En el centro de detención familiar de Dilley los escándalos se suceden semana tras semana. El último ha sido la deportación a México de Juan Nicolás, un bebé de apenas dos meses presuntamente diagnosticado con bronquitis, junto a su madre, su padre y su hermana de 16 meses. El caso ha vuelto a poner el foco en las condiciones deplorables dentro del centro ubicado en el sur de Texas y en la crueldad que la Administración de Donald Trump ejerce sobre los migrantes como parte de su campaña de deportaciones masivas.
Antes de la expulsión de la familia guatemalteca a México, el caso se hizo público a través de las denuncias del representante demócrata por Texas Joaquín Castro. Desde hace semanas el congresista había alzado las alarmas por la detención del recién nacido, y esta semana confirmó que Juan Nicolás llevaba enfermo desde hacía tiempo y no había recibido atención médica adecuada en el centro de Dilley. El martes, Castro, que aseguró estar en contacto directo con la madre, Mireya López Sánchez, comunicó que, de acuerdo a ella, Juan Nicolás tenía bronquitis, había estado inconsciente y aun así había sido dado de alta.
Asimismo, Castro aseguró que López Sánchez había comparecido frente a un juez migratorio en la mañana del martes. En la audiencia le dijeron que sería deportada con su bebé, pero no le dijeron a dónde ni cuándo. “Estamos profundamente preocupados de que Juan y su madre serán deportados y que la salud de Juan continúe deteriorándose. Su vida está en peligro por la monstruosa crueldad del ICE”, remató Castro en su publicación.
En la tarde del martes, la noticia de su deportación fue confirmada por el congresista y Univision. De acuerdo a ambos, Juan Nicolás y su madre fueron “abandonados” al otro lado de la frontera con México con apenas 190 dólares. Lograron conseguir dónde pasar la noche y el miércoles pudieron acceder a atención médica. De acuerdo a declaraciones de López Sánchez a Univision, el diagnóstico es bronquiolitis aguda, además de reflujo gastroesofágico. En la noche del miércoles, la madre aseguró que Juan Nicolás estaba recibiendo tratamiento y la familia buscaría volver a Guatemala una vez el bebé se recuperara.
Mientras que la noticia ganaba atención durante la semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en redes sociales su escueta versión de los hechos, en la que responsabiliza de todo a López Sánchez. “La madre decidió llevarse a su hijo bajo su custodia. La madre decidió entrar y permanecer en el país ilegalmente. La madre decidió no aceptar los 2600 dólares y el vuelo gratuito de regreso a casa”, se lee en una publicación de la mañana del miércoles.
Asimismo, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, que anunció ayer que dejaría el cargo, sostuvo en declaraciones dadas al medio político The Hill que el menor estaba en “condición estable y médicamente autorizado para ser retirado” y que los pediatras entregaron a los padres un aerosol nasal de solución salina y una pera de succión para continuar el tratamiento tras la expulsión. McLaughlin también explicó que la madre había sido detenida el 21 de enero cerca de Eagle Pass, Texas, tras cruzar la frontera sin autorización, y que un juez emitió una orden final de deportación el 18 de febrero. “Ella recibió todo el debido proceso”, afirmó.
López Sánchez, sin embargo, describió otra experiencia. En declaraciones a Univision, aseguró que una doctora la habría amenazado con retirar la atención médica si continuaba hablando públicamente del estado de su hijo. “Dándome a entender como que si yo seguía hablando de lo que estaba pasando, él ya no iba a tener protección”, relató. Entre lágrimas, hablando ya desde México, pidió ayuda: “Yo no tengo nada, necesito casa, necesito un techo donde dormir o algo, más que nada atención para mis hijos, porque están desprotegidos”.
El público oyó su llamado. Primero, se estableció un recaudo a través de la página de donaciones GoFundMe con el objetivo de lograr 15.000 dólares para asegurar la salud de Juan Nicolás y su hermana de 16 meses, Mia, y lograr algo de estabilidad para construir un mejor futuro. Menos de 24 horas después, Lara Jones, identificada como la encargada de la campaña de recaudación de fondos, anunció que se cerraría, pues habían alcanzado más de 80.000 dólares en poco menos de 2.000 donaciones. “La familia de Juan está completamente abrumada por la gratitud que siente ante la avalancha de amor y apoyo recibidos. Debido a su increíble generosidad, hemos decidido cerrar las donaciones por el momento. Hemos superado el objetivo inicial y los fondos recaudados les permitirán conseguir una vivienda segura, satisfacer sus necesidades urgentes y comenzar el largo proceso de recuperación y reconstrucción tras todo lo que han sufrido. Su compasión les ha proporcionado algo que hace solo unos días no tenían: estabilidad, dignidad y esperanza. En su nombre, gracias”.
El caso de Juan Nicolás no es un episodio aislado. Se suma a una serie de controversias recientes que han vuelto a situar en el centro del debate la detención de menores migrantes, en particular en el centro de Dilley, gestionado por la empresa CoreCivic. La instalación había estado cerrada durante años, pero reabrió a comienzos de 2025, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. La intensificación de la política migratoria y la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia” impulsaron la reapertura de centros clausurados y la ampliación del número de plazas de detención.
Desde entonces, alrededor de 3.500 personas han pasado por Dilley, más de la mitad menores, según datos publicados por ProPublica. El medio también reveló que cerca de 300 niños enviados al centro permanecieron detenidos más de un mes, pese a que el llamado Acuerdo Flores establece un límite de 20 días para la detención de menores en instalaciones migratorias.
En el último mes, las denuncias sobre las condiciones dentro del centro se han multiplicado. El caso del niño Liam Conejo Ramos, de cinco años, detenido junto a su padre en Minneapolis y trasladado a Dilley, puso el foco en el centro. Hasta entonces, Dilley no había sido el centro de tantas noticias, a pesar de que organizaciones de derechos civiles y abogados especializados han alertado desde hace meses de carencias graves en alimentación, acceso a agua potable, atención médica y servicios educativos adecuados.
