SANTIAGO (AP) — Chile desplegó el lunes un contingente militar en sectores fronterizos con Perú y Bolivia para frenar la inmigración ilegal mediante controles de identidad, de equipaje y la detención de extranjeros que estén cometiendo delitos, que deberán entregar a la policía en un plazo máximo de 24 horas.
Entre los principales problemas que enfrentó el presidente Gabriel Boric a su llegada al poder hace casi un año está la inmigración descontrolada en el extremo norte chileno. Para regularizar la inmigración el mandatario ha presentado varios proyectos de ley, el último de ellos otorgó facultades a las Fuerzas Armadas para controlar los múltiples pasos ilegales por su porosa frontera norte.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, y el de Defensa subrogante, Gabriel Gaspar, viajaron al poblado de Cariquima, cerca de Colchane, unos 2.000 kilómetros al norte de la capital chilena, para estar presentes en el despliegue de los militares. A su llegada Tohá declaró que el gobierno espera que la presencia militar “tenga un efecto disuasivo”. “No está prohibido entrar a Chile, pero lo que está prohibido es hacerlo por pasos irregulares”, añadió.
Los militares usados para el control fronterizo ya estaban distribuidos en sectores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde se produce la mayor inmigración ilegal, pero no tenían facultades especiales y sólo colaboraban con la policía. El decreto que permite el uso de las Fuerzas Armadas estará vigente por 90 días y es prorrogable con el respaldo del Congreso.
Los militares podrán hacer controles de identidad a personas que sospechen que entraron por pasos irregulares, registrarán los equipajes y si ven indicios de algún delito, precisó Tohá, las detendrán y transferirán a la policía en un plazo máximo de 24 horas.
En casos extremos las Fuerzas Armadas podrán hacer uso de armas de fuego como última opción y luego de cumplir varios pasos previos, entre ellos, advertencias verbales, uso de granadas de humo, gas pimienta, bastones, dispositivos eléctricos, proyectiles de pintura, armamento antidisturbios y hacer disparos de advertencia.
Por su parte, Gaspar explicó que el primer contingente militar fue entrenado por la policía uniformada y que, de ser necesario, se entrenará a nuevos grupos.
El abogado Rodolfo Noriega, de la Fundación Defensoría Migrantes, dijo a The Associated Press que el gobierno lo que hace es “seguir criminalizando la migración”.
Agregó que al haber pasos irregulares custodiados por los militares, lo más probable es que los inmigrantes sin documentos busquen otros que no se usan regularmente o acudan a los traficantes de personas para que los crucen de Perú o Bolivia hacia Chile.
Noriega señaló que actualmente los traficantes cobran entre 30 o 40 dólares por persona por cruzar los tres kilómetros que separan a Pisiga, en Bolivia, de Colchane. Desde hoy, “tendrán mayor oportunidad para poder cobrarles más dinero”, añadió.
Chile reconduce a los inmigrantes ilegales al mismo paso por el que ingresaron pero sólo Perú los acepta, a diferencia de Bolivia que sólo recibe a sus ciudadanos. Tohá reiteró que la cancillería sigue trabajando con La Paz para que reciba a los extranjeros devueltos. Pero las negociaciones son difíciles ya que ambos países sólo mantienen relaciones a nivel consular desde 1978 luego de que Chile rechazó una demanda boliviana de salida al mar que perdió en una guerra en 1879.
Las Fuerzas Armadas ya realizan labores de seguridad en dos regiones del centro sur chileno, La Araucanía y el Biobío, donde patrullan las principales carreteras para evitar atentados provenientes de pequeños grupos indígenas que exigen la devolución de tierras ancestrales. Están presentes desde mediados de marzo y tras su llegada han disminuido los ataques. El contingente en el sur fue posible luego de que Botic decretó estados de emergencias sucesivos en la zona.
En Chile viven casi 1,5 millones de migrantes, incluidos unos 500.000 venezolanos que mayoritariamente regularizaron su situación.
