Ministerio Público solicita prisión preventiva contra red de corrupción que operaba contratos de seguridad en instituciones públicas
Redaccion Teclalibre, Santo Domingo.– El Ministerio Público depositó este miércoles una solicitud de medida de coerción en contra de diez personas, entre militares y civiles, acusadas de integrar una supuesta red de corrupción que habría pagado más de 100 millones de pesos en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad en diversas instituciones del Estado.
La acusación, presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, está respaldada por más de 500 elementos de prueba, según informó la Procuraduría General de la República en una nota de prensa.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo de fiscales que formalizó la solicitud. Ortiz afirmó que “hasta el momento se ha identificado una suma que sobrepasa los 100 millones de pesos pagados en sobornos” y subrayó que la investigación sigue en curso, por lo que no se descartan nuevos arrestos y sometimientos.
La red operaba con el objetivo de asegurar contratos de servicios de seguridad privada en instituciones públicas mediante pagos ilícitos, violando así la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Entre las entidades afectadas se mencionan el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), así como las distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Además de solicitar prisión preventiva como medida de coerción, el órgano acusador solicitó que el proceso sea declarado complejo, debido a la magnitud de los hechos y la cantidad de implicados.
Los acusados son Carlos Ambrosio Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, y Elías Camaño Pérez; Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, coronel de la Fuerza Aérea; Wellington Peralta Santos, primer teniente del Ejército; Ramón Quezada Ortiz, coronel de la Policía Nacional; Quilvio Bienvenido Rodríguez González, empresario; y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, civil.
La investigación fue iniciada a partir de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), lo que dio paso a un proceso que ahora amenaza con destapar un nuevo escándalo de corrupción a gran escala.
“Esto apenas comienza”, advirtió Ortiz, dejando claro que las autoridades continuarán profundizando en el caso.
rodriguezsluism9@gmail.com
https://teclalibremultimedios.com/category/portada/
