es una ironía porque son ellos mismos los que han promovido el desaseo de la elección.
“Cuando hacen estas declaraciones, pues uno entiende: claro, se están curando en salud porque ellos mismos saben lo mal que viene el proceso electoral en cuanto a litigiosidad. Y la probabilidad de que se anule es muy alta y justamente porque se están cumpliendo con los extremos que establece la ley para anular la elección”, remarca.
Perfilan litigiosidad
Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), indica que “la impugnabilidad (de la elección presidencial) es altísima” si se considera que desde semanas atrás se han acumulado pruebas firmes de que hubo parcialidad e intervención presidencial en el proceso.
Pero ese escenario se dará siempre y cuando Gálvez pierda el proceso y, además, haya una diferencia de por lo menos 5% o menos de los votos, con relación Sheinbaum.
“Uno de los problemas de los juicios que solicitan la nulidad es la probanza. En 2012, para probar que se había comprado el voto llevaron al Zócalo gallinas chivos… era una probanza muy débil”, dice al recordar las “pruebas” que presentó el entonces candidato presidencial perdedor, López Obrador para asegurar que hubo compra de votos en esa elección.
“Ahora la probanza de que el presidente ha actuado parcialmente y ha provocado inequidad en la competencia no es eso. Son sentencias, son documentales públicas, resoluciones de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) y las sentencias de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, que son prueba plena en un litigio”, detalla.
El también investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y de Desarrollo Estratégico de las Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) indica que con esas documentales lo que quedó en evidencia es que “ahora la inequidad ha venido de Palacio Nacional”.
“El presidente López Obrador ha decidido desacatar el mandato constitucional, ha sido denunciado el INE, la mayoría de los casos ha aceptado las denuncias y el Tribunal las han confirmado por lo que ahí es clarísimo que el principal factor de inequidad en este proceso electoral ha sido el Poder Ejecutivo federal, lo cual es realmente muy lamentable”, indica Valdés Zurita
En el mismo sentido opina Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del IFE y del INE, quien indica que no sólo hay medidas cautelares que el mandatario desatendió, sino que persistió de manera sistemática en intervenir en el proceso durante meses.
“Sigue siendo un actor fundamental inclinado a una de las opciones políticas, cuando su papel debería ser el de neutralidad… Lamentablemente no estamos en condiciones de equidad; creo que sí estamos ante una elección del Estado”, insiste y por tanto con probabilidad de que sea llevada al TEPJF.
