La autoridad electoral oficializó los resultados, tras dos semanas de recursos y reclamos jurídicos que alargaron el proceso, lo que confirmó el balotaje entre la candidata de derechas y ex primera dama Sandra Torres ante Bernardo Arévalo, aspirante de izquierdas y doctor en Sociología.
Pero minutos antes de que el tribunal diera a conocer su decisión, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala informó a través de un video en Twitter que, por petición suya, un juez había suspendido la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, que impulsa a Arévalo para la segunda vuelta. Le acusó de haberse constituido como partido presentando, presuntamente, firmas falsas.
Ese anuncio añadía un imprevisto más a las elecciones más accidentas de la era modera en el país centroamericano, como las calificó la víspera la presidenta del tribunal electoral, Irma Palencia, y que pusieron en duda la resistencia de la democracia del país.
Samuel Pérez, diputado del Movimiento Semilla, dijo que supieron con anterioridad las acciones que emprendería la Fiscalía. “Nosotros supimos cuando pasamos a segunda vuelta que todos los aliados de la corrupción que tiene ahorita a Guatemala pasando su peor momento iban a aliarse, iban a dar batalla, pero de nuestro lado está el pueblo de Guatemala que es lo más importante”, dijo.
El diputado opinó que el fallo del juez y el pedido del fiscal es ilegal y que el partido accionará legalmente contra ellos.
“Se tiene que respetar la voluntad popular”, insistió. “No nos vamos a dejar amedrentar, no vamos a dejar que un pequeño grupo de gente que se cree poderosa le gane al pueblo de Guatemala”, dijo Pérez y agregó que desde hoy inician su campaña electoral.En la conferencia, Palencia dijo que lo resuelto por el juez no había sido notificado al tribunal porque estaban en reunión de pleno y que no sabían los alcances de la resolución del juez.
“Es algo que nos preocupa como tribunal, porque nosotros sabemos que las elecciones se ganan en las urnas, derivadas del sagrado sufragio de los ciudadanos y para eso estamos trabajando desde hace mucho”, dijo Palencia.
En los exteriores del edificio del TSE se congregaron manifestantes con alusiones sobre corrupción electoral.
Roberto Alejos Cámbara, expresidente del congreso de Guatemala y quién integró en 1982 la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución Política de Guatemala, dijo que lo que se ve ahora es una judicialización de la política y que esto “le está haciendo mucho daño al país, le resta credibilidad”.
El exconstituyente explicó que la población está cansada de ver políticos peleando y no enfocándose en resolver problemas como la pobreza, la desnutrición y la inseguridad. “La gente quiere propuestas y cambios”.
Alejos dijo que la decisión del TSE de oficializar los resultados abrió la campaña y el balotaje, y “reafirmó que el 20 de agosto es la segunda vuelta electoral y no hay marcha atrás”.
Brian Nichols, subsecretario de asuntos hemisfericos del Departamento de Estado estadunidense, dijo que daba la bienvenida al anuncio del TSE que respetaba la voluntad de los votantes:“Esperamos la elección del 20 de agosto con los dos candidatos anunciados. Pero, estamos profundamente preocupados por las nuevas amenazas del Ministero Püblico contra la democracia electoral de Guatemala”.
Con su decisión de proclamar resultados, la autoridad electoral anunció que ambos candidatos pueden oficialmente reiniciar su campaña con miras a la segunda vuelta, de la que saldrá el sucesor del presidente Alejandro Giammattei.
En pleno, los magistrados dijeron que las elecciones “han cumplido los requisitos que debían tener y que no hay recursos pendientes” y, por tanto, procedieron a “declarar la validez de la elección presidencial de presidente y vicepresidente de la República”, según la lectura del acuerdo que hizo el secretario del trinunal, Mario Alexander Velázquez Pérez.
La presidenta del tribunal electoral, Irma Palencia, defendió la decisión “para que todos los ciudadanos puedan volver a las urnas a emitir su sufragio”.
De los 5,5 millones de votos emitidos, informaron también que hubo 4,2 millones válidos.
Ninguna autoridad explicó explícitamente si la denuncia de la Fiscalía y la orden judicial de suspensión a Semilla implicará que este movimiento quede impedido de ir a segunda vuelta, aunque la ley electoral guatemalteca refiere en su artículo 91 que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”.
“El proceso electoral tiene un marco de protección alrededor del mismo; este marco está sustentado en una ley de rango constitucional”, apuntó Palencia y agregó que, tras el anuncio, retomarán su reunión para conocer la decisión del juez.
Lo que dice la denuncia de la Fiscalía es que “existen indicios de que posiblemente más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al movimiento semilla falsificándole su letra y firma”. Semilla necesitaba 25.000 firmas para constituirse como partido político. Pero en la denuncia no se indica cuántas rúbricas se terminaron presentando ante la autoridad electoral y si fueron más de esas 25.000.
El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, explicó en el video difundido que un ciudadano denunció en mayo de 2022 haber sido adherido ilegalmente al movimiento y que, en consecuencia, se procedió a practicar pruebas grafológicas. Salió como conclusión que la grafía manuscrita en las hojas de adhesión presentadas por Semilla “no presenta correspondencia grafonómica con la proporcionada voluntariamente por el señor Rodrigo Rodas Sanchez”.
El fiscal añadió que se utilizó la misma firma y huella de una sola persona para varios ciudadanos y que hay incluso inscritos 12 personas fallecidas, así como “firmas sin nombres y hojas alteradas”.
Curruchiche fue sancionado en 2021 por el gobierno de Estados Unidos, que lo señala de obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia de Guatemala. Es el abanderado de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, también sancionada por ese país.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó la denuncia como “un nuevo caso de corrupción e impunidad” denominado “corrupción Semilla”.
El movimiento de izquierdas, fundado y liderado por Bernardo Arévalo, dio la sorpresa en las urnas en unos comicios con 19 binomios presidenciales de tendencia de derecha de un total de 22 participantes en la carrera electoral.
Semilla inscribió su candidatura en el plazo previsto en el Registro de Ciudadanos sin que ningún impedimiento le vetara de participar con binomio presidencial el pasado 25 de junio. El fiscal aseguró, no obstante, que la situación de las firmas irregulares fue debidamente informada al Tribunal Supremo Electoral en mayo pasado.
Como argumento de defensa, según dijo el fiscal en el mensaje difundido en redes, el secretario general del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, denunció en su momento al equipo que contrató para conseguir las firmas de adhesión y al que pagó a razón de siete quetzales (algo menos de un dólar) por firma recolectada.
Según las cuentas de Curruchiche, la recolección de 25.000 firmas le supuso a Semilla la cantidad de 175.000 quetzales (unos 22.500 dólares) y “desconociendo su fuente de financiamiento”, podría dar lugar “a la posible comisión del delito de lavado de dinero u activos”.
