SANTO DOMINGO.- La recién electa Procuradora General de la República, Lic. Yeni Berenice Reynoso, enfrenta, según diversos juristas, una serie de desafíos y objetivos clave que requieren su atención prioritaria para fortalecer el sistema de justicia dominicano.
El abogado César Amadeo Peralta plantea la necesidad de establecer una Dirección Nacional especializada en combatir los fraudes inmobiliarios, las falsificaciones en la jurisdicción inmobiliaria, las estafas y las invasiones de propiedades.
Dice que esta entidad debería contar con alcance nacional, personal capacitado —incluso contratado específicamente para ello— y plenas facultades para investigar, perseguir y llevar ante la justicia a quienes engañan a familias y ciudadanos, incluidos aquellos en el extranjero que invierten en el país solo para ser víctimas de estafadores.
Peralta subraya que estas redes delictivas a menudo operan con impunidad, beneficiándose de leyes desactualizadas, la ineficiencia de algunos miembros del Ministerio Público y la complicidad de actores dentro del sistema judicial que protegen a los falsificadores y se reparten las ganancias ilícitas.
Por su parte, el abogado Danilo Lapaix enfatiza la importancia de gestionar un presupuesto adicional para la Procuraduría General que permita un arranque sólido. Propone un aumento inmediato de sueldos para fiscales y empleados del Ministerio Público, ajustado al costo de la canasta familiar, junto con compensaciones como combustible y otras necesidades básicas.
Además, urge agilizar el sistema de pensiones y jubilaciones para los servidores públicos, utilizando las aportaciones de los propios miembros como fuente de financiamiento, sin más demoras. Lapaix también señala la precariedad logística en muchas oficinas del Ministerio Público, donde faltan desde lápices y papel hasta fotocopiadoras, herramientas esenciales para preparar medidas de coerción, acusaciones y recursos judiciales.
El abogado José Nicomedes Peralta, a su vez, destaca la urgencia de impulsar en el Congreso la aprobación de los Códigos Penal y Procesal Penal, consultando a los abogados en ejercicio. Argumenta que las leyes actuales facilitan la impunidad, permitiendo que los delincuentes eludan responsabilidades gracias a lagunas legales que nadie ha corregido, perpetuando un modelo que socava la justicia dominicana.
Asimismo, recomienda fortalecer la Inspectoría del Ministerio Público con personal competente y ético, ya que este organismo, lejos de cumplir su rol investigativo, ha servido históricamente para encubrir a fiscales involucrados en actos ilícitos, contribuyendo así a la impunidad interna.
Finalmente, el abogado Pablo Arredondo Germán aboga por una defensa más efectiva de la propiedad privada, enfrentando a políticos corruptos y falsificadores que usurpan terrenos del Estado, especialmente en zonas turísticas. Estas prácticas, asegura, han dañado gravemente la seguridad jurídica y el atractivo para inversionistas, afectando el desarrollo económico del país.
En síntesis, las propuestas de estos juristas coinciden en la necesidad de una reforma profunda en el Ministerio Público, que abarque desde la lucha contra el crimen organizado y la corrupción hasta mejoras en la infraestructura, el presupuesto y el marco legal, para garantizar una justicia más eficiente y confiable en la República Dominicana.
