El curso político de 2025 comenzará con una cita que sitúa a la izquierda latinoamericana en un profundo dilema. El inicio del nuevo período presidencial en Venezuela, fijado para el 10 de enero, enfrenta al actual mandatario, Nicolás Maduro, y al candidato opositor, Edmundo González. Ambos reivindican el triunfo en las elecciones del pasado 28 de julio, pero el líder chavista se proclamó ganador sin mostrar ninguna prueba del resultado, mientras que su contrincante, perseguido y hoy asilado en España, lo hizo mostrando las actas que le otorgan una amplia victoria. Las fundadas sospechas de fraude invalidan, a ojos de las principales instancias internacionales, la toma de posesión de Maduro. Sin embargo, este lunes dos gigantes de la región, México y Colombia, han manifestado su respaldo al sucesor de Hugo Chávez al confirmar que enviarán una representación a la investidura.
La decisión de Claudia Sheinbaum y de Gustavo Petro supone un giro respecto a su posición inicial. La presidenta mexicana aseguró tras asumir el cargo el pasado octubre que su Gabinete mantendría una postura “imparcial” ante la crisis venezolana. El caso de Petro es aún más nítido, ya que el mandatario colombiano intentó impulsar junto a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el Gobierno mexicano un frente común para tratar de mediar en la disputa postelectoral. En agosto, cuando Andrés Manuel López Obrador aún seguía en el poder, los tres países exigieron una verificación independiente de los resultados. No sucedió, ya que los órganos que declararon ganador a Maduro dependen directamente del aparato gubernamental. Días después, esta suerte de G-3 insistió en su petición al considerar “fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 desglosados por mesa de votación”. Pero tampoco sucedió.
El respaldo a Maduro es, en todo caso, un aval de mínimos y eminentemente simbólico. Es decir, no está previsto que ni los jefes de Estado ni figuras de primer orden en el Ejecutivo acudan a Caracas. “Va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela”, dijo Sheinbaum. El enviado de Petro será el jefe de la legación diplomática en el país vecino, Milton Rengifo. Salir en una foto con el dirigente bolivariano, que en los últimos meses ha profundizado la represión contra sus adversarios, justo en el momento en el que se consuma su perpetuación en el poder es un trago que los líderes de la izquierda democrática prefieren no asumir.
La situación de Colombia, hogar desde hace años de millones de venezolanos que decidieron irse en busca de oportunidades, es especialmente compleja. Una de las primeras decisiones de Petro al asumir el cargo en agosto de 2022 fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Gobierno chavista. Los vínculos culturales, económicos y comerciales entre los dos países complican cualquier decisión diplomática. A eso se añade que el presidente colombiano es el primer político nítidamente de izquierdas en ocupar la Casa de Nariño en la historia reciente. Petro ha criticado en repetidas ocasiones la deriva de Maduro. “Miren lo que pasa en Venezuela, que ya no saben si es democracia o revolución, ya el pueblo no los quiere”, afirmó a principios de diciembre. Sin embargo, no ha acabado de romper con él y, de hecho, los dos se han reunido en seis ocasiones. Con estos mimbres, el planteamiento de Bogotá es, en línea con la sugerencia del exmandatario Ernesto Samper, el de mantener un vínculo con Caracas de carácter institucional, como corresponde entre Estados más que entre Gobiernos.
Maduro tampoco ha escatimado dardos contra Petro, recordándole hace semanas que “todo el que mal ha hablado de Venezuela, se ha secado”. Sin embargo, en los últimos meses ha concentrado sus ataques contra Lula. Esas embestidas han llegado sobre todo a través de su entorno de confianza, como Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, o el fiscal general, Tarek William Saab. Ambos sugirieron que el presidente brasileño o el veterano diplomático Celso Amorim, estrecho colaborador de su Gobierno, son agentes de Washington. El Gobierno los desautorizó, pero la relación bilateral sigue en horas bajas. Brasilia aún no ha confirmado el formato de su participación en la investidura del 10 de enero, aunque tras los encontronazos de los últimos meses todo apunta, en el mejor de los casos, a una delegación de segundo nivel.
El Gobierno progresista que sí ha roto puentes con Caracas y que tiene las relaciones diplomáticas congeladas es el de Gabriel Boric. El joven presidente lidera desde hace años las críticas contra las violaciones de los derechos humanos del chavismo, la semana pasada escuchó las peticiones de María Corina Machado sobre la importancia de un reconocimiento pleno de Edmundo González -que prometió volver a Caracas para asumir el cargo- y fue uno de los líderes latinoamericanos en hablar abiertamente de fraude después de las elecciones. Pero el equilibrio de fuerzas en la izquierda regional ha allanado de momento el camino a un tibio reconocimiento de Maduro.
