No hay visos de acuerdo en el Congreso y, sin él, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cerrará. Demócratas y republicanos no han avanzado en las conversaciones que mantienen desde el 2 de febrero sobre cómo debe aplicarse la ley migratoria y el plazo para llegar a un acuerdo finaliza este viernes, fecha a partir de la cual ya no está asegurada la financiación del departamento. El sábado varias agencias del DHS, como la Administración de Seguridad del Transporte, que se encarga de la seguridad en los aeropuertos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Servicio Secreto echarán el cierre si no se han aprobado los fondos para su continuidad. El presidente Donald Trump accedió a la exigencia demócrata de que el DHS se separara de una ley de gasto más amplia que se aprobó la semana pasada. Ese paquete extendió la financiación del departamento solo hasta el 13 de febrero.
El republicano John Thune, líder de la mayoría en el Senado, reconoció que no veía cómo se podría concretar un acuerdo esta semana y planteó ampliar de forma temporal el presupuesto para que el DHS siga funcionando. Esa no es la solución que apoyan todos los republicanos. Tampoco convence a los demócratas.
“Hacen falta cambios drásticos en el Departamento de Seguridad Nacional antes de que avance un proyecto de ley de financiamiento del DHS”, dijo Hakeem Jeffries, el líder de los demócratas en la Cámara, el lunes por la mañana. “Punto. Fin de la discusión”, sentenció. Las negociaciones giran en torno a la manera de proceder de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y demás agencias involucradas en las detenciones de migrantes. La brutalidad con la que se han realizado las redadas de la cruzada antiinmigración de Trump y la muerte de los ciudadanos estadounidenses Renne Good y Alex Pretti por los tiros disparados por agentes migratorios el mes pasado en Minneapolis propiciaron las exigencias de los demócratas para financiar el DHS, que recogieron en 10 puntos.
Uno de los puntos que tiene paralizadas las conversaciones es el uso de máscaras por parte de los agentes, que ha sido práctica habitual desde que se inició la campaña de Trump para lograr la mayor deportación de la historia. Los demócratas exigen que los agentes realicen las detenciones con el rostro descubierto, pero los republicanos consideran que destaparles pone a los funcionarios en peligro. “La razón por la que no podemos hacer eso es que los sometería a un gran daño [y] sus familias a un gran riesgo porque la gente los está exponiendo y atacando”, dijo el lunes el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson. “Tenemos que hablar sobre cosas que sean razonables y alcanzables”.
Otra de las barreras que parecen infranqueables tiene que ver con la necesidad de tener una orden judicial para realizar las detenciones. Los agentes del ICE han recibido órdenes de entrar en los domicilios para detener a sus residentes aunque cuenten solo con una orden administrativa, que la proporciona la misma agencia. Los demócratas defienden la necesidad de que haya una orden judicial, que la Cuarta Enmienda de la Constitución garantiza al proteger a los ciudadanos de acciones policiales irrazonables. Según la misma, los agentes federales no pueden invadir los hogares excepto en situaciones excepcionales, justificadas y legalmente aceptadas.
La Administración Trump respondió con una contrapropuesta el lunes, pero los demócratas la rechazaron, calificándola de insuficiente. Ambas partes han sido imprecisas sobre qué ofrece exactamente la Casa Blanca, pero los legisladores afirmaron que un área principal de desacuerdo sigue siendo la exigencia de los demócratas de que los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza obtengan la autorización de un juez para emitir órdenes judiciales antes de ingresar a viviendas o negocios.
El senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin, calificó esa propuesta de “completamente inviable” en una entrevista con la cadena CNBC. Por el lado demócrata, el presidente del caucus hispano, Adriano Espaillat, confirmó la falta de acuerdo: “Las órdenes judiciales y los agentes sin máscara son una línea roja. Son innegociables, un camino sin salida”, dijo en un comunicado. “Se trata de preservar la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, añadió.
Otras demandas de los demócratas son la obligación de que los agentes porten una identificación; la protección de lugares sensibles como escuelas, hospitales, iglesias y centros de votación; el fin de la discriminación racial en las detenciones y respetar los estándares de uso de la fuerza. Todas ellas son prácticas que han sido habituales en las redadas que se han sucedido en los últimos meses, lo que ha llevado el terror a las comunidades migrantes y la indignación a buena parte de la sociedad.
Hasta ahora, el único punto en el que parecen haber llegado a un acuerdo es en que los agentes lleven cámaras corporales, pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya había anunciado que lo harían después de la muerte de Pretti.
Paradójicamente, si el DHS tiene que echar el cierre por no tener presupuesto, ello no afectaría al ICE, la principal causa del desacuerdo, ya que la agencia migratoria cuenta con fondos suficientes, aprobados en la “gran y hermosa” ley, la megaley fiscal de Trump que pasó el verano pasado para seguir funcionando durante, en teoría, cuatro años más.
