Un operario apoya una pesada barra de hierro contra la puerta de un viejo contenedor oxidado de Maersk en Katlehong, barrio con reputación de peligroso en el sureste de Johannesburgo. Mientras, su compañero la funde con otra usando una máquina de soldar que provoca una lluvia de chispas. De brazos cruzados y en silencio observa Biranu Hajiso, un comerciante etíope de 36 años y dueño de esa caja metálica que hasta hace unos días funcionó como una spaza shop, uno de los pequeños colmados de productos básicos que abundan en los suburbios sudafricanos. Iluminado por los últimos rayos de un rosado atardecer invernal, Hajiso no solo está sellando una puerta; también una etapa, pues ha decidido cerrar el negocio y no sabe hasta cuándo. “Es la tercera vez que saquean mi tienda; así al menos ya no podrán volver a entrar”, lamenta. Todavía no sabe si volverá a Etiopía o si aguantará hasta que pase la oleada de violencia xenófoba que se ha instalado en Sudáfrica en los últimos meses y que, por ahora, no muestra signos de remitir.
Alrededor de este hombre apenas queda rastro de actividad, y frente a su comercio se acumula basura, restos de mercancía y botellas rotas. En la calle paralela, una barbería acusa los destrozos de otro asalto: el interior revuelto, vacío, con tan solo un cartel de peinados que cuelga torcido de una única chincheta. Unos metros más allá, otra tienda vandalizada aún emana olor a goma quemada.
La escena en Katlehong resume el clima que se ha instalado en numerosos barrios populares de Sudáfrica desde que el movimiento antimigración March & March iniciara una campaña para expulsar del país a los extranjeros africanos. Sus principales objetivos son ciudadanos de Zimbabue, Lesoto, Mozambique o Malaui, los países vecinos desde los que llega la mayor parte de la inmigración laboral, pero el radio de acción se ha ampliado también a refugiados y solicitantes de asilo como congoleños, etíopes o somalíes que llevan años —y décadas— en Sudáfrica y que, en algunos casos, ya han obtenido la nacionalidad.
No es solo un movimiento contra la inmigración, cree Loren Landau, profesor de la Universidad de Oxford y uno de los mayores expertos en migraciones de África austral. A su juicio, el fenómeno refleja la frustración acumulada de una parte de la población que siente que el Estado ha sido incapaz de cumplir las promesas formuladas tras el fin del apartheid y que ha encontrado en los inmigrantes un objetivo visible sobre el que proyectar ese descontento. “Lo que existe es una enorme frustración con un Estado que lleva años sin responder a problemas muy reales. La inmigración se ha convertido en el vehículo a través del cual esa frustración encuentra una explicación”, explica.
Sudáfrica, el país más desigual del mundo según el Banco Mundial, combina una tasa oficial de desempleo superior al 30%, una economía prácticamente estancada desde hace una década, altos índices de criminalidad y unos servicios públicos deteriorados. Ese cóctel ha alimentado un profundo malestar social que movimientos como March & March han sabido canalizar contra la inmigración.
Esa insatisfacción estalló el pasado 30 de junio, la fecha límite que March & March había dado al Gobierno para expulsar a los inmigrantes en situación irregular, y en la que miles de personas se manifestaron en ciudades de todo el país. Desde entonces, las protestas han evolucionado hacia campañas “puerta a puerta”: grupos de vecinos recorren los barrios buscando a personas que consideran extranjeras, les exigen que demuestren su situación administrativa o las conminan a abandonar Sudáfrica.
Al frente del movimiento está Jacinta Ngobese-Zuma, antigua presentadora de radio desconocida hace apenas un año y convertida hoy en el rostro visible de March & March. La organización, nacida en Durban, se ha extendido gracias a una intensa actividad en redes sociales y a una constelación de colectivos que comparten discurso: cerrar las fronteras, acelerar las deportaciones, reservar el empleo y el acceso prioritario a servicios públicos para los sudafricanos y exigir al Estado que aplique con mayor dureza la legislación migratoria. En todo caso, la población migrante en Sudáfrica constituye apenas un 4% de los 63 millones de habitantes del país.
La dirigente, que no ha respondido a las peticiones de entrevista de este periódico, rechaza que su movimiento sea xenófobo y sostiene que sus acciones van dirigidas contra indocumentados, pero entre las víctimas de los ataques se cuentan también refugiados, solicitantes de asilo, residentes permanentes e incluso ciudadanos sudafricanos naturalizados. “Muy pocas personas pueden distinguir quién tiene papeles y quién no. La sospecha acaba basándose en el idioma, el acento o el aspecto físico”, explica Landau.
