EDITORIAL: El Gran Teatro del Poder Judicial (y la orquesta que sigue tocando mientras el barco se hunde)
Hace unos días, Ronald Glass —un nombre que, curiosamente, suena a material frágil pero que aquí ha actuado como un martillo contundente— nos recetó una verdad incómoda sobre nuestro sistema de justicia. Y vaya si dolió. Dolió porque no vino cargada de la típica retórica opositora de turno, sino de un análisis que desnuda una realidad que muchos en Ciudad Nueva y en el Centro de los Héroes prefieren ignorar mientras se ajustan la toga: la justicia dominicana se está vaciando por dentro.
Es el arte de la simulación elevado a política de Estado.
Por fuera, el edificio es imponente. Hay mármol, hay aire acondicionado, hay paneles de vidrio donde se proyectan discursos sobre «modernización», «mecanismos de transparencia» y, por supuesto, la sagrada «independencia judicial». ¡Faltaba más! Se firman protocolos, se anuncian reformas con bombos y platillos, y se imprimen folletos satinados sobre la ética del servidor público. Es una puesta en escena maravillosa. Si la justicia fuera un premio Oscar, ya tendríamos la estatuilla por «Mejor Diseño de Producción».
Pero apague las luces, baje la música y mire detrás del telón.
Allí, donde no llegan las cámaras ni los discursos de autocomplacencia, lo que describe Glass es un ecosistema en estado de osteoporosis avanzada. Un sistema que ha decidido, quizás deliberadamente o por una negligencia criminal, desactivar sus propios anticuerpos.
¿La Inspección Regional? Desmantelada o reducida a su mínima expresión logística. Porque claro, es mucho más cómodo controlar todo desde una oficina refrigerada en Santo Domingo que tener inspectores con ojos y oídos en el terreno, esos molestos supervisores que podrían detectar una irregularidad antes de que se convierta en un escándalo mediático. Al centralizar el control, lo que se ha descentralizado es la impunidad. Si el árbitro decide no pitar las faltas en las provincias, ¿quién es el guapo que va a jugar limpio?
Y cuando la Inspección milagrosamente actúa y logra sancionar a un juez —ese tipo de funcionario que, según la mitología constitucional, es intocable—, el teatro continúa. Los expedientes disciplinarios, esos que deberían ser blindados, parecen diseñados por un pasante en su primer día de Derecho Penal. Se caen por «fallas procesales», por «insuficiencia en la sustentación jurídica», o simplemente se ahogan en un mar de dilaciones que harían sonrojar al mismísimo Kafka.
El resultado es un mensaje letal y pedagógico. El juez honesto aprende que la institución no lo protege. El ciudadano aprende que nada termina de verdad. Y el juez corrupto aprende la lección más valiosa de todas: que, si por casualidad lo atrapan, el propio sistema le dejará una ventana abierta para escapar.
Esto no es solo un problema técnico de códigos y plazos. Es una fractura moral que se traduce en un cálculo económico muy frío.
¿Seguridad jurídica? No nos hagan reír. Pregúntele a cualquier inversionista extranjero —o local, que esos también lloran— qué pasa cuando surge una disputa. Lo que buscan es predictibilidad, competencia y resistencia a las presiones. Lo que encuentran es un pantano procesal donde la ley deja de ser una espada de la justicia y se convierte en el refugio del actor con más recursos, mejores conexiones y más paciencia estratégica para convertir el procedimiento en un laberinto sin salida.
La «independencia judicial», esa frase que se usa como escudo ante cualquier crítica, no puede seguir siendo un sinónimo elegante de «inmunidad corporativa». La independencia existe para proteger al juez probo del político que llama a medianoche o del empresario que envía un cheque. No existe para blindar al juez que vende sentencias o que permite que la mora judicial devore los derechos de la gente.
El análisis de Glass no es una impugnación global contra todos los jueces dominicanos. Hay magistrados serios, capaces y honestos, y es precisamente por respeto a ellos que no podemos callar esta verdad incómoda. Porque cuando el sistema de control interno se debilita, cuando las sanciones se vuelven erráticas y cuando el debido proceso se usa como herramienta para la impunidad, lo que emerge no es solo una «deficiencia administrativa». Emerge la sospecha de una institución funcionalmente disminuida, corroída por islas de permisividad y un debilitamiento deliberado de sus propios controles.
La República Dominicana puede tener todo el crecimiento económico, el turismo y la estabilidad macroeconómica que quiera presumir en los foros internacionales. Pero si el árbitro del juego pierde la credibilidad, el terreno entero se vuelve incierto. Y la historia —esa que no se deja impresionar por discursos ni por mármoles pulidos— rara vez absuelve a las instituciones que confundieron el prestigio de la fachada con la impunidad que reinaba en su interior.
Es hora de dejar de maquillar el cadáver y empezar a salvar el cuerpo.
-Ronald Glass es un analista enfocado en temas de institucionalidad y Estado de derecho, con una mirada que privilegia lo estructural sobre lo coyuntural. Su estilo combina sobriedad técnica con observación crítica, abordando la justicia no solo como sistema legal, sino como pilar de estabilidad política y económica-
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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