La nueva cédula: el plástico del poder, el poder del plástico
La Junta Central Electoral (JCE) ha puesto fecha, cronograma y relato a uno de los procesos administrativos más sensibles del Estado dominicano: el cambio total de la cédula de identidad y electoral. A partir del 8 de abril de 2026, y siguiendo el mes de cumpleaños de cada ciudadano, comenzará la renovación masiva de 9.4 millones de documentos, un operativo que se extenderá hasta marzo de 2027 dentro del país y hasta enero de 2028 en el exterior.
El anuncio no fue menor ni casual. El presidente del órgano electoral, Román Jáquez Liranzo, presentó el formato definitivo del nuevo documento y un calendario milimétricamente diseñado que combina tecnología, simbolismo político y control institucional.
El proceso arrancará formalmente el 8 de enero de 2026 con la captura de datos de los propios miembros del pleno de la JCE. Luego, el 26 de enero, día cargado de significado histórico, la primera cédula será entregada al presidente Luis Abinader en un acto solemne en el auditorio del organismo.
No es un detalle menor: antes de llegar al ciudadano común, la nueva cédula pasará por las manos del poder político, judicial, mediático y económico. Entre febrero y marzo se cedularán senadores, diputados, jueces de las altas cortes, miembros de órganos constitucionales, comunicadores, empresarios, líderes religiosos, académicos, deportistas y dirigentes de partidos políticos. El mensaje es claro: el Estado se valida primero a sí mismo.
En ese mismo período se capturarán los datos de servidores públicos y de entidades privadas sin fines de lucro, según determine el pleno de la JCE. Solo después, en abril de 2026, comenzará la cedulación general en todo el país, proceso que se extenderá durante 12 meses.
El 31 de marzo de 2027, la cédula actual quedará oficialmente sin vigencia. Quien no haya renovado, simplemente quedará fuera del sistema.
Para la diáspora dominicana, el calendario es aún más largo. El proceso inicia el 8 de abril de 2026 con diputados de ultramar, embajadores, cónsules y dirigentes políticos en el exterior. El público general comenzará a recibir su cédula a partir de mayo de 2026, con fecha límite hasta el 21 de enero de 2028. Todo, bajo el requisito obligatorio de cita previa.
En otras palabras: quien vive fuera del país tendrá más plazo, pero también más filtros.
La JCE promete que esta no será una cédula cualquiera. Según Jáquez Liranzo, se trata de un documento inteligente, con capacidades de uso digital, interoperabilidad y adaptación tecnológica, diseñado para no tener que ser sustituido cada 10 años, como ocurrió con versiones anteriores.
La vigencia variará según la edad:
-
12 años para ciudadanos entre 18 y 35.
-
16 años para quienes tengan entre 36 y 60.
-
20 años para mayores de 61.
Los jóvenes podrán obtenerla desde los 16 años, pero deberán cambiarla al cumplir los 18, manteniendo el esquema actual.
El argumento central es económico y tecnológico: mayor durabilidad, mayor seguridad y ahorro a largo plazo para el Estado. Pero también hay un subtexto evidente: más integración de datos, más trazabilidad y mayor dependencia del documento como llave de acceso a servicios públicos y privados.
Jáquez Liranzo fue directo —y casi brutal— con el diagnóstico del documento vigente. Aseguró que la cédula actual se volvió vulnerable y fácil de falsificar, al punto de que la máquina que la imprime “puede conseguirse hasta en Amazon”.
La frase, más allá de lo anecdótico, revela una admisión preocupante: durante años, el principal documento de identidad del país estuvo técnicamente expuesto, mientras el Estado miraba hacia otro lado.
La nueva cédula no es solo un cambio de plástico. Es una reingeniería del control ciudadano, una actualización del vínculo entre el individuo y el Estado. Se presenta como modernización, pero también como centralización de información y poder tecnológico.
La pregunta no es si hacía falta una nueva cédula —eso parece indiscutible—, sino qué garantías reales tendrá el ciudadano sobre el uso, resguardo y límites de esa información. En un país donde la institucionalidad aún camina con muletas, la promesa de un documento “inteligente” despierta tanto expectativa como suspicacia.
Porque en República Dominicana, cuando el Estado dice que sabe más de ti, conviene leer la letra pequeña.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
rodriguezsluism9@gmail.com https://teclalibremultimedios.com/category/portada
