The New York Times /
Reportando desde Washington /
La administración pidió a los jueces que confirmaran una orden ejecutiva que ponía fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento después de que tribunales inferiores dictaminaran que violaba la Constitucion.
La lucha legal se deriva de una orden ejecutiva firmada por el presidente en su primer día de regreso al cargo declarando que a los niños nacidos de inmigrantes indocumentados y de algunos residentes extranjeros temporales ya no se les concedería la ciudadanía automáticamente.
La orden ejecutiva, que fue suspendida inmediatamente por los tribunales sin entrar en vigor, trastocaría la visión comúnmente aceptada de la ciudadanía estadounidense, garantizada desde 1898: que la ciudadanía debe extenderse a toda persona nacida en Estados Unidos . Podría poner en duda la ciudadanía de cientos de miles de bebés que nacen cada año.
El tribunal no ha anunciado una fecha para escuchar los argumentos orales, pero lo más probable es que los jueces escuchen el caso en los próximos meses. Se espera que se dicte una decisión a finales de junio o principios de julio.
El caso se suma a lo que ya es un período trascendental para la corte, ya que los jueces escuchan una serie de impugnaciones a otras medidas presidenciales, incluyendo los amplios aranceles de emergencia del Sr. Trump , los despidos de directores de agencias independientes y su intento de destituir a un gobernador de la Junta de la Reserva Federal. Además de estas pruebas de poder presidencial, la corte está considerando litigios sobre atletas transgénero en deportes femeninos, una impugnación a un principio central de la Ley de Derecho al Voto y un caso de alto perfil sobre la Segunda Enmienda .
La ciudadanía por derecho de nacimiento, la idea de que prácticamente todos los niños nacidos en suelo estadounidense son automáticamente ciudadanos, independientemente del estatus de sus padres, ha sido considerada durante mucho tiempo un principio fundamental del país.
Esta noción, poco común entre los países más desarrollados del mundo , se fundamenta en el lenguaje de la Decimocuarta Enmienda. La enmienda, ratificada después de la Guerra Civil, establece: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado donde residen».
El Sr. Trump ha expresado desde hace tiempo su escepticismo sobre la ciudadanía por nacimiento. Tras ganar su segundo mandato en noviembre de 2024, declaró a NBC News durante su primera entrevista extensa como presidente electo que pondría fin a esta práctica.
«Vamos a tener que cambiarlo», dijo entonces. «Vamos a acabar con esto porque es ridículo».
Los aliados del Sr. Trump han argumentado que la Decimocuarta Enmienda pretendía otorgar la ciudadanía únicamente a los hijos de personas anteriormente esclavizadas y se ha interpretado erróneamente como aplicable a los hijos de inmigrantes indocumentados. Esta teoría se consideró en su momento una visión marginal, pero la aceptación del Sr. Trump la ha popularizado entre los pensadores conservadores.
El Sr. Trump intentó cumplir su promesa firmando la orden ejecutiva que establecía que la política entraría en vigor en 30 días. Sin embargo, las impugnaciones legales surgieron casi de inmediato, y los jueces del estado de Washington, Maryland y Massachusetts rápidamente congelaron la política para todo el país.
Un juez federal de distrito en Seattle, John C. Coughenour, calificó la orden del presidente de » flagrantemente inconstitucional «.
Los abogados de la administración Trump solicitaron a la Corte Suprema su intervención, pero al principio el gobierno no centró sus argumentos legales en los méritos de la política del presidente. En cambio, pidieron a los jueces que consideraran si los jueces de primera instancia se habían excedido en sus facultades al conceder congelamientos a nivel nacional de una orden ejecutiva, una práctica largamente controvertida conocida como orden judicial universal.
Los jueces escucharon argumentos orales sobre la legalidad de los mandatos judiciales universales en mayo. En junio, en una decisión de 6 a 3 , dividida por ideologías, los jueces se alinearon con la administración Trump, restringiendo drásticamente el poder de los jueces de los tribunales de distrito.
Horas después de que la Corte Suprema anunciara su fallo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda impugnando una vez más la orden presidencial de ciudadanía por nacimiento. En esta ocasión, la organización de derechos civiles puso a prueba el alcance de la decisión de la Corte Suprema al interponer una demanda colectiva, que, según los jueces, seguía siendo una herramienta legal adecuada para abordar políticas que afectan a grandes grupos de personas. Los demandantes afirmaron que todos los niños nacidos después de la fecha prevista de entrada en vigor de la orden ejecutiva del presidente, junto con sus padres, constituían un grupo.
La ACLU argumentó que, para muchas familias en todo el país, “la ciudadanía por derecho de nacimiento representa la promesa de que sus hijos pueden alcanzar su máximo potencial como estadounidenses” y advirtió que la orden del presidente correría el riesgo de convertir en “efectivamente apátridas” a los niños nacidos de padres que se encuentran ilegalmente en el país.
La ACLU ha argumentado ante la Corte Suprema que el tribunal debería mantener el precedente que sentó en el caso histórico de 1898 de Estados Unidos contra Wong Kim Ark, cuando sostuvo que el Sr. Wong, quien nació en San Francisco de padres no ciudadanos, era ciudadano.
En una declaración del viernes, Cecillia Wang, directora jurídica nacional de la ACLU, dijo que “durante más de 150 años, ha sido la ley y nuestra tradición nacional que todos los nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos desde su nacimiento”.
“Los tribunales federales han dictaminado por unanimidad que la orden ejecutiva del presidente Trump es contraria a la Constitución, una decisión de la Corte Suprema de 1898 y una ley promulgada por el Congreso”, añadió.
En julio, el juez Joseph N. Laplante del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de New Hampshire se puso del lado de la ACLU y certificó una demanda colectiva.
La opinión de que la Decimocuarta Enmienda garantizaba la ciudadanía a los niños nacidos en territorio estadounidense era errónea, escribió el Sr. Sauer, y se había generalizado, con consecuencias destructivas. Afirmó que la orden del Sr. Trump simplemente restauraría el significado original de la cláusula.
Tras el anuncio del tribunal de que escucharía el caso, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que el caso «tendría enormes consecuencias para la seguridad de todos los estadounidenses y la santidad de la ciudadanía estadounidense».
Agregó: “La administración Trump espera poder defender el tema de la ciudadanía por derecho de nacimiento en nombre del pueblo estadounidense”.
Tyler Pager colaboró con el reportaje.
Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de Estados Unidos para The Times. Es abogada y cuenta con una amplia experiencia en periodismo de investigación.
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