CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Durante gran parte de la errática campaña presidencial en Guatemala, las autoridades electorales y judiciales parecieron decididas a limitar las opciones de los votantes a una gama de aspirantes que probablemente no sacudirían un sistema político corrupto y a mantener fuera de la boleta a los postulantes vistos como una amenaza.
La estrategia pareció funcionar, al menos en parte. Un mes antes de la primera vuelta de junio el candidato que encabezaba las encuestas fue excluido de la contienda y la tres veces candidata y ex primera dama Sandra Torres, aliada del presidente saliente Alejandro Giammattei, logró ubicarse primera y alcanzar el balotaje del próximo domingo.
Pero hubo un candidato que hizo campaña contra el sistema que pasó tan desapercibido que nadie le prestó atención hasta que terminó segundo en la votación. Ahora Bernardo Arévalo se enfrentará a Torres y las últimas encuestas sugieren que le podría ganar por una amplia diferencia.
El éxito del diputado Arévalo causó inquietud en las autoridades. Casi de inmediato, la Corte Suprema de Justicia ordenó una segunda revisión del recuento de votos, la oficina de la Fiscal General anunció una investigación del Movimiento Semilla, que impulsa a Arévalo, y un juez suspendió brevemente el estatus legal del partido.
Torres lanzó una feroz campaña para la segunda vuelta pintando al legislador e hijo del expresidente Juan José Arévalo (1945-1951) como una amenaza de la izquierda radical, un hombre empeñado en instalar un régimen comunista totalitario.
Para algunos votantes eso hizo la elección aún más clara: en su intento por crear un Arévalo a esa medida, Torres elevó su estatus como un candidato novedoso y una amenaza para un sistema que la mayoría de los guatemaltecos están desesperados por erradicar.
“Lo que nos estamos jugando el domingo es la sobrevivencia de nuestra democracia”, dijo la politóloga Marielos Chang al explicar que Guatemala podría volverse como otros países de Centroamérica donde se simula la democracia a través de las elecciones mientras se erosionan las instituciones.
Torres, candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza, saltó a la palestra pública en 2008 de la mano de su entonces esposo y presidente guatemalteco Álvaro Colom (2008-2012). Durante el mandato de Colom, fallecido en 2023, administró programas de apoyo a familias pobres que ahora son la punta de lanza de su campaña, que incluye la entrega de bolsas solidarias de víveres a grupos vulnerables y la reducción de impuestos a la canasta básica.
La percepción de los guatemaltecos es que las élites política y económica son corruptas y su confabulación con el crimen organizado aumentó después de que en 2019 el entonces presidente Jimmy Morales puso fin a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una misión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas.
Desde entonces la administración de Morales y ahora la de Giammattei cooptaron el sistema de justicia y usaron al Ministerio Público contra aquellos que lideraron la lucha anticorrupción. Más de dos docenas de fiscales y jueces han huido al exilio.
En este marco, el gobierno de Estados Unidos sancionó a la fiscal general Consuelo Porras y a su fiscal Anti Impunidad Rafael Curruchiche por presunta participación en “corrupción significativa y socavar la democracia del país”. Curruchiche ha liderado la persecución judicial contra el partido de Arévalo.
Las encuestas publicadas esta semana dan a Arévalo un amplio margen sobre Torres.
En el cierre de su campaña el miércoles por la noche, Arévalo dijo a miles de personas reunidas en la plaza central de la capital que “no nos van a ver venir, vamos a ser la sorpresa. Un pueblo que reclama su dignidad no puede ser detenido”.
Edgar Ortiz, director legal de la Fundación Libertad y Desarrollo, con sede en Guatemala, dijo que según el sondeo su grupo casi la mitad de los encuestados tenía una opinión desfavorable de Torres. Sus ataques a Arévalo no han resonado porque los votantes tienen la intención de castigar a los partidos tradicionales, agregó.
Eso es menos cierto entre los votantes de mayor edad y los más pobres de las zonas rurales, que constituyen la base de apoyo de Torres. Muchos de ellos recuerdan las bolsas gratuitas de alimentos que recibían cada mes cuando ella era la primera dama y supervisaba los servicios sociales del país. También les preocupa la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto, algo que han escuchado de Torres difundir sobre Arévalo.
Unos días antes de la votación, Dora Hernández todavía piensa su decisión. Ella fue una de las que ayudó a Arévalo a llegar a la segunda vuelta votando por él por su promesa de perseguir a los corruptos.
“Con ese candidato Guatemala puede ser transformada”, recordó haber pensado. Sin embargo, recientemente escuchó a Torres decir que Arévalo era una amenaza para las familias guatemaltecas. Hernández es esposa de un ministro anglicano y no apoya el matrimonio igualitario.
“No sabemos si en realidad fue porque el otro partido está haciendo una gran campaña negativa con eso o es que hay un trasfondo de realidad”, dijo el ama de casa de 46 años originaria del municipio de Gualán en el departamento de Zacapa, un pueblo en el oriente de Guatemala.
En la zona rural donde vive todos apoyan a Torres, dijo, porque son pobres y ella ha prometido bolsas de comida y otras ayudas. Pero también tienen dudas sobre la ex primera dama.
Esta semana la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala -que participaron en la guerra civil de 1960 a 1996- respaldó a Torres y consideró al Movimiento Semilla una amenaza para la democracia guatemalteca. Paradójicamente, casi lo mismo dijeron de Torres cuando se postuló a la presidencia en 2015 y 2019, por lo que su rotundo cambio de opinión ha sembrado dudas.
El empresario Javier Zepeda se interesó inicialmente por el empresario Carlos Pineda, cuya candidatura junto a las de todo su partido fueron anuladas por los tribunales apenas un mes antes de la primera vuelta electoral cuando las encuestas lo señalaban como favorito. Con Pineda fuera, Zepeda votó por Arévalo, el otro candidato que prometía cambiar el sistema.
Zepeda, de 39 años, remarcó el aumento de la delincuencia y el costo de vida y relató que su automóvil fue robado recientemente y que la policía no hizo nada después de tomar su denuncia.
Los intentos de Torres de mostrar a Arévalo como una amenaza son sólo “política”, dijo Zepeda, quien vio el debate de los candidatos televisado esta semana y quedó satisfecho con que Arévalo dijera que no tenía intención de hacer cambios que afectaran los valores sociales conservadores de Guatemala.
Aún así, Torres es la política más conocida del país y ha construido una fuerte estructura mediante alianzas con alcaldes oficiales y políticos locales que le han ofrecido su ayuda para ganar la presidencia. Sin embargo, el amplio margen de Arévalo que muestran las encuestas más recientes podría dificultarle activar esa red el domingo.
“¿Qué incentivos tienen los alcaldes de otros partidos… para movilizar personas y votantes hacia una candidata que lo que nos dicen las encuestas es la que no va a ganar?”, se preguntó la politóloga Chang.
