Una de las estrategias de la Administración de Donald Trump para aumentar las deportaciones de migrantes ha sido la de buscar terceros países donde trasladar a aquellas personas que no pueden regresar a su lugar de origen. Los vuelos se han realizado en secreto y los destinos son impredecibles, en su mayoría a países africanos donde los derechos humanos no son respetados. El último destino elegido ha sido Camerún, aunque Estados Unidos no ha anunciado públicamente ningún acuerdo con ese país para aceptar deportados extranjeros. Unos 17 migrantes fueron enviados allí entre enero y febrero y todos ellos tenían una protección judicial que impedía su deportación a sus países de origen, donde sufrirían persecución.
Dos de las migrantes trasladadas en enero a Camerún han acabado en el lugar del que huyeron: Marruecos. Sufrieron abusos físicos y psicológicos en su país por ser homosexuales y ahora se tienen que esconder. Una de ellas, de 21 años, concedió una entrevista y ahora está abrumada por el seguimiento que se le ha hecho y tiene miedo, por lo que prefiere no hablar más. “Creo que se siente un poco arrepentida porque lo está viendo en todas las redes sociales y está muy preocupada por que la gente descubra quién es”, explica Alma David, una abogada de inmigración que está en contacto con ella y asiste desde Estados Unidos al resto del grupo enviado a Camerún.
La joven marroquí emprendió un viaje que creía sería sin retorno a Estados Unidos, pero le denegaron el asilo. Fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) y un juez reconoció que su vida correría peligro si regresaba a Marruecos. En cambio, es allí donde ha acabado tras hacer una parada en Camerún. “La Administración Trump se está aprovechando del hecho de que pueden deportar a personas a terceros países y lo están haciendo de una manera que viola diferentes leyes, como las que prohíben deportar a países donde pueden sufrir tortura”, dice David.
Un juez declara ilegales las deportaciones
El juez federal de distrito Brian E. Murphy, de Massachusetts, dictaminó el miércoles, por segunda vez, que las deportaciones a terceros países que está realizando el Gobierno son ilegales y debe paralizarlas, aunque mantuvo su fallo en suspenso por 15 días para que puedan apelar. Murphy dijo que los migrantes tienen derecho a una “notificación significativa” y a la oportunidad de objetar antes de ser enviados a un tercer país. Los deportados fueron expulsados sin el debido proceso y el Gobierno estadounidense se desentiende de lo que pase con ellos una vez lejos de su territorio.
Las dos mujeres marroquíes formaron parte de un grupo de nueve extranjeros de varias nacionalidades que fueron enviados a Camerún desde el centro de detención del ICE en Alexandria, Luisiana, a mediados de enero. Al menos ocho migrantes más fueron enviados a Camerún un mes después. Son ciudadanos de varios países africanos: Kenia, Senegal, Sierra Leona, República Democrática del Congo, Ghana, Etiopía, Angola y Zimbabue. Ahora se encuentran detenidos en la capital de Camerún, Yaundé, sin saber lo que les espera. Las mujeres que regresaron a Marruecos no tuvieron contacto con un abogado y solo les presentaron la opción de volver a su país o ir a otro donde tuvieran residencia legal, es decir, ninguno. Según David, no se les presentaron más opciones, como la de solicitar el asilo.
En una conversación telefónica con EL PAÍS, el abogado de los demás deportados, Joseph Awah Fru, afirma que, aunque no es su deseo quedarse en un lugar que les es ajeno y donde no tienen asegurados sus derechos, están abiertos a solicitar el asilo para evitar ser deportados a sus países. No confía, sin embargo, en las intenciones del Gobierno camerunés: “Creo que están haciendo todo lo posible para quebrarlos psicológicamente y hacer la situación tan insoportable que digan que quieren regresar a sus países”, incluso sabiendo que su vida está en peligro si lo hacen.
Los detenidos tienen diferentes historias, pero no son los criminales peligrosos que la Administración Trump asegura que está deportando. Una estudiante de Ghana de 20 años o un enfermero de Zimbabue que ha vivido 15 años en Estados Unidos son algunas de las personas que forman parte del grupo. También un angoleño que, después de vivir 30 años en EE UU, es un apátrida, pues el Gobierno de Angola no le reconoce. Todos ellos buscaron refugio en Estados Unidos porque en sus respectivos países son perseguidos por su sexo, su raza o su ideología.
Algunos fueron detenidos nada más ingresar en Estados Unidos y varios llevaban un año encerrados en centros del ICE. Es el caso de una mujer de la República Democrática del Congo de 26 años que huyó de su país porque su apariencia como ruandesa la ponía en peligro. Ruanda y la República Democrática del Congo han mantenido conflictos armados y la joven era atacada por confundirla con alguien del país enemigo. Después de ser violada por la policía y maltratada por sus compatriotas, decidió huir. Al llegar a Estados Unidos le denegaron el asilo y fue detenida. Un juez le otorgó una protección para que no fuera deportada. Sin avisarla, después de estar un año detenida, fue subida a un avión a Camerún.
