El expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, ofreció declaraciones el 5 de marzo de 2025 en el programa radial Sol de la Mañana, rompiendo un prolongado silencio sobre los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, particularmente a sus hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina.
En esta entrevista, Medina defendió a sus familiares, afirmando que son víctimas de una persecución política orquestada mediante lo que él describe como lawfare o guerra judicial, una estrategia que, según él, busca desacreditarlo tanto a él como a su legado político. A continuación, se desarrolla y analiza esta noticia considerando el contexto, las declaraciones de Medina y las posibles implicaciones.
Medina, quien gobernó el país entre 2012 y 2020 como líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sostuvo que los casos judiciales contra sus hermanos, conocidos como parte de la Operación Anti-Pulpo, son una maniobra política destinada a vincularlo con actos de corrupción sin pruebas directas en su contra. Alexis Medina, acusado de liderar una red de corrupción que habría desviado más de 4,796 millones de pesos (aproximadamente 87 millones de dólares al cambio actual) durante su gestión, y Carmen Magalys Medina, señalada por su rol en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), han sido figuras centrales en este caso. Ambos fueron arrestados en diciembre de 2020, poco después de que Medina dejara el poder, y enfrentan un juicio en curso.
Durante la entrevista, Medina afirmó: «Mis hermanos están presos porque son mis hermanos», sugiriendo que su situación legal no responde a pruebas concretas de corrupción, sino a su relación familiar con él. Además, calificó los procesos judiciales como parte de una «judicialización de la política», un fenómeno que, según él, se ha replicado en otros países de la región para neutralizar a líderes opositores. Hizo referencia al término lawfare, que implica el uso estratégico del sistema judicial para desgastar o eliminar adversarios políticos, y lo relacionó con una campaña de descrédito que también habría afectado a otros líderes del PLD, como Leonel Fernández.
Medina insistió en la honorabilidad de su familia, declarando: «Yo sé que son gente honorable», y argumentó que las acusaciones forman parte de un libreto político impulsado por la administración actual, encabezada por el presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Según el exmandatario, esta estrategia busca debilitar al PLD, el principal partido de oposición, de cara a futuros procesos electorales.
La Operación Anti-Pulpo, liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), se inició en noviembre de 2020, meses después de la transición de poder a Abinader. Las autoridades acusan a Alexis Medina de haber utilizado su influencia como hermano del presidente para obtener contratos estatales de manera irregular, beneficiando a empresas bajo su control en sectores como salud, energía y obras públicas. Carmen Magalys, por su parte, es señalada por presuntas irregularidades en la gestión de fondos del Fonper, incluyendo el desvío de recursos a entidades vinculadas a la familia Medina.
Aunque Danilo Medina no ha sido acusado formalmente, su nombre aparece mencionado en expedientes judiciales como un elemento contextual, lo que ha alimentado especulaciones sobre su posible implicación. Sin embargo, el expresidente ha mantenido que estas referencias son parte de una narrativa para desprestigiarlo, sin que exista evidencia directa que lo incrimine.
La invocación de lawfare por parte de Medina no es un fenómeno aislado en América Latina. Líderes como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador han utilizado este concepto para describir lo que consideran persecuciones judiciales motivadas políticamente.
En el caso dominicano, Medina parece adoptar esta narrativa para cuestionar la legitimidad de las investigaciones y posicionarse como víctima de un sistema judicial supuestamente politizado. Sin embargo, esta postura requiere ser contrastada con las pruebas presentadas por la PEPCA, que incluyen miles de documentos y testimonios que apuntan a un entramado de corrupción durante su administración
Aunque Medina sostiene que las acusaciones contra sus hermanos carecen de fundamento y responden únicamente a su vínculo familiar, las autoridades han documentado transacciones, contratos y movimientos financieros que vinculan a Alexis y Carmen Magalys con actividades ilícitas. Por ejemplo, se alega que empresas de Alexis Medina fueron favorecidas en licitaciones amañadas, mientras que Carmen Magalys habría canalizado fondos públicos hacia proyectos familiares. La ausencia de cargos directos contra Danilo podría interpretarse como una debilidad en la tesis de la fiscalía o como una estrategia para mantener el foco en sus allegados mientras se preserva su figura política.
Las declaraciones de Medina llegan en un momento clave, cuando el PLD busca reorganizarse tras su derrota en 2020 y frente a un gobierno de Abinader que ha hecho de la lucha contra la corrupción un pilar de su gestión. Al posicionarse como víctima de una persecución, Medina podría estar intentando movilizar a la base del PLD y recuperar capital político. No obstante, este enfoque también arriesga alienar a sectores de la opinión pública que perciben los casos de corrupción como un reflejo de abusos de poder durante su mandato.
El hecho de que Medina haya esperado más de cuatro años desde el inicio de las investigaciones para pronunciarse públicamente sugiere una estrategia calculada. Su intervención en Sol de la Mañana, un programa de amplia audiencia, podría ser un intento de contrarrestar el avance del juicio contra sus hermanos, que ya está en una etapa de fondo, y de influir en la narrativa antes de que se emita un fallo definitivo.
Las declaraciones de Danilo Medina en Sol de la Mañana reflejan una mezcla de defensa personal, lealtad familiar y maniobra política. Si bien el argumento del lawfare puede resonar entre sus seguidores, su credibilidad depende de la capacidad de desmontar las pruebas presentadas por la fiscalía, algo que hasta ahora no ha ocurrido de manera contundente. Por otro lado, el gobierno de Abinader enfrenta el desafío de demostrar que las investigaciones son imparciales y no una vendetta política, como sugiere Medina.
Este caso pone de manifiesto las tensiones entre justicia y política en la República Dominicana, un país donde la corrupción ha sido históricamente un tema sensible. El desenlace del juicio contra Alexis y Carmen Magalys Medina no solo determinará su futuro legal, sino que también influirá en la percepción del legado de Danilo Medina y en el equilibrio de fuerzas entre el PLD y el PRM de cara al futuro político. Por ahora, la guerra de narrativas continúa, con la verdad atrapada entre las acusaciones y las defensas.