El impacto de estas marchas ha sido tan grave que el propio Gobierno se ha visto obligado a intervenir en varias ocasiones. El presidente Cyril Ramaphosa ha prometido reforzar las fronteras, pero insiste en que solo el Estado puede aplicar la ley migratoria. Y su mensaje, sin embargo, no ha frenado las patrullas vecinales ni las campañas “puerta a puerta”.
El miedo, las agresiones y las amenazas son las consecuencias visibles de esta campaña xenófoba de la que, por lo demás, existen muchísimas incógnitas. Una es la relación entre March & March y el partido uMkhonto weSizwe (MK), fundado por el expresidente Jacob Zuma. Aunque dirigentes y militantes de MK han participado en varias movilizaciones y el partido ha respaldado públicamente algunas de sus reivindicaciones, no existen pruebas de que controle o financie el movimiento. “Hay muchas sospechas, pero muy pocas evidencias”, resume Landau. Tampoco está claro cómo se financia March & March. Ngobese-Zuma niega recibir apoyo económico de partidos o empresarios y, por ahora, no existe información pública que permita conocer la estructura financiera del movimiento.
Lo que sí resulta evidente es que ambos comparten espacios de influencia. Yeshelen Govender, abogado y portavoz de Siyafana Sonke, una coalición de más de 100 organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la xenofobia, señala que muchas de las protestas se concentran en KwaZulu-Natal y en municipios de Gauteng donde históricamente se asentaron trabajadores zulúes llegados a las minas de Johannesburgo durante el apartheid. Muchos de aquellos hostels siguen siendo hoy importantes espacios de organización comunitaria y algunos de ellos coinciden con antiguos bastiones de Zuma y con zonas donde MK obtuvo algunos de sus mejores resultados en las elecciones de 2024. “No significa que MK haya creado March & March”, matiza Yeshelen, “pero sí que algunas de las redes sociales y territoriales sobre las que hoy se moviliza el movimiento ya existían”.
Para Landau, quizá la pregunta más importante no sea quién financia March & March, sino por qué ha encontrado tanta acogida. “Si mañana desapareciera esta organización, surgiría otra”, lamenta.
“Prefiero perder dinero que la vida”
Mientras políticos, analistas y activistas discuten sobre las causas del fenómeno, quienes viven en el centro de la tormenta empiezan a tomar decisiones mucho más inmediatas: cerrar el negocio, marcharse o esconderse. Eso ha hecho Biranu Hajiso en Katlehong al soldar la puerta de su tienda. Y también Kwame (no da apellido), un comerciante ghanés afincado desde hace 10 años en el suburbio de Yeoville, en Johannesburgo, que ha decidido bajar la persiana de su sastrería. “No quiero esperar a que me pase lo mismo que a otros”, explica. “Prefiero perder dinero que perder la vida”. O George, zimbabuense del mismo barrio, que reconoce que nunca había sentido un ambiente semejante. “Hasta ahora siempre había considerado Johannesburgo una ciudad dura, pero abierta a quien quisiera trabajar”, asegura. Hoy evita determinadas calles y procura volver a casa antes de que anochezca.
El miedo tampoco distingue ya entre inmigrantes con papeles y quienes carecen de ellos. El pasado lunes, seis peluqueros con estatus de refugiados fueron atacados en un mercado de Durban y dos de ellos tuvieron que ser hospitalizados, según denunció el obispo Raphael Bahebwa.
Landau cree que ese miedo persistirá mientras el Estado no recupere el control de la situación. “Una vez que la gente empieza a pensar que determinados grupos pueden ser señalados como responsables de todos los problemas, resulta muy difícil volver atrás”, explica. “Y cuando esa idea se instala, la diferencia entre tener papeles o no tenerlos deja de importar”.
Nadie sabe cuánto tiempo podrá mantenerse un movimiento como March & March, pues las promesas del Gobierno no han logrado frenar las patrullas vecinales ni las campañas “puerta a puerta”. Para Govender, la campaña ha abierto un espacio político que difícilmente volverá a cerrarse a corto plazo, pues distintos actores políticos intentarán capitalizar ese malestar de cara a la próxima cita electoral, en las municipales de noviembre. Y todavía es imposible medir hasta qué punto March & March acabará convirtiéndose en una fuerza política propia o seguirá funcionando como un movimiento de presión social.
Mientras ese debate continúa, Hajisu vuelve a subirse a su vieja camioneta. Los dos operarios recogen la máquina de soldar y las herramientas. La puerta del contenedor ha quedado sellada por dos gruesas barras de hierro. “No sé cuánto tiempo voy a aguantar aquí”, dice el etíope antes de marcharse. En teoría, la campaña de March & March va dirigida contra inmigrantes sin papeles. Pero la puerta que el etíope acaba de soldar pertenece a un hombre que los tiene todos en regla.