Tratados como criminales
Los deportados, que prefieren mantener el anonimato para evitar represalias, han declarado que fueron tratados como criminales por los agentes migratorios de Estados Unidos, que los trasladaron esposados y con grilletes en los pies. Al llegar a Camerún, los detuvieron. Aunque no hay cargos contra ellos en ese país, están privados de la libertad y denuncian las condiciones en las que los mantienen en el centro de detención. “Dicen que no es una prisión, pero solo se diferencia en el nombre. No les permiten salir. No tienen documentación. Y las tres comidas diarias no están aseguradas. Hay días que no les llegan”, afirma Fru. Los detenidos se han quejado de que ha habido días en los que no han recibido ningún alimento hasta bien entrada la tarde. Su situación es dramática y su estado anímico se deteriora con el paso de los días.
Fru visitaba a diario al grupo que llegó en enero, pero ha tenido poco contacto con el segundo grupo, que aterrizó en Yaundé el 16 de febrero. El miércoles pasado le notificaron que sus visitas estaban vetadas y que tendría que solicitarlas a través de la Organización Internacional de Inmigración (IOM), que está a cargo de ellos. “No los he visto en una semana. Así que, si hablan con ellos sin abogado, creo que los están obligando a regresar voluntariamente a sus países. Si ese fuera el caso, Estados Unidos debería haberlo hecho”, dice Fru.
Periodistas detenidos
El Gobierno camerunés quiere mantener el secreto sobre los detenidos. El 17 de febrero, cuando acababa de llegar el segundo grupo de deportados, dos periodistas y dos fotógrafos que acudieron al centro para entrevistarlos fueron arrestados por unas horas. Les confiscaron sus teléfonos y equipos, que solo han recuperado al cabo de una semana de tortuosas gestiones. Uno de los periodistas, Randy Joe Sa’ah, colaborador de la BBC, había acudido al centro con Fru y atendía las explicaciones de este a los recién llegados sobre la posibilidad de pedir la deportación a su país de origen o solicitar el asilo. Los otros periodistas cubrían la información para la agencia AP.
Al darse cuenta de que habían tomado fotos, el administrador del centro confiscó sus teléfonos y equipos y avisó a la policía. Fueron trasladados a una comisaría donde fueron interrogados. Sa’ah estuvo cinco horas detenido y solo este martes recuperó su ordenador portátil y su teléfono. “No he abierto mi ordenador aún porque quiero ser cauteloso. Quiero averiguar antes si han plantado algunos de estos virus antes de poder empezar a usarlos”, explicó a EL PAÍS por teléfono. Sa’ah estima que el detenido mayor superaba los 70 años. “Se veía frágil. Estaba perdido en sus pensamientos”, dice. El periodista dijo que ha sufrido detenciones peores desempeñando su labor informativa, pero su preocupación era que descubrieran información sensible en su ordenador “y que nos acusaran por otra cosa, no por lo que estábamos cubriendo”.
Solo les devolvieron sus pertenencias bajo la promesa de no utilizar el material que habían recopilado en su visita. “Las autoridades camerunesas deben dejar de acosar a los periodistas por hacer su trabajo y respetar el derecho del público a estar informado”, afirmó la directora del Comité para la Protección de los Periodistas para África, Angela Quintal.
Camerún es un país que desde hace años tiene conflictos armados y en el que los derechos y las libertades no están asegurados. “Durante años, partes de Camerún se han visto asoladas por la violencia y el conflicto armado. El gobierno ha reprimido a la oposición y a los medios de comunicación, y grupos armados y fuerzas gubernamentales han cometido abusos generalizados, incluyendo torturas durante la detención. En 2022, documentamos cómo los solicitantes de asilo cameruneses deportados por Estados Unidos sufrieron daños en Camerún tras su regreso”, ha señalado Lauren Seibert, analista de Human Watch Rights en un artículo reciente.
No hay información oficial sobre si el Gobierno estadounidense ha llegado a un acuerdo monetario con Camerún para deportar a migrantes de otras nacionalidades. Sin embargo, un informe reciente del Senado ha revelado que ha pagado al menos 32 millones de dólares a terceros países “incluidos aquellos con antecedentes de corrupción, abusos de los derechos humanos y trata de personas, sin supervisar cómo se utiliza el dinero o si los fondos de los contribuyentes se están utilizando para facilitar la corrupción, abusos de los derechos humanos o trata de personas” para que reciban a migrantes.
La posibilidad de quedarse en Camerún, un país desconocido para los deportados y con la crítica situación en que se encuentra, no es muy halagüeña, pero incluso eso se ha convertido en una opción mejor que la de regresar a sus países. “Está claro que no quieren estar aquí porque nadie les pidió su opinión. Pero es mejor que regresar al país donde enfrentan persecución”, reconoce Fru.
