Los carros que pasaban por la avenida principal de Durán, una pequeña ciudad de Ecuador que colinda con Guayaquil, esquivaban un bulto que pendía con una cuerda del puente que está a la entrada, era el cuerpo de un hombre con el torso desnudo. Su cabeza casi tocaba el asfalto. Más arriba, otro cadáver estaba suspendido, con las manos atadas en la espalda y una soga al cuello. Ambos tenían signos de haber sido torturados. Era 14 de febrero de 2022 y por primera vez Ecuador reportaba noticias sobre cuerpos colgados en puentes. Por primera vez aceptó el mensaje: el crimen organizado había traspasado los muros de las cárceles y estaba en las calles con una violencia que este país sudamericano jamás había experimentado. Aquella escena provocó miedo y silencio.
Para ese entonces los muertos por crímenes violentos ya se contaban por miles, 2.500 el año pasado. Después de ese episodio, la ola de violencia tomó dimensiones incontrolables bajo la única fórmula que ha aplicado el Gobierno para combatir la expansión del crimen, que ha sido decretar estados de excepción para que los militares también tomen el control de la seguridad pública en la calles junto a la policía.
Los datos muestran el fallido resultado. Solo en el 2022, el país pasó militarizado 165 días bajo cuatro estados de excepción decretados por el presidente, Guillermo Lasso. Ese mismo año, el país cerró con la tasa de homicidios más alta de su historia, 26 crímenes por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.
Los ecuatorianos no habían vivido nunca antes esos índices de violencia. Antes de 2019, las muertes violentas no llegaban ni a mil. La policía se dedicaba sobre todo a patrullar las calles para tratar delitos menores como robo de celulares y riñas callejeras. Las ciudades vibraban con fiestas a santos y fechas cívicas. El clima siempre había ayudado al comercio a mantenerse activo hasta tarde. La violencia nunca había escalado a límites que encerraran a la gente en las casas, obligaran a los negocios a cerrar o a suspender las clases en los colegios, como ocurre ahora.
Con 4.200 muertes violentas en lo que va de año, Ecuador está próximo a superar su propio récord. Al ritmo actual, para finales de este año podría alcanzar una tasa de criminalidad de 40 homicidios por 100.000 habitantes, ubicándolo entre los países más violentos del mundo.
El discurso del Gobierno de Lasso fue, por mucho tiempo, que los crímenes correspondían a una lucha de territorio entre bandas criminales, reduciendo el problema a que los que morían eran delincuentes. Pero las cifras de otros delitos comunes no encajan con la narrativa del Ejecutivo. Los ecuatorianos viven día a día el terror de ser extorsionados y secuestrados. Según la Fiscalía General del Estado, entre enero de 2022 y junio de este año ha registrado 15.671 denuncias de extorsión y 1.556 por secuestro, de las cuales, solo 59 casos han culminado en condena. El 90% continúa en la primera etapa judicial de investigación previa.
Los centros de operaciones del crimen se concentran en las cárceles, donde están los cabecillas de los grupos delictivos que predominan en las calles de Ecuador. Los pabellones de los centros penitenciarios están divididos por banda criminal, donde los reclusos tienen acceso a todo: comunicación satelital, drones, alcohol, gimnasio, droga, dinero, armas de todo calibre, miles de municiones, explosivos, incluso tienen los privilegios de festejar los cumpleaños de los líderes con juegos pirotécnicos. “Las cárceles, por un lado, son centros de castigo y, por otro, escuelas de tácticas delincuenciales”, describe en un informe la Comisión de Diálogo Penitenciario conformada por el Gobierno en uno de los intentos de pacificar las prisiones.
Los altos niveles de criminalidad están acompañados por la corrupción y la impunidad. Después de la última masacre carcelaria en la Penitenciaría del Litoral el 25 de julio, las Fuerzas Armadas hicieron un operativo en el que decomisaron más de 30.000 municiones, armas, granadas… Una imagen que se repite.
Por primera vez, los operativos tocaron las oficinas administrativas de la institución del Estado responsable de las cárceles. Los militares abrieron los techos y encontraron armas, fusiles, municiones, droga y dinero.
La Fiscalía además procesó a nueve funcionarios, entre esos el director del centro de reclusión. “Si no se hace mecanismos de supervisión externa a Policía y Fuerzas Armadas el crimen organizado va a seguir infiltrándose hasta el tuétano”, dice Luis Córdova, coordinador del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador.
El asesinato a tiros del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio ha puesto el foco en las acciones del Gobierno, que atribuye la expansión de la violencia a que la criminalidad dejó de estar bajo la hegemonía de una banda conocida desde la década de los noventa como Los Choneros, conformada por sicarios entrenados en los alrededores de la población de Chone, que está en la provincia costera de Manabí.
En diciembre de 2020 el cabecilla de este grupo delictivo, alias Rasquiña, fue asesinado, a pocos meses de haber salido de prisión después de ser sentenciado por asesinato, por fuga del centro de máxima seguridad y por ingresar objetos prohibidos en la cárcel. Sin embargo, una jueza decidió que podía terminar de cumplir su sentencia afuera. Sin la cabeza que coordinaba a miles de choneros que pertenecían a la banda, la pugna por asumir el liderazgo desangró las cárceles donde estaban recluidos quienes finalmente asumieron la sucesión, alias Fito y ‘Jr’. Este último fue asesinado en mayo en Colombia después de haber conseguido la prelibertad.
Los Choneros se dividieron en otras bandas como Los Lobos, Tiguerones, Chone Killers, que son los que en busca de poder y territorio siembran el terror en distintas ciudades del país.
“La penetración del crimen organizado no vino de la noche a la mañana, tiene muchísimas aristas”, declaró el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, horas después del crimen del candidato presidencial Villavicencio, que ha conmocionado a Ecuador. El ministro confía en que la estrategia del Estado en la guerra contra la delincuencia ofrezca resultados “obviamente con responsabilidades del Gobierno a la cabeza, por supuesto, nadie las ha desligado. Pero hay involucramiento, Fuerzas Armadas, tema judicial, son muchas cosas y se está trabajando”.
CAROLINA MELLA/EL PAIS
