Medusa vuelve a rugir: Camacho acusa a Jean Alain de mentir… y Jean Alain responde que el expediente es “un laberinto”
Wilson Camacho acusa al exprocurador Jean Alain Rodríguez de mentir y retrasar el juicio del Caso Medusa. El ex funcionario responde que el Ministerio Público ha violado el debido proceso y que el expediente es “abultado y confuso”. TeclaLibre contrasta ambas posiciones.
Choque frontal: Wilson Camacho dice que Jean Alain Rodríguez “huye de las pruebas como el diablo a la cruz”. El exprocurador replica que el Ministerio Público dilata el proceso y vulnera su derecho de defensa. Análisis completo.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, volvió a encender el debate judicial este miércoles al acusar al exprocurador Jean Alain Rodríguez de mentir de manera reiterada y de intentar retrasar el proceso judicial que enfrenta por presuntos actos de corrupción.
A su salida del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Camacho fue tajante:
“Espero que en algún momento encuentre algo de valor para enfrentar las pruebas de este proceso, que es a lo que él les huye como el diablo a la cruz”.
La frase no fue casual. Es la narrativa que el Ministerio Público ha mantenido desde hace meses: que la defensa del exprocurador estaría más concentrada en incidentes procesales que en debatir el fondo de las acusaciones.
El proceso forma parte del denominado Caso Medusa, una investigación que acusa al exprocurador y a varios coimputados de integrar un entramado de corrupción administrativa durante su gestión (2016-2020).
El Ministerio Público sostiene que el grupo habría manejado irregularmente miles de millones de pesos mediante:
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Alegadas irregularidades en contrataciones públicas.
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Supuestos sobornos y sobrevaluaciones.
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Manejo discrecional de fondos institucionales.
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Estructuración de una red administrativa para desviar recursos.
Para la Fiscalía, el expediente es robusto y cuenta con pruebas documentales, testimoniales y periciales suficientes para sostener las imputaciones en juicio.
Pero la historia no se queda ahí.
Desde el otro lado del estrado, Jean Alain Rodríguez sostiene que el verdadero problema no es la falta de voluntad para enfrentar pruebas, sino la forma en que se ha construido y manejado el expediente.
Su defensa ha planteado que:
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El proceso ha sufrido retrasos atribuibles al propio Ministerio Público.
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La acusación es “abultada, confusa e ininteligible”, con miles de páginas y archivos digitales que dificultan un análisis ordenado.
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Se han producido presuntas fallas en la entrega y organización de pruebas.
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Se ha vulnerado el derecho al debido proceso y al plazo razonable.
Rodríguez insiste en que no ha evadido audiencias ni ha buscado dilaciones indebidas, y que lo que exige es un juicio justo, transparente y con reglas claras.
Uno de los puntos más sensibles del debate es el tiempo.
El caso lleva más de cinco años en el sistema judicial sin que se haya desarrollado plenamente el conocimiento del fondo en un juicio definitivo. Para la defensa, esto constituye una afectación al derecho a un proceso en plazo razonable.
Para la Fiscalía, en cambio, los retrasos obedecen a recursos, incidentes y estrategias de la defensa que —según su lectura— buscan ganar tiempo.
Ahí está el corazón del conflicto:
¿Estrategia dilatoria o defensa técnica legítima?
En el fondo, el Caso Medusa no solo es un expediente penal. Es también una batalla simbólica.
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Para el Ministerio Público, representa la consolidación de una política de persecución contra la corrupción administrativa del pasado.
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Para la defensa del exprocurador, es un proceso sobredimensionado que busca construir una narrativa política antes que jurídica.
Y mientras el país observa, el caso se convierte en termómetro de algo mayor: la credibilidad del sistema de justicia dominicano.
TeclaLibre analiza
El intercambio verbal entre Camacho y Jean Alain no es simple retórica. Refleja dos visiones opuestas del mismo proceso:
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La Fiscalía asegura tener pruebas sólidas y acusa al imputado de rehuir el debate de fondo.
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El exprocurador denuncia irregularidades procesales y cuestiona la estructura misma del expediente.
En términos estrictamente jurídicos, será el tribunal quien determine si hubo dilación indebida o si los recursos presentados eran necesarios para garantizar derechos fundamentales.
En términos políticos y sociales, el caso sigue siendo una prueba de fuego para el discurso anticorrupción y para el equilibrio entre persecución penal y garantías constitucionales.
El avance hacia el conocimiento pleno del juicio marcará el próximo capítulo. Si el tribunal logra encauzar el proceso hacia el debate probatorio, el país podrá empezar a ver con claridad si el Caso Medusa es el mayor símbolo de lucha contra la corrupción… o el más complejo laberinto procesal de los últimos años.
Mientras tanto, la frase queda flotando en el aire judicial dominicano:
¿Quién huye de qué?
¿Qué opina usted?
¿Estamos ante una estrategia dilatoria o ante un expediente que debe ser revisado con lupa?
Comente, comparta y siga leyendo en TeclaLibre.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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