Cinco muertos en Santiago: ¿intercambio de disparos o ejecución?

Familiares y comunidad exigen verdad tras operativo policial en La Barranquita

Por la Redacción de TeclaLibre 

Los hechos

El miércoles por la tarde, la avenida Olímpica del sector La Barranquita en Santiago se convirtió en escenario de sangre y confusión. La Policía Nacional informó de un “intercambio de disparos” en una plaza comercial que dejó como saldo cinco hombres muertos e, irónicamente, un agente herido en medio de la supuesta refriega.

Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (“el Charly”), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. La versión oficial sostiene que se trataba de miembros de una “estructura criminal peligrosa” dedicada al narcotráfico, robo y otros delitos.

La institución dijo haber ocupado armas de fuego en la escena. Sin embargo, la narrativa policial presenta grietas que la comunidad y las familias no tardaron en cuestionar.

El Ministerio de Interior y Policía anunció la suspensión inmediata de los agentes involucrados, quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En un comunicado, la institución prometió llevar las investigaciones “hasta las últimas consecuencias” y aseguró que “no habrá impunidad”.

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso ordenó a la fiscal de Santiago, Quirsa Abreu, y al director de Persecución encabezar el proceso. En sus palabras: se debe establecer “las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso y proceder conforme al resultado de la investigación”.

Hasta aquí, el libreto parece de manual: suspensión, investigación y promesas de transparencia. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado la misma melodía?

Mientras la Policía defendía su relato de un tiroteo con delincuentes, los familiares de dos de los fallecidos denunciaron un guión distinto, con tintes de ejecución extrajudicial.

José Vladimir Valerio Estévez, peluquero de profesión, habría sido sorprendido cuando abría su barbería. Al escuchar disparos, corrió asustado, según relataron testigos, pero fue alcanzado. Elvis Antonio Martínez Rodríguez, cliente habitual, también cayó en el tiroteo.

Los parientes sostienen que ninguno tenía vínculos con bandas criminales. Peor aún, aseguran que los agentes “saquearon la peluquería, se llevaron dinero, máquinas, discos duros de las cámaras de seguridad y hasta un vehículo aparcado, todo sin orden judicial”.

Como si no bastara, denuncian que se colocaron armas en manos de los fallecidos. La frase que más circula entre los dolientes es lapidaria: “Si era peluquero, ¿por qué no le colocaron una máquina de cortar pelo en vez de una pistola?”

Este no es un caso aislado. En República Dominicana abundan las denuncias de supuestos “intercambios de disparos” que terminan con jóvenes muertos, casi siempre en barrios populares. La narrativa oficial suele ser la misma: persecución, enfrentamiento, ocupación de armas y drogas. El resultado, también: víctimas sin voz y familias acusando montaje.

La diferencia en este caso es el nivel de exposición: ocurrió en una plaza comercial, a plena luz del día, en la segunda ciudad del país. La indignación se multiplica y las redes sociales hierven con videos, testimonios y exigencias de justicia.

La suspensión de los agentes es un paso inicial, pero los escépticos recuerdan que muchas veces estos procesos terminan en nada. La pregunta que resuena es: ¿habrá condenas reales o solo un expediente más archivado en el olvido judicial?

El hecho de que la propia Procuraduría haya asumido el caso con su plana mayor indica la magnitud política y social del problema. La presión mediática y comunitaria podría empujar a que este no sea “un caso más”.

Aqui estan en juego tres cosas:

La credibilidad de la Policía Nacional, ya golpeada por una larga lista de denuncias de abusos. La legitimidad del Ministerio Público, que debe demostrar si realmente existe independencia en sus actuaciones. Y la confianza ciudadana en el Estado de derecho.

La comunidad de Santiago exige respuestas claras: ¿hubo un tiroteo real o una ejecución disfrazada? ¿Qué pasó con los discos duros de las cámaras? ¿Por qué se llevaron vehículos sin orden judicial?

Lo ocurrido en La Barranquita no es solo un caso policial, es un síntoma del déficit de institucionalidad en República Dominicana. Una Policía que dispara primero y explica después, y un Ministerio Público que llega tarde a la escena.

El relato oficial huele a libreto repetido; el de los familiares, a dolor genuino y rabia. Entre ambos, la verdad sigue escondida tras los casquillos y los comunicados.

La pregunta de fondo no es si hubo cinco muertos en Santiago —eso es un hecho—, sino si la Policía mató a cinco delincuentes o asesinó a cinco ciudadanos.

La diferencia, en términos de Estado de derecho, es abismal.

-Luis Rodriguez Salcedo, para TeclaLibre-

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