-Mientras se agrava la crisis migratoria, emergen choques entre sectores de la prensa sobre el rol del periodismo, la defensa de la soberanía y las acusaciones de censura-
Por Luis Rodríguez Salcedo
Santo Domingo.- En medio del creciente debate nacional sobre la situación migratoria y la defensa de la soberanía, varios comunicadores han sido objeto de duras críticas por parte de colegas que los acusan de ser “voceros asalariados” de organismos internacionales como la USAID. En respuesta, algunos de estos periodistas —con trayectoria respetada y larga data en el oficio— han calificado estas denuncias como una “campaña de odio” contra los haitianos y un ataque a la convivencia pacífica entre pueblos hermanos.
Sin embargo, el centro del debate parece ir más allá del discurso público sobre Haití y República Dominicana. Para muchos ciudadanos, estos intercambios reflejan una batalla más profunda: la defensa de la libertad de expresión frente a posibles intentos de silenciar voces críticas, y la legítima preocupación de sectores que reclaman el cumplimiento de las leyes migratorias para preservar el orden, la seguridad y la soberanía nacional.
“Estamos siendo etiquetados de xenófobos por simplemente pedir que se cumpla la ley”, expresan algunos comunicadores que denuncian lo que consideran una campaña de manipulación ideológica disfrazada de defensa de los derechos humanos. Señalan que, lejos de promover odio, su discurso busca alertar sobre una problemática real: la inmigración ilegal y descontrolada, que desafía la capacidad del Estado para garantizar servicios, seguridad y cohesión social.
El choque también revela tensiones dentro del mismo gremio periodístico. Se percibe, según algunos observadores, una lucha de poder donde quienes han sostenido por décadas una posición de influencia mediática, ahora se sienten cuestionados por nuevas voces que, con valentía y argumentos, abordan temas sensibles sin el filtro de lo “políticamente correcto”.
Además, preocupa que este ambiente de confrontación coincida con el impulso desde el gobierno y de una posible “ley mordaza” que, según diversas organizaciones de la sociedad civil, podría coartar derechos fundamentales como el de informar, disentir y fiscalizar al poder.
La sociedad dominicana, democrática por vocación y plural por naturaleza, no puede permitirse caer en la trampa de reducir el debate a etiquetas ideológicas. Es momento de abrir un diálogo franco, donde se respeten las diferencias, se priorice la verdad y se defienda tanto la libertad de expresión como el imperio de la ley.
En definitiva, el periodismo —como lo consagra nuestra Constitución— debe ser un instrumento de servicio público, no una herramienta de censura ni de propaganda. Lo contrario pondría en riesgo no solo el ejercicio libre del oficio, sino también la salud de nuestra democracia y nuestra soberanía.
