-Periodistas al banquillo digital: Demandarán a difamadores por «falsa trama con USAID»-
Por Luis Rodriguez Salcedo
Un grupo de reconocidos periodistas dominicanos, entre ellos Marino Zapete, Altagracia Salazar, Edith Febles y Mariasela Álvarez, ha anunciado acciones legales en República Dominicana y Estados Unidos contra personas que los acusaron falsamente de recibir fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para promover agendas contrarias al interés nacional.
Los querellantes acusan a Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, de incurrir en la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
Estas acusaciones, difundidas principalmente en redes sociales, fueron iniciadas por el comunicador Johnny Arrendel, quien posteriormente admitió que la información era falsa y se disculpó públicamente. Sin embargo, los periodistas afectados consideran que las disculpas no son suficientes y han decidido llevar el caso a la justicia.
Organizaciones como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) han expresado su solidaridad con los periodistas señalados y han exigido la presentación de pruebas concretas o el cese de la difusión de estas acusaciones infundadas.
El caso ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad en la difusión de información y la protección de la reputación de los profesionales del periodismo en el país.
Este caso representa un punto crítico en la discusión sobre la ética periodística, la responsabilidad en la comunicación digital y la protección de la honra en tiempos de redes sociales.
El detonante del conflicto fue la acusación pública de que reconocidos periodistas dominicanos —Marino Zapete, Altagracia Salazar, Edith Febles y Mariasela Álvarez— habrían recibido fondos de la USAID para promover una supuesta agenda contraria al interés nacional. Estas acusaciones se propagaron ampliamente a través de redes sociales, generando desinformación y ataques hacia los periodistas.
El comunicador Johnny Arrendel, quien inició estas alegaciones, posteriormente reconoció que la información no era verídica y ofreció una disculpa pública. Sin embargo, los afectados consideran que este acto no repara el daño moral, profesional y reputacional sufrido, y por tanto, han decidido proceder judicialmente en República Dominicana y Estados Unidos.
El caso plantea implicaciones legales importantes tanto a nivel nacional como internacional. En República Dominicana, la ley penaliza la difusión de información falsa que dañe la reputación de personas. Este caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de quienes divulgan contenidos difamatorios por medios digitales.
Al involucrar fondos de una agencia estadounidense (USAID) y al planear acciones legales en Estados Unidos, los periodistas podrían apelar a leyes de difamación más severas en territorio estadounidense, donde las sanciones por daños reputacionales pueden ser significativas.
Diversas organizaciones profesionales han manifestado respaldo a los periodistas, y han exigido respeto al ejercicio periodístico y han solicitado que quienes acusan sin pruebas asuman su responsabilidad. Este apoyo fortalece la posición de los periodistas y subraya la importancia de la unidad del gremio frente a ataques infundados.
Este incidente revela una tensión creciente entre el ejercicio del periodismo independiente y los intentos de desacreditar a comunicadores críticos mediante campañas de desinformación. Aunque se debe respetar la libertad de expresión, también es esencial exigir responsabilidad cuando se emplea esa libertad para difamar.
El uso de acusaciones infundadas para desacreditar periodistas puede tener un efecto intimidatorio, debilitando la capacidad del periodismo de fiscalizar al poder y defender los intereses públicos.
El caso también evidencia cómo las redes sociales se han convertido en vehículos poderosos, pero peligrosos, para la difusión de información sin verificación. Estas plataformas, sin filtros editoriales, amplifican contenidos virales, incluso si son falsos, lo que puede causar daños irreparables en cuestión de horas.
Esto lleva a plantear la necesidad de políticas públicas que promuevan la alfabetización mediática y el consumo responsable de información, así como mejores mecanismos para combatir la desinformación en línea.
Si los periodistas ganan el caso, se sentará un precedente que puede desalentar futuras campañas difamatorias. La agencia podría verse en la necesidad de aclarar públicamente su relación (o la falta de ella) con medios o periodistas en la región.
Este caso profundiza el debate sobre la credibilidad, la ética en la comunicación y el rol del periodismo frente al poder y la opinión pública.
Este conflicto no es solo un enfrentamiento entre periodistas y un comunicador, sino una muestra de los desafíos que enfrenta la libertad de prensa en el entorno digital. La defensa de la verdad, la transparencia y la justicia se vuelve indispensable para garantizar un periodismo libre y responsable. La resolución de este caso podría marcar un hito en la lucha contra la desinformación y a favor de la integridad de los profesionales del periodismo en República Dominicana y más allá.
rodriguezsluism9@gmail.com
