El Tribunal Constitucional cierra el capítulo judicial del mayor escándalo de corrupción en República Dominicana sin condenados. ¿Victoria del debido proceso o derrota de la lucha anticorrupción?
Redaccion de TeclaLibre
Por años fue el expediente más pesado sobre los escritorios judiciales dominicanos. Fue pancarta, consigna, marcha verde, indignación televisada y esperanza de castigo ejemplar. Fue símbolo de un país que quería demostrar que la corrupción de cuello blanco también podía tener consecuencias.
Y ahora, oficialmente, ya no tiene condenados.
El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la decisión de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que dejó sin efecto las condenas impuestas en el caso Odebrecht contra el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el empresario Ángel Rondón Rijo y confirmó la absolución del abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.
Así, el capítulo judicial dominicano del escándalo más grande de corrupción en América Latina se cierra —al menos en lo penal— sin responsables.
Cuando el país salió a las calles
Para entender lo que acaba de ocurrir hay que volver al 2016 y 2017. La constructora brasileña Odebrecht admitió ante autoridades de Estados Unidos haber pagado US$92 millones en sobornos en República Dominicana para asegurar contratos de obras públicas.
Noventa y dos millones.
La cifra retumbó en la conciencia colectiva. Surgieron investigaciones, allanamientos, imputaciones. El Ministerio Público sometió a 14 personas. Y el país, vestido de verde, marchó bajo la consigna del fin de la impunidad.
Era un momento simbólico: la sociedad civil empujaba; el sistema judicial prometía; la clase política guardaba silencio incómodo.
Condenas, apelaciones y el giro inesperado
En 2021 llegaron las primeras sentencias: ocho años de prisión para Ángel Rondón y cinco para Víctor Díaz Rúa. Pittaluga fue absuelto. Hubo sensación de avance.
Pero el proceso no terminó ahí.
Vinieron apelaciones, revisiones, análisis en casación. Y entonces el caso empezó a desarmarse pieza por pieza.
La Suprema Corte determinó que no se había probado de manera suficiente la acusación. Que no existían evidencias contundentes que permitieran establecer, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal. Que no se identificaron con claridad los funcionarios receptores de sobornos.
En derecho penal, eso es determinante.
Y ahora el Tribunal Constitucional ha cerrado el círculo: la absolución queda firme.
La paradoja dominicana
Aquí surge la gran pregunta que flota en el ambiente, sin necesidad de consigna:
Si Odebrecht admitió haber pagado sobornos en República Dominicana…
¿Quién los recibió?
La justicia dominicana responde: no se pudo probar.
La opinión pública responde: algo no encaja.
Esa es la tensión que deja este caso. No es simplemente un expediente judicial; es un espejo incómodo.
Justicia técnica vs. justicia social
En los tribunales rige una regla clara: no hay condena sin prueba suficiente. No basta la sospecha, no basta la indignación, no basta la confesión genérica de una empresa extranjera. Se necesita identificar autor, conducta y vínculo directo.
Desde esa lógica, el fallo es coherente.
Pero la justicia no se mide solo en códigos. También se mide en percepción de legitimidad. Y ahí es donde el caso Odebrecht deja heridas abiertas.
Durante años fue presentado como la gran batalla contra la corrupción estructural. Movilizó a la sociedad, redefinió el discurso político y se convirtió en bandera electoral. Hoy termina sin condenados.
La técnica jurídica ha prevalecido. La expectativa social quedó insatisfecha.
¿Fracaso del Ministerio Público?
Más que una derrota judicial, este desenlace plantea un debate institucional:
¿Falló la investigación?
¿Fueron débiles las pruebas?
¿Se fragmentó el caso?
¿Se subestimó la complejidad probatoria de delitos financieros internacionales?
Los casos de corrupción transnacional requieren cooperación internacional sólida, rastreo financiero sofisticado y estrategia procesal impecable. No basta la indignación colectiva.
Si algo deja este episodio es una lección estructural: la lucha anticorrupción no puede sostenerse solo en discursos ni en presión mediática; necesita músculo técnico.
El impacto político
En el plano político, el caso marcó un antes y un después. Fue catalizador de reformas discursivas, promesas de transparencia y cambios en el Ministerio Público en años posteriores.
Pero ahora la narrativa cambia: el expediente más emblemático de corrupción en la historia reciente dominicana concluye sin sanción penal.
Eso inevitablemente alimentará el debate sobre impunidad, selectividad y capacidad institucional.
Análisis TeclaLibre: el cierre que no cierra
El caso Odebrecht dominicano no termina con esta sentencia. Termina jurídicamente. Pero no termina simbólicamente.
Porque deja tres mensajes potentes:
Primero, que el estándar probatorio penal es alto y no puede relajarse por presión social.
Segundo, que el Estado dominicano mostró limitaciones para sostener una acusación compleja.
Tercero, que la percepción ciudadana de impunidad puede fortalecerse cuando los grandes escándalos no producen responsables.
El Tribunal Constitucional ha hablado. El expediente se archiva.
Pero la pregunta de fondo —cómo garantizar que la corrupción de alto nivel sea investigada con rigor técnico suficiente para producir condenas sostenibles— sigue abierta.
Y esa, quizás, es la verdadera asignatura pendiente.
-Luis Rodriguez Salcedo para TeclaLibre-
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