Este miércoles 26 de febrero de 2025, las principales agencias de noticias internacionales, Associated Press (AP), Bloomberg y Reuters, emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su profunda preocupación por una decisión reciente de la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump.
Esta decisión implica que el gobierno ahora asumirá el control de seleccionar qué periodistas y medios de comunicación pueden cubrir de cerca al presidente»2, rompiendo con una tradición de décadas en la que la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) organizaba de manera independiente el «pool» de prensa encargado de seguir al presidente y reportar sus actividades al público estadounidense y al mundo.
Históricamente, el sistema de «press pool» en Estados Unidos ha funcionado como un mecanismo para garantizar que un grupo reducido y rotativo de periodistas, representando a diversos medios (televisión, radio, prensa escrita, agencias de noticias y fotógrafos), tenga acceso a eventos presidenciales en espacios limitados, como la Oficina Oval o Air Force One. Este grupo comparte luego su cobertura con el resto de los medios, asegurando transparencia y un acceso equitativo a la información.
La WHCA, una organización no gubernamental formada por periodistas que cubren la Casa Blanca a tiempo completo, ha sido la encargada de coordinar este proceso, manteniendo una independencia que se considera esencial para evitar la interferencia del gobierno en la prensa.
El cambio anunciado por la Casa Blanca, liderada por la portavoz Karoline Leavitt, significa que el gobierno de Trump decidirá directamente qué medios y reporteros participarán en este «pool». Este movimiento se produce en un contexto de tensiones previas entre la administración Trump y ciertos medios de comunicación, incluyendo el caso notable de la exclusión de AP de eventos oficiales desde el 14 de febrero de 2025. Dicha exclusión se originó como represalia porque AP se negó a adoptar el término «Gulf of America» —impuesto por Trump mediante una orden ejecutiva para renombrar el Golfo de México— en lugar de seguir usando el nombre internacionalmente reconocido.
Las tres agencias de noticias, que hasta este mes eran miembros permanentes del «pool» de prensa, calificaron esta decisión como una amenaza directa a la libertad de prensa y al principio de acceso público a información independiente sobre el gobierno. En su comunicado, los editores de AP, Bloomberg y Reuters declararon: «Es esencial en una democracia que el público tenga acceso a noticias sobre su gobierno desde una prensa libre e independiente.
Creemos que cualquier paso del gobierno para limitar el número de agencias de noticias con acceso al presidente amenaza ese principio». Además, señalaron que esta medida perjudica la difusión de información confiable a nivel nacional e internacional, afectando a comunidades, empresas y mercados financieros que dependen de sus reportes.
La WHCA también ha protestado enérgicamente. Su presidente, Eugene Daniels, afirmó que esta acción «desgarra la independencia de una prensa libre» y permite al gobierno «elegir a los periodistas que lo cubren», lo cual socava el rol tradicional de la prensa como contrapeso al poder. Incluso periodistas de medios conservadores, como Jacqui Heinrich de Fox News, han advertido sobre las consecuencias a largo plazo de este precedente, señalando que un gobierno futuro de diferente ideología podría usar esta misma autoridad para silenciar a medios alineados con la oposición.
Este cambio representa un paso significativo hacia la centralización del control sobre la narrativa presidencial, un movimiento que algunos comparan con tácticas autoritarias vistas en otros países. Peter Baker, corresponsal jefe de The New York Times en la Casa Blanca, lo comparó con las estrategias del Kremlin durante los primeros años de Vladimir Putin, cuando el gobierno ruso asumió el control de su propio «pool» de prensa para garantizar la presencia solo de periodistas complacientes. Si bien la comparación puede parecer extrema, subraya la gravedad de alterar un sistema diseñado para proteger la autonomía periodística.
El trasfondo de esta decisión parece estar ligado a la frustración de Trump con la cobertura crítica de medios tradicionales y su deseo de favorecer a outlets más afines a su agenda, como Newsmax o Blaze Media, que han sido incluidos en el «pool» en reemplazo de AP y Reuters en algunos casos recientes. Esto no solo limita la diversidad de perspectivas, sino que también podría reducir la capacidad de los medios independientes para cuestionar al presidente en tiempo real, un rol que el «pool» ha cumplido históricamente.
Además, esta acción se suma a un patrón de enfrentamientos entre Trump y la prensa, como el veto a AP por el tema del Golfo de México y la exclusión de otros medios como HuffPost y Reuters de eventos específicos, como la primera reunión de gabinete de Trump el 26 de febrero de 2025. Aunque la Casa Blanca sostiene que sigue permitiendo cobertura diaria por parte de medios tradicionales, la selección arbitraria de quién accede a espacios clave como la Oficina Oval plantea dudas sobre la transparencia y equidad del proceso.
Desde un punto de vista crítico, esta medida podría interpretarse como un intento deliberado de moldear la narrativa pública, castigando a medios que no se alinean con la visión del gobierno y premiando a aquellos que sí lo hacen. Sin embargo, también cabe preguntarse si la prensa tradicional, al aferrarse a ciertas posturas editoriales (como la negativa de AP a usar «Gulf of America»), no ha contribuido a escalar este conflicto. Aunque la independencia editorial es un pilar del periodismo, la rigidez en temas simbólicos podría haber dado a la administración una excusa para justificar sus acciones.
Por otro lado, la Casa Blanca argumenta que cuestionar al presidente en ciertos entornos es un «privilegio, no un derecho», y que Trump seguirá otorgando un nivel «sin precedentes» de acceso a la prensa. Este discurso, sin embargo, choca con las restricciones concretas impuestas, lo que sugiere una intención más de control que de apertura.
La decisión de la Casa Blanca de asumir el control del «press pool» marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno de Trump y los medios de comunicación. Para AP, Bloomberg y Reuters, así como para otros defensores de la libertad de prensa, esto representa un ataque directo a los fundamentos de una democracia que depende de una prensa libre para funcionar.
Las implicaciones a largo plazo dependerán de si esta política se solidifica como norma o si la resistencia de los medios y posibles acciones legales —como la demanda de AP contra funcionarios de la Casa Blanca— logran revertirla. Por ahora, el enfrentamiento entre el gobierno y la prensa está lejos de resolverse, y el público estadounidense podría ser el más afectado al ver limitada su ventana hacia las acciones de su presidente.
LRS
